Los innumerables líos de la votación del 15, sin ex plicación. Existe un enredo legal.

Xavier Cazar se pasó toda la semana anterior limpiando la imagen del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dijo que no permitiría que Ecuador sea perjudicado por la empresa E–vote, que no cumplió su compromiso contractual para efectuar el conteo rápido de votos de las elecciones del domingo 15. Pero no hizo lo principal: pedir a quien debía, que se ejecuten las garantías a esa empresa brasileña.

Produbanco, que es la entidad que tiene a cargo los valores de las garantías estipuladas por incumplimiento del contrato, se amparó en el sigilo bancario para no dar información a Vanguardia. Sin embargo, esta revista puede afirmar que hasta el viernes 20 ese banco no recibió el pedido del TSE para ejecutar las garantías. El contrato total es por 5,2 millones y el vocal Patricio Torres, del MPD, el lunes 16, dijo que se adelantaron 2,6 millones del pago.

Existen tres garantías certificadas por Manuel Estrada, director financiero, y María Herrera, especialista electoral: la de 2,6 millones de dólares por buen uso del anticipo pagado por el Tribunal. Precisamente a este monto se ha referido Cazar en los medios de comunicación e, incluso, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ha asegurado que no hay perjuicio para el Estado, puesto que lo que se adelantó a E–vote será recuperado. También existen 312 mil dólares por incremento a la garantía anterior y 260 mil por el fiel cumplimiento del contrato. Esta última es la única que el TSE ha hecho efectiva.

El contrato con E-vote, firmado en la Notaría Cuadragésima de Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de septiembre pasado, fue cuestionado por Alianza País desde antes de la votación. Previamente, la Contraloría había puesto reparos al proceso y nunca dio su informe favorable a la contratación.

El convenio con la firma brasileña sirvió la semana pasada de sofisma de distracción. Ni se esclareció ni el TSE ha respondido los argumentos de la firma que endosó la responsabilidad del fracaso al mismo Tribunal y a Andinatel. Lo cierto es que entre demandas, allanamientos, medidas cautelares y disputas de competencia jurisdiccional para resolver el caso, el tema de fondo permaneció intocado: ¿Por qué Cazar no ha exigido a Produbanco el desembolso de la garantía? ¿Por qué hizo el Tribunal un convenio cuestionado anticipadamente y para el cual no está facultado? ¿Quién se responsabiliza de haber creado ante la opinión expectativas que resultaron un fiasco?

¿Por qué nadie dilucidó las innumerables irregularidades denunciadas en esta elección? Detención de personal del Tribunal, el domingo 15, por haber metido votos en las urnas. Cantidades de actas adulteradas mostradas por el PRE, Alianza País, Pachakutik, La RED–ID, MPD y los socialistas, con alto número de votos en exceso, en varias ciudades. Papeletas marcadas previamente. Cambios de domicilio de habitantes de otras provincias. Retiro de urnas por parte de uniformados sin identificación. Hallazgo de urnas con votos en una casa particular, cuatro días después de la votación. Las propias denuncias de E–vote, respecto de cómo hicieron colapsar su sistema...

Para el TSE sólo son casos puntuales. Con ese proceder, lo único que han logrado las autoridades electorales son expresiones de total desconfianza de organizaciones ciudadanas para la segunda vuelta. La Comisión Anticorrupción, pese a que recomendó destituir a la cabeza y a los vocales del Tribunal por el caso E–vote, tampoco se declara competente para investigar las otras irregularidades. La Fiscalía sólo se responsabiliza de la parte penal del caso. ¿Y el grave problema político? Eso sólo queda en el aire.