El 26 de noviembre, el Presidente electo dijo que con su triunfo el país salía de la noche neoliberal. Así el nuevo Mandatario dijo mucho. O demasiado poco. En realidad, pocos saben el perfil del modelo económico que Rafael Correa piensa impulsar a partir del 15 de enero. Sus críticos más recalcitrantes piensan que si se separa de la política liberal es para caer fatalmente en la ortodoxia marxista. Pero las primeras declaraciones de los principales colaboradores (algunos ya designados como ministros) muestran que su línea se acerca más a un socialismo de segunda generación. Es decir, convertir al Estado en motor del desarrollo.

No hay estatismo a la vista; hay la voluntad de devolver al Estado su papel rector frente a un modelo —que Correa y sus amigos llaman neoliberal— en el cual las leyes del mercado regulan la actividad económica. El modelo Correa luce así heterodoxo. Un Estado–propietario: maneja recursos que, a sus ojos, no pueden ser trasladados a la empresa privada. En ese caso se encuentra, por ejemplo, el petróleo. Un Estado–planificador: usa su poder para establecer metas y desarrolla incentivos para obtenerlas. Un Estado–regulador: define condiciones contractuales que, en principio, buscan el beneficio público. Un Estado–liberal: incentiva a las empresas que buscan mercados externos. Un Estado-protector: no vacila en decretar medidas para desestimular ciertas importaciones. Este modelo se ha ido armando desde hace algunos años en la Flacso, el Ildis, Jubileo 2000, el Foro Ecuador Alternativo, algunas universidades y ONG. Para su implementación, los ideólogos (Ricardo Patiño, Alberto Acosta, Jeannette Sánchez, Fander Falconí, Carlos Vallejo...) desarrollaron otro concepto: la idea de un modelo de doble vía. Es el ingrediente social y político que vincula al Gobierno con la sociedad y a ésta con mecanismos y organismos del Estado.

Ese ingrediente es, en suma, la ciudadanía pensada como el gran anillo articulador de las políticas macroeconómicas. De ahí la importancia que tendrá en el Gobierno de Correa el Ministerio de Bienestar Social, que encabezará Jeannette Sánchez. Allí confluyen varias medidas para beneficiar el tejido social. La coordinación que realice Sánchez en el Frente Social será determinante y bajo una perspectiva en la cual coincide con Falconí, designado ministro del Ambiente: “las políticas sociales tienen que construir derechos, obligaciones y ciudadanía —dice él—. No son dádivas ni clientelismos. La educación y la salud deben convertirse en el nuevo orgullo del Ecuador”. Es decir que en el plano conceptual, en el cual todavía se mueven algunos colaboradores cercanos del Presidente electo, se unen el desarrollo social y el económico. Pero no porque el primero compense los daños que pudiera causar el segundo. En Alianza País se piensa que el único fin de la economía es propugnar el bienestar de los ciudadanos.

En esa lógica también salen ganando los ricos, dijeron a Vanguardia, pues un círculo virtuoso basado en la producción y la equidad favorece el desarrollo integral del Ecuador.

Eso, claro, dependerá de que se consiga aplicar una política fiscal realmente redistributiva, pero que evite el dispendio de recursos. No se diga en un contexto de dolarización que requiere disciplina para mantener un nivel de divisas que la haga sustentable en el tiempo, como ofreció Correa. Todo esto tiene dos grandes retos. El primero, de difícil aterrizaje político, es que muchos cambios dependen del Presupuesto del Estado. El otro, de difícil manejo social, es la articulación de tan disímiles vertientes de pensamiento económico.

Ricardo Patiño, ministro designado, sabe lo primero y por ello rehusó precisar a esta revista los detalles de lo que hará el 15 de enero, cuando dispondrá de dos semanas para tratar de modificar en algo el presupuesto. Su estructura actual no sólo es rígida sino que deja al Ejecutivo apenas un diez por ciento de margen de maniobra.

Sin embargo ya se dan, en Alianza País, algunas alternativas. Una es estimular la producción y el empleo para obtener más ingresos y lograr así, en el presupuesto, cierta independencia del petróleo. ¿Y cómo se estimula la producción? Utilizando —dijo Alberto Acosta— el dinero de los fondos petroleros y estableciendo otros mecanismos para mejorar la entrega de crédito al sector productivo. Por ahora, los recursos provenientes de la reforma a la Ley de Hidrocarburos financiarán una de las ofertas centrales de la campaña: la duplicación del Bono de Desarrollo Humano cuyo monto es 190 millones.

En Alianza País se cuenta con un instrumento que no implica negociación política, al menos con el Congreso: la eficiencia en el gasto. Las cifras les ayudan pues, según Unicef, cerca de 713 millones de dólares no se ejecutaron en el período 2000-2003.

Para racionalizar el gasto hay otras tres vías: reducir la deuda externa, no adquirir nueva en lo posible y, en la deuda interna, eliminar los bonos AGD en manos del Banco Central.

El segundo reto está en sincronizar políticas inspiradas en marcos conceptuales que no forzosamente corresponden. Un ejemplo: destinar crédito planificado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, para los sectores a los cuales el Ministerio de Bienestar Social detecte como los más necesitados. Ahora, si éstos se ubican en áreas ecológicas que están protegidas, se requerirá de consensos para aplicar sistemas de inversión que no deterioren el ambiente y que, a la vez, inserten a esa población en el mercado productivo.

Este escenario resume las contradicciones que encarará el gobierno de Correra. Por un lado una economía en la cual el Estado busca encadenar procesos y, por otro, un mercado abierto que rehuye la planificación y busca el máximo rédito.

Alberto Acosta, designado para Energía, vivirá en pleno esa realidad en la generación eléctrica: “La planificación en el sector eléctrico es una tesis que mantenemos desde hace mucho tiempo y que ahora incluso la Cámara de Industriales de Pichincha recoge en su agenda. Es el reconocimiento de que la mano invisible del mercado se equivoca una y otra vez”. ¿Por qué la planificación? En la visión de Acosta, el Ministerio de Energía puede ayudar, en el largo plazo, a la descentralización regional, pues “es un sector que determina en gran medida la organización social y política de un país”.

Quizá el mayor ejemplo de planificación está en las políticas agrarias, diseñadas en el Foro Ecuador Alternativo, fundado por Eduardo Valencia, Luis Maldonado, Marco Erazo y Carlos Vallejo y al cual se sumaron los propios Correa y Acosta, Raúl Moscoso, Ramiro Gordillo, Jorge Jurado, Franklin Proaño, Francisco Borja, Antonio Ricaurte... Allí se definieron cinco ejes para la reactivación del agro, con una meta específica: que el sector crezca al seis por ciento anual, a partir del tercer año de Gobierno. Al menos así se lo dijo a Vanguardia Carlos Vallejo, quien preparó la propuesta, valorada en 300 millones para los cuatro años, que entregará esta semana a Correa.

El primer eje es la generación de una política agrícola, pecuaria y forestal, basada en el mapa de uso potencial del suelo. La idea es definir, por parroquias y cantones, la vocación productiva. Información vital para saber hasta dónde llevar la frontera de un cultivo y dónde debe ser reemplazada por otro. Además, se definirán las áreas que se deben y pueden colonizar, para no hacer daño a la ecología. Para ello se requieren más técnicos para el Ministerio de Agricultura, dice él, en especial durante el primer año. El complemento será una estrategia de investigación, donde el Iniap determine los cultivos que se necesitan mejorar. La mano estatal será visible también en la capacitación para transferir tecnología al campesino y mejorar los canales de riesgo; el mejoramiento de los caminos vecinales y la reestructuración del sistema de silos de la ENAC. Mediante estos planes se busca dirigir la producción hacia las demandas tanto exportadora como en cuanto a la de consumo interno.

Los otros ejes muestran más bien al Estado–regulador: cero IVA y cero arancel para los insumos y bienes de capital para el sector. Para compensarlo, se sugiere la duplicación del IVA sobre productos importados como naranjas, peras, yuca, tomate de árbol... Reducir el costo del litro de agua a los campesinos y sancionar subiéndolo a quienes no se acojan al plan, es otro ejemplo.

El nuevo gobierno no descarta ser también inversionista. Lo más claro es en petróleo, a través de Petroecuador. Para los colaboradores de Rafael Correa es claro que desde 1994 al 2004 se le dieron a la estatal unos 650 millones para explotación. Según sus cálculos, necesitaba unos 1 400 millones para sostener la extracción. Al no haberlo hecho, el Estado dejó de recibir, afirman, 4 000 millones de dólares. Con esa tesis, habrá inversión en extracción. También incentivarán los distintos organismos seccionales a ser inversionistas, en especial en el área eléctrica.

Pero, paralelamente, Alberto Acosta concibe que pueda haber inversión privada para construir, por ejemplo, otra refinería. O coparticipar en un negocio mixto con el Estado. En la misma línea Correa ha mencionado que su gobierno estará abierto a la inversión privada cuando se trate de obras como la construcción de puertos y aeropuertos. O cuando los capitales exteriores vengan para quedarse en la producción. En cambio, habrá trabas tributarias para los llamados capitales golondrina.

El modelo en este caso podría formularse así: generar condiciones de competitividad interna incluso con intervención económica estatal para robustecer el aparato productivo y volverlo competitivo. Ricardo Patiño no rehúsa hablar, en este sentido, de un Estado protector. Carlos Vallejo es uno de los fervientes defensores de esa fórmula que en la economía liberal se denomina proteccionismo.

En este sustento conceptual se basó Alianza País para oponerse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Según su evaluación, es un esquema que imposibilita establecer políticas comerciales autónomas. Correa corrió con suerte pues —según Falconí— está prácticamente decidida la renovación del Atpdea. Sus amigos están pensando que a esas preferencias arancelarias se pueden sumar dos cosas: mejoras en la infraestructura y estímulos para bajar determinados costos a los exportadores. El sector privado, a su vez, tendrá que generar cadenas productivas y crear valor agregado, cerrando una suerte de círculo virtuoso destinado a competir en el mercado mundial.

Las pautas están dadas y el gobierno deberá cuidarse —dice Falconí— de no “caer en la inmediatez de la estructura pública”. El efecto que busca el modelo Correa es evitar cualquier tipo de “transferencia dolosa” del sector público al privado. Esto es clave para terminar con el “sistema corporativista” o “mafioso” —así lo llama Correa— que ha manejado el país durante décadas. Allí está el reto mayor porque esos grupos tienen representación en todas las entidades del Estado. ¿Cómo afrontarlo? Alianza País piensa en las auditorías ciudadanas y medidas para transparentar la gestión.