Las dos últimas semanas no podían ser peores para la Policía Nacional. 12 de noviembre: Óscar Caranqui, sentenciado a 35 años por narcotráfico, fue descubierto cuando iba a salir de cárcel vestido de policía y escoltado por oficiales y agentes. 9 de noviembre: la Fiscalía del Guayas denunció el robo de la evidencia del caso masivo de estafa denominado Benavides. Los electrodomésticos que desaparecieron eran custodiados por la Policía. 8 de noviembre: 367 000 dólares, incautados en el caso del notario Cabrera, se esfumaron de una bodega cuidada por la Policía.

Los escándalos de corrupción evidenciaron la crisis profunda en una institución que ha venido funcionando, en forma autárquica, y en un marco jurídico que la pone al abrigo de un real control político. Eso explica el llamado, hecho el 13 de noviembre, por el presidente Palacio al comandante general, José Vinueza. Le pidió públicamente que se aclaren los hechos y se sancione a los responsables. Es decir, le instó a que aplique, con la mayor agilidad, la ley y los procedimientos previstos. “Hemos actuado, dijo a Vanguardia Antonio Andretta, ministro de Gobierno, con la precisión, decisión, entereza y rapidez que amerita el momento”. Pero también dentro del marco jurídico que, de hecho, deja que la Policía lave la ropa sucia en casa y a su manera. Y el Gobierno, éste o cualquiera otro, no puede hacerlo de otra manera.

Por ello, fue el Consejo Superior de la Policía el que decidió poner unos policías a su disposición o a la del Ministerio de Gobierno. Y es la Inspectoría General de la Policía la que deberá, tras 60 días de investigación, tomar decisiones definitivas. Las medidas adoptadas por la justicia ordinaria (órdenes de arresto para policías) o la remoción de la cúpula provincial en El Oro, responden al libreto de siempre: pasar el mal rato, endosar el problema a “malos elementos” dejando indemne la institución, volver al diagnóstico y capotear el vendaval mientras la opinión mira hacia otro lado. Es la política del gatopardismo tan en boga desde hace décadas en la Policía. Y en la sociedad política que ha creído que la calentura estaba solamente en los puntos señalados tradicionalmente ante la opinión: en los salarios o en el equipamiento. La catarata de sucesos protagonizados por policías muestra que esa institución necesita una transformación integral.

De hecho, oficiales de la Policía hablaron de aquello en el 2004 y 14 generales y 106 coroneles de Estado Mayor firmaron un documento que contiene un plan estratégico de modernización que debía aplicarse hasta el 2014. Ese plan nació en la Policía y suponía un compromiso de sus miembros para ejecutarlo. Juraron hacerlo. Pero ese plan dejó de lado los dos actores fundamentales del necesario cambio en la Policía: las sociedades civil y política.

Las cifras exhibidas por el propio comandante Jorge Vinueza muestran los límites que tiene la Policía para realizar su propia reingeniería: hasta mediados de este año se han registrado problemas de violación, robo, acoso, accidentes de tránsito, plagio, extorsión… Esto ha llevado a que 60 policías –en su mayoría de tropa- estén detenidos y enfrenten procesos penales. En total, reveló el general Vinueza, hay 2 600 policías investigados.

Las denuncias son procesadas por los organismos internos de la institución donde, según se ve en ejemplos como el de Fybeca, tiende a imperar el espíritu de cuerpo. En efecto, al igual que en las Fuerzas Armadas, la Policía tiene sus abogados, fiscales y tribunales de justicia. Y nadie más los puede investigar. El cambio de esa institución no se logrará, entonces, mirando la coyuntura ni esperando una mera depuración.

El ministro Andretta tiene los proyectos de Ley Orgánica y de Personal. Los dos le llegaron en las dos últimas semanas. El Presidente los examinará en estos días antes de remitirlos al Congreso. Estos hacen parte de un paquete de acciones para transformar esa institución. En todo caso, los escándalos que ha visto el país y el retiro de la visa a EE.UU. del ex comandante Jorge Poveda, involucrado en un supuesto tráfico de emigrantes, muestran que el país no sabe qué Policía quiere y qué tiene que hacer para lograrlo.