La Corte Suprema de Justicia transita por un territorio minado. La amenaza de cambiarla hecha por Álvaro Noboa —se desdijo en la misma semana— y de Rafael Correa, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, devolvió a los magistrados a una era de incertidumbre que creían superada. Por eso, desde hace tres semanas hay nerviosismo en los pasillos de la Corte. Y los magistrados saben que este no será el último ensayo y por eso se preparan.

Están conscientes de dos cosas: que la sociedad política quiere controlar la administración de justicia. Y que la forma como fueron elegidos en noviembre del 2005 facilita esos apetitos. El Prian y Sociedad Patriótica así lo demostraron tras conocer que, entre los dos partidos, pueden conformar una mayoría legislativa.

Esta vez sin embargo los magistrados se manejarán estratégicamente: evitarán el debate político y la confrontación. Serán cautelosos y sus respuestas serán exclusivamente jurídicas y constitucionales. Es el mensaje que enviaron en los dos remitidos de prensa publicados el viernes 17 y el domingo 19 de noviembre y firmados por todos. Esto no significa que ignoren el trasfondo político del tema. Por eso antes de las publicaciones se hizo —según dijo un magistrado a esta revista— un análisis de lo que dijeron Sylka Sánchez, diputada reelecta del Prian, y Gilmar Gutiérrez, ex candidato presidencial de Sociedad Patriótica. Ese ejercicio les puso al margen de rumores y versiones que circulan sobre supuestos conspiradores de la actual corte: los ex magistrados de la Pichi Corte, los trabajadores judiciales afines al dirigente Luis Muñoz, recientemente destituido...

La conclusión lució obvia: el Prian quiere ahora controlarlos y Sociedad Patriótica pretende, a través de la Justicia, liquidar viejas cuentas. Se procura, entonces, volver a la vieja práctica de la judicialización de la política. Con ese diagnóstico, los magistrados trazaron la cancha. Descartaron el cabildeo político y decidieron esgrimir, ante la opinión, los principios básicos del sistema democrático: señalar la independencia de la Función Judicial, el respeto que debe haber entre los tres poderes del Estado y la necesidad de mantener la institucionalidad del país. Y, por si acaso, ratificaron la legitimidad de su nombramiento.

El jueves 30 presentarán la segunda etapa de su estrategia que, se basa en la máxima de que la mejor defensa es el ataque. Van a demostrar con las cifras la eficiencia de su administración. Lo harán ante las autoridades nacionales e invitados internacionales que asistirán a la ceremonia por el primer año de posesión de la Suprema, que se realizará en la iglesia de La Merced. Van a decir, por ejemplo, que en sus primeros 11 meses de gestión han tramitado 6 000 causas en las salas. Es el doble de lo que hicieron sus antecesores en el 2002, 20o3 y 2004. O que han hecho avances en materia penal, lo cual ha permitido homogenizar criterios en los procesos.

Para no ser acusados de negligencia, nombraron el martes 21 la Tercera Sala de lo Penal. Lo hicieron aplicando el sistema de cooptación y los concursos públicos. Entonces, el jueves 30 también dirán que se han depurado y que lo van a seguir haciendo. Y que hasta los primeros días de diciembre enviarán al Congreso la terna para Fiscal General de la Nación. En las carpetas que piensan ventilar hasta fin de año está la designación de los presidentes de las cortes superiores de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Portoviejo. Aunque estas dos tareas son, en principio, del Consejo de la Judicatura, la Suprema las pone bajo el paraguas de su gestión. Su argumento: esos procesos se han impulsado tras la destitución de Rosa Cotacachi y Xavier Arosemena.

Para no dejar dudas sobre la voluntad que tienen para continuar con el proceso de cambio de la justicia, terminarán el proyecto de reformas de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Éste se arma conjuntamente con delegados del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados saben que los actuales diputados no alcanzarán a tramitarla pero quieren que el nuevo congreso se encuentre ante un hecho consumado: el consenso que lograron forjar con las otras autoridades.

Los magistrados cuentan también con otra arma que no esperaban: el apoyo internacional. Para su ceremonia de aniversario está confirmada la presencia de Sonia Picado, representante de la OEA, y Carlos Ayala, de la Comisión Andina de Juristas. El último se reunirá no sólo con magistrados, sino con miembros del Tribunal Constitucional. En este organismo quedan pendientes las demandas, de Alejandro Ponce Martínez, en contra de la reforma legal que dio paso a la integración de la actual Corte.

Así, esta vez, la Corte no esperará pasivamente su remoción.