En el PRIAN quieren prohibir a  las Fuerzas armadas Retirar el respaldo al presidente de la República. Esa medida no es mal vista en La Recoleta ...  

La idea circula entre asesores de Álvaro Noboa. Y Vanguardia la recogió en la edición anterior. No es para menos: el Prian quiere prohibir que las FF.AA. retiren su apoyo al Presidente, como ha sucedido con los tres electos desde 1996. El nuevo diputado por Pichincha, Federico Pérez, también la evocó en Cero Tolerancia, el domingo 29. Pero 48 horas después tomó distancia en Radio Democracia cuando dijo que afirmar que la idea de una ley así se discute en el Prian, iba más allá de la realidad. Wilson Sánchez dijo a Vanguardia que desconocía sobre el planteamiento.

Claro, haber revelado ese hecho en plena campaña sólo sirve para medir la reacción militar. Pues bien: en La Recoleta esa medida es vista con buenos ojos. Así se limitaría, dicen las fuentes de esta revista, la tentación de los civiles de distraer la institución militar de sus funciones...

¿Pero cuán viable es apoyar la estabilidad con sólo una reforma legal? Sería insuficiente, hace notar la experta en temas militares, Bertha García, porque la estructura montada por décadas por las FF.AA. y los vacíos dejados por el poder civil no se solucionan así. Y contraproducente, en el criterio del analista Fernando Bustamante, porque no hay una norma que dé la potestad a las FF.AA. de quitar el apoyo al Presidente. Esa Ley “daría a entender que, a menos que se diga lo contrario, los militares tendrían la potestad de retirar ese apoyo. Es algo innecesario, pues en Derecho Público se hace sólo lo que está escrito. Imaginemos lo que sería tener que hacer lo mismo con todas las entidades del Estado”.

Pese a lo deleznable de la idea que circuló en el Prian, los militares no perdieron tiempo para hacer su análisis. El mismo lunes 30 ya se conocía la inquietud por este debate en La Recoleta. Un miembro de alto rango que prefiere esperar un pronunciamiento del Ministerio de Defensa coincide, en parte, con sus estudiosos: “los propios políticos han convertido a las FF.AA. en mediadora, en el árbitro que soluciona los problemas que ellos no pueden solucionar”.

Pero el general Osvaldo Domínguez, adelanta un criterio que releva de comentarios al cuerpo militar. El ex comandante de la Fuerza Aérea sostiene que en el país está “perfectamente definido que el poder militar se subordina al político, siempre que éste sea legitimado mediante un proceso democrático. Esas condiciones se cumplen en la teoría. En la realidad, en los últimos tres cambios de presidentes, el poder militar, siguiendo el deseo de una parte de la ciudadanía, tomó atribuciones que no le competen, como retirar el respaldo militar al Mandatario”.

A la vez, propone una salida: que el comandante de ese momento, quien tiene la potestad legal y moral, diga al Presidente que no está de acuerdo con algún hecho o decreto que atente contra la democracia. Y si no halla respuesta y no ve caso de mantenerse allí, mejor que renuncie. Esta medida pudiera aportar a que el Jefe de Estado entienda que hay un anhelo ciudadano. Sin embargo, el general sí ve necesario que se incluya en la Ley la prohibición expresa de que las Fuerzas Armadas retiren el poder a la máxima autoridad del país.

El argumento entre los miembros de la Fuerza Terrestre es que en una situación de conflicto político no pue- den sentarse a mirar cómo la sociedad se enfrenta, sin responder a sus pedidos de mediación. Más aun si el papel encomendado en la Constitución es garantizar el ordenamiento jurídico, la seguridad interna y externa. La salida que proponen es que hayan diálogos y consensos en el poder civil para que no se resquebraje la democracia.

Pero lo de fondo es, dice Bertha García, desmontar una práctica histórica. En la República hubo pocos espacios donde se trató de constituir sistemas estatales organizados: Rocafuerte, García Moreno, Alfaro, Plaza, Velasco y Ponce, y estos últimos gracias a una bonaza económica. Pero en los años setenta, pese a la bonaza petrolera, hubo otra crisis del poder civil y los militares establecieron una estructura que se mantiene hasta ahora. Ese poder “que se remozó después de eso –dice García– no tuvo la visión, la fuerza ni la ganas para recomponer al Estado. El país sólo aprendió la política con el populismo y las dictaduras militares y por eso siempre espera que alguien llegue para salvarlo”.

Por ello, el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, también califica de fantasía a la propuesta del Prian. Él coincide con García y Bustamante en que una manera de cambiar esa realidad es con otra actitud de la cúpula militar y de las fuerzas políticas para hacer respetar las reglas y la institucionalidad profesional militar. Según la experta, con el poder económico que alcanzaron, ellos mismo fomentan la corrupción y su vulnerabilidad, al volverse blanco de la crítica. Además, “cuando un Presidente incluye a FF.AA. en las decisiones políticas –dice Álvarez–, siempre corre el riesgo de que aparezca un coronel o un grupo de sargentos que quiera participación política, y pone en riesgo la estabilidad democrática”.

¿Pueden las FF.AA. cambiar de actitud, lo cual implicaría renunciar en mucho al poder que tienen? En su inserción en los gobiernos fortalecieron sus actividades económicas empresariales, su participación en obras de desarrollo y comunitarias. Es más, tienen el financiamiento que tienen sin que medie un debate de sus asignaciones en el presupuesto nacional. Eso debiera estar controlado por el Congreso, como en cualquier Estado moderno, según Bustamante. Y “tampoco debieran tener subsidios que atentan contra su profesionalismo y los principios de especificidad de sus funciones”.

Si bien el Prian no llevó el análisis del tema a fondo, el debate que se generó en torno a él sí tocó fibras sensibles entre los militares. Una fuente del Comando Conjunto dijo a Vanguardia que ya hay un reconocimiento de la necesidad de cambiar, en especial después de que Lucio Gutiérrez afectó seriamente la estructura militar, al politizarla.

Análisis

El fantasma que nadie controla

¿Cómo parar los golpes de Estado? Alvaro Noboa se plantea ese interrogante desde hace años. Y ahora, cuando sus asesores le dicen que es gobierno y cuando sus diputados ya lo llaman Presidente, la pregunta dejó de ser teórica. El dirigente del Prian quiere estabilidad y una de sus salidas, dichas por un asesor suyo a esta revista, es impedir que el Alto Mando le retire, como se ha vuelto usual, el apoyo al Primer Mandatario.

Cierto que una ley no impide una actuación y que la Constitución, por escrita que esté, no ha impedido su violación. Cierto que lo que no está claramente aceptado en derecho público, está prohibido. Pero la campaña de Noboa tocó un punto clave en la relación entre civiles y militares. ¿Cómo obligar a éstos a no intervenir, ni siquiera aludiendo a su buena voluntad, en los asuntos de los civiles?

Decir que hay un déficit de ciudadanía es una verdad de Perogrullo. Es lo mismo que decir que los militares actúan porque los civiles ya no lo hacen. Hay allí una verdad que, en el fondo, disimula, cuando no socapa, otra realidad: el complejo militar se acostumbró a intervenir hasta el punto de haber perfeccionado un verdadero tutelaje de la democracia en el país.

En ese sentido, retirar el apoyo al Presidente de la República no es un hecho excepcional. Es una muestra más del subdesarrollo que hay en la relación entre civiles y militares y, sobre todo, un ejemplo de la forma cómo el poder militar concibe su vínculo con la sociedad constituida políticamente: como un grupo aparte que cumple con la Constitución. Pero con una Constitución en la cual persisten visiones anticuadas prestadas a regímenes militares anteriores.

Ese poder dice estar presto a modernizarse. En los hechos fortifica sus ventajas como se ve en el proyecto de Ley Orgánica que cursa actualmente en el Congreso. Por esto, lo que se piensa en la campaña de Álvaro Noboa es insuficiente. Pero tiene el mérito de poner sobre la mesa, otra vez, el viejo debate con los militares. “Ahora –dice– ya ni siquiera se recibe a nadie que quiera hablar de política, autonomías, derechos humanos...”.

Algo difícil de creer para los analistas, en la medida en que no hay reglas y sanciones claras que sigan a un golpe de Estado. Habría, en ese plano, que fortalecer el marco jurídico para establecerlas, pero con una visión mucho más amplia. García, por ejemplo, plantea que ahora que se trata la Ley Orgánica de los militares en el Congreso, es la oportunidad para eliminar el Consejo de Generales; “ese Consejo Supremo que, en lo fáctico, no ha sido un organismo consultivo sino dirimente, con la connivencia de grupos de civiles que se han prestado para las componendas por debajo de la mesa”. Su propuesta es sustituirlo y dejar que opere el Estado Mayor y, en lugar de tantos tribunales de honor, dejar los organismos funcionales del Ministerio de Defensa. Así se aclara el papel, la misión, la organización modernizada y la vinculación real de las Fuerzas Armadas con el Estado.

Habría también que eliminar la confusión en la jerarquía política del Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto. El Ministro, sostiene Bustamante, subordinado a las disposiciones de la Presidencia, debiera ser el máximo responsable en la gestión de las políticas de seguridad. “Ahora es un agente, un procurador, un recadero del Alto Mando, que no se ve a sí mismo ni se lo concibe como representante de la confianza del Presidente”.

También hay que modernizar el Código Penal, nacido en 1938, y aclarar las sanciones y sus porqués, para generar precedentes que impidan a los militares ser deliberantes y a civiles, dice García “hacer componendas para su beneficio”. Bustamente añade que hay que subsanar imperfecciones en la Constitución: “no debiera estar esa frase que es una rémora que entrega a las Fuerzas Armadas la potestad de ser garantes del orden jurídico”.