Análisis de Vanguardia

El atentado de Noboa y Correa

Ni un año. Ni ese lapso duró la Corte en funciones sin haber sufrido la amenaza de asalto por parte del poder político. Los hermanos Gutiérrez primero, y Sylka Sánchez después, dijeron públicamente lo que parte de políticos masculla desde siempre: que la Justicia es suya y que son ellos quienes ponen jueces y magistrados.

El mensaje fue tan brutal que Álvaro Noboa tuvo que rectificar a su empleada. Él –dijo– no meterá la mano en la Justicia. El mal, sin embargo, estaba hecho pues él, con altas probabilidades de triunfo y el grupo parlamentario más numeroso dejó entrever lo que piensa de la independencia de los jueces.

Rafael Correa hizo la misma tarea. De un plumazo ignoró el procedimiento que siguió el país para designar, tras siete meses de vacío, a los nuevos magistrados. La Justicia, mirada por él, tiene que ponerse en las manos de una Asamblea Constituyente. No dijo por qué en este caso el país debía volver a cero. Ni cuál sería el mecanismo que aseguraría mejores resultados que el obtenido hace un año con apoyo de organizaciones de la sociedad, la OEA y la CAN. Sólo dijo que la Corte debía cambiar.

De esta manera, los dos presidenciables pusieron en jaque un proceso que había quedado en manos –así se entendió– de la propia Corte y de la ciudadanía.

Nadie, en efecto, desconoce la interpretación arbitraria que se dio para conformar esa Corte. Ni de las dudas que despiertan algunos de sus miembros. Ni la actitud parsimoniosa de su presidente. Pero hubo un acuerdo que, en principio, asumía realidades: la imposibilidad política y social de volver a la Corte del 97. La ruptura jurídica que implicó la designación de la Pichicorte. La necesidad de dejar el nuevo proceso en manos de los magistrados y su control en el campo de la ciudadanía. Noboa y Correa atentaron contra ese pacto que, a pesar de sus limitaciones, quiere acabar con el poder de los políticos en cortes y juzgados.