El retiro de la visa se ha convertido en la mayor sanción para la corrupción en Ecuador. El incremento de delitos impunes ilustra la politización de los entes de control.

Genaro Peña y Alfredo Alvear dieron una buena noticia al país: dijeron que Transparencia Internacional se equivoca y que en Ecuador no existe la corrupción que esa organización registra en su informe, publicado la semana pasada. Peña es contralor general de la Nación (encargado) y Alvear, director ejecutivo de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC). Es decir y en principio, saben lo que dicen cuando afirman –como lo hizo el Contralor– que Transparencia Internacional se basa en “percepciones superficiales”, y que el contenido del documento pudiera considerarse una “agresión a la soberanía”. Sólo eso.

Se tiene que entender, entonces, que Ecuador no merece estar peor que el año anterior en esa medición: está en el puesto 138 en la lista de países más corruptos (entre 163) mientras en el 2005 figuraba en la posición 117 entre 158 países. Tampoco merece, si se colige bien, la calificación de 2,3 puntos sobre 10 en el continente, donde sólo Haití lo supera en corrupción.

¿Qué mortifica al Contralor y al representante de la CCCC? Que el informe se base en señalamientos del sector privado y no tome en cuenta el “avance en los sistemas de control”. En claro, se equivocan los inversionistas y organismos internacionales consultados que tienen o han tenido negocios y relación con los sistemas ecuatorianos. Se equivocan el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, organizaciones independientes y entidades financieras, empresariales y analistas nacionales que Transparencia Internacional entrevistó. Y lo hizo usando un formato que se aplica en todos los países y cuya medición es la misma: de cero (más corruptos) a 10 (nada corruptos).

En claro, Peña y Alvear dijeron lo mismo que otras autoridades han dicho en años anteriores a propósito del mismo informe. Pero este año hubo otros hechos que, en forma irreversible, ponen en jaque a los organismos de control: el retiro de visas a diputados, jueces y un dirigente político como Xavier Neira, ex candidato a la Presidencia de la República y vicepresidente del partido que, hasta el 15 de octubre, era el más poderoso del país.

¿Cómo han justificado los Estados Unidos ese retiro de visas? Como un aporte a la lucha contra la corrupción. Y como un mensaje claro para aquellos funcionarios que meten mano en las arcas públicas. “Al rechazar el ingreso de estas personas –dijo Aarón Sherinian, agregado de Prensa de EE.UU. en Quito– la Embajada intenta enviar el firme mensaje de que el Gobierno de los Estados Unidos comparte el compromiso de luchar contra la corrupción”. Por esa razón, cuando se pregunta a oficiales estadounidenses en Washington si el retiro de las visas tiene que ver únicamente con lo que sucedió con una empresa en Ecuador, la respuesta es fulminante: “miren las listas de personas que en América Latina se han quedado sin visa para que entiendan que esa hipótesis no tiene sustento” .

¿Qué otros casos figuran en el affaire Neira?, preguntó Vanguardia. “Por ley no podemos dar información detallada. Pero la respuesta es: hay otros casos en ese portafolio”. Y el oficial explica que una visa no se retira por capricho. “Procedemos en función de documentos legales nativos o que tengamos en Estados Unidos. No hay portafolio sin evidencias”. Y sin esas evidencias es imposible abrir una investigación en la cual participan muchas instancias incluyendo la DEA y otras agencias que el oficial que atendió a Vanguardia no nombra. Las pruebas son estudiadas por un comité en cada embajada estadounidense. Después son enviadas a Washington donde una interagencia (es la denominación que le da) las revisa. En esa instancia participan las agencias de información, los departamentos de Justicia y de Comercio, representantes de la DEA y el Departamento Nacional de Seguridad (DHS). Finalmente, si el portafolio se sustenta en esa interagencia, lo examina Nick Burns, tercer personaje del Departamento de Estado.

Es él quien da la última palabra. Es él también quien maneja los tiempos para dar a conocer a los interesados la revocatoria de una visa. Una vez decidido, también se informa a las aerolíneas, pues si transportan personas sin visa tienen que pagar mil dólares de multa.

El oficial ratifica lo dicho en Quito: el retiro de visa no depende de un proceso judicial. Es un proceso político basado en evidencias y que responde a una proclama del presidente George W. Bush lanzada el 12 de enero del 2004. Es un proceso confidencial cuyas evidencias quedan archivadas en el Departamento de Estado y que pueden hacerse públicas cinco o diez años después.

Una característica marcará la política de Estados Unidos en el caso ecuatoriano. No anunciará, como sí ocurrió en América Central, qué familiares, amigos y entorno próximo pierden, igualmente, la visa. Es lo que dice la sección uno, incisos c y d, de la ley antes referida. ¿Y por qué no se dirá en Ecuador? “Por sensibilidad –dice la fuente–, por delicadeza”. Y, sobre todo, porque la revocatoria se corresponde –y así prevé que ocurrirá con las personas que están bajo investigación– con casos de corrupción. A esta revista se le dijo que, a cuentagotas, irán saliendo casos de políticos de todos los partidos ecuatorianos mezclados, según Washington, en casos de corrupción. ¿No se daña a las personas sin exhibir públicamente las pruebas? Una frase de una declaración del agregado de prensa en Quito, referida al caso Neira, es elocuente: “La Embajada tiene total confianza en la información con base en la cual se tomaron estas decisiones y está segura de sus acciones”.

Para Estados Unidos no hay dedicatoria. Simplemente aplica una política que, desde enero del 2004, ha sido un tema recurrente durante las reuniones hemisféricas: en la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey, los mandatarios ratificaron su compromiso de luchar contra la corrupción. En junio de ese año, en la Asamblea de la OEA, la Declaración de Quito afirmó que la corrupción “atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política”.

Por ello los países miembros aprobaron principios para combatirla. Y lo ratificaron en la Declaración de Mar del Plata del año pasado. Allí se hizo hincapié en la importancia de la rendición de cuentas y se hizo un llamado a implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y participar en el mecanismo de seguimiento.

Para Washington es, entonces, una política sin la cual se erosionan la estabilidad de las instituciones, la paz, el desarrollo y los esfuerzos para fortalecer el sistema democrático y el sistema de libre mercado. ¿Ese trabajo, preguntó Vanguardia, no lo pueden hacer los organismos de control? La respuesta fue: “saque usted las conclusiones. Nosotros no nos entrometemos en los procesos de la Justicia de otro país”.

Pero, paralelamente, en Estados Unidos se sabe que la inmensa mayoría de corruptos no irá jamás ante la justicia. Y que algunos, sintiéndose amenazados, prefieren irse a Miami. ¿Una contradicción de ese país? No, previenen fuentes estadounidenses. Simplemente la extradición es más difícil porque no depende del Ejecutivo. Obedece a procesos judiciales que en la mayoría de los casos tardan años. De hecho, un pedido de extradición depende más de la información que un país, en este caso Ecuador, entregue cuando le es requerida por el Gobierno de Estados Unidos. Y en la mayoría de los casos esas carpetas no se sustentan por las protecciones políticas y el control que ejerce la sociedad política sobre los organismos de control.

En la visión de Estados Unidos, la revocatoria de la visa obliga a que los corruptos se queden en sus países. El señalamiento del cual son objeto ciertas personas, cuando gozan de reconocimiento público, debiera llevar, en su lógica, a que la Fiscalía local abra expedientes, investigue y que la Justicia castigue a las personas que pierden la visa. “Si nosotros logramos armar portafolios –dice la fuente estadounidense– con mayor razón lo pueden hacer los organismos de control e investigación del Estado”. Y admite que en ciertos casos y por conductos de confidencialidad extrema, las agencias de Estados Unidos pueden enseñar esas pruebas a los fiscales: “nadie lo reconocerá y nadie podrá probar que así ocurrió”. Vanguardia quiso saber si la Fiscalía recibió información sobre los retiros de visa. Y obtuvo, como respuesta, un boletín con otra declaración de Sherinian en la que se lee: “La Embajada de los Estados Unidos trabaja estrecha y responsablemente con las contrapartes en el gobierno ecuatoriano para ayudarlas en sus esfuerzos por combatir la corrupción, luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y los delitos transnacionales”.

La realidad es que nadie en la embajada quiteña reconocerá que tienen muy poca confianza en los organismos de control. En el Departamento de Estado hay otro método: responden a las preguntas con otras preguntas a fin de que el interlocutor concluya. ¿Por qué hay políticos cuyos nombres figuran, en forma clandestina, en casos de corrupción y no están en la cárcel? ¿Pueden unos organismos de control, manejados por los mismo políticos, fiscalizarlos realmente?

Estados Unidos sabe lo que significa, cívica y políticamente, revocar una visa. Y sabe que su repercusión social e institucional es de tal magnitud que resulta imposible para un partido o una institución mantener en su seno dirigentes o funcionarios tras haber perdido la visa. Dicho de otra manera, revocar la visa es, en estos momentos, el peor castigo y el único mecanismo de control real y drástico que existe contra la corrupción en el país. Esto señala la ineficacia, dado el grado de politización, de los organismos de control.

No es, por supuesto, la primera acción de Estados Unidos en este sentido. Leslie Alexander, embajador de ese país durante el gobierno de Abdalá Bucaram, denunció corrupción en las aduanas y extorsión a las empresas. Esa declaración, que se produjo en la Cámara Ecuatoriano Americana en Cuenca el 30 de enero de 1997, contribuyó a la caída de Bucaram

Pero las aduanas no han cambiado. Entre 2001 y 2004, se presentaron en la Fiscalía 4 333 denuncias por presuntos delitos. La CAE denunció 2 420 infracciones, la Contraloría, 990; la Policía Judicial, 150; personas particulares, 502 denuncias y otras entidades, 271. Se abrieron 2 214 indagaciones previas y solo 310 pasaron a instrucción fiscal.

El caso denunciado por Carlos González (ID) sobre una presunta red dirigida por Jorge Ode Kronfle y Juan Manuel Vela, y que rendiría cuentas a personas cercanas al presidente Alfredo Palacio, no tiene respuesta.

La embajada también tuvo un papel clave en el caso de los barcos pesqueros que llevaban emigrantes a Estados Unidos. Cuando estalló el caso, a mediados del 2004, hubo un debate y acusaciones contra Estados Unidos por hundir barcos nacionales. Pocos coyoteros están presos.

La relación de los militares con el fallecido notario de Machala, José Cabrera, ha hecho pensar que ese caso nunca será esclarecido. Mientras la Fiscalía investiga, ya ni siquiera existe el dinero que se rescató de las oficinas del ex Notario. La semana pasada se denunció su desaparición de las bodegas de la Policía Judicial que lo custodiaba en cajas de cartón...

Aparte, Contraloría tuvo ya un borrador final sobre la emisión de 650 millones de dólares de bonos del Estado realizados por el Ministerio de Economía en diciembre pasado. Pero, al parecer, ese borrador se desechó, la investigación se retomó y el Contralor dijo a Vanguardia hace dos meses que tenía muchas inquietudes respecto de la operación, que se realizó hace once meses. Pero aún no hay informe.

Casos y casos que se reproducen desde antaño. Denuncias que hicieron que la sociedad civil se proponga, tras la caída de Bucaram crear su propia Comisión Anticorrupción, en 1997, para tener el poder moral para investigar. Comisión que tuvo su momento de prestigio, pero ahora ha sido también criticada, sobre todo por los momentos en que actúa. Hasta su mayor ícono, Ramiro Borja, ha sido afectado por ser padre del Procurador (recuadro). El caso Oxy, coincidencia o no, puso en lo alto esa relación: cuando el hijo más lo necesitaba, la CCCC dijo que tenía que caducar el contrato.

En definitiva, desde el 2004, Anticorrupción dejó siete casos en la Corte Suprema, 78 en la Fiscalía y 55 en la Contraloría. De estos últimos, tres que son de su especial interés, con indicios de peculado y sin fallo: el contrato de generación eléctrica de Exclusitel S.A. y Emepe; el de Bolívar González para construir el Centro Artesanal en la Isabela, y el que se sigue contra ex funcionarios, administradores y ejecutivos del Banco del Progreso Ltd., por dar créditos vinculados.