Guerra: Luis Fernando Torres soltó la palabra al inicio de la semana e hizo temer lo peor. Un choque de trenes anticipado entre el Presidente electo y el Congreso. El diputado del PSC dio la impresión de volver al punto de siempre: aquel en el cual gana un sector (la izquierda en este caso) y el otro (la derecha en el suyo) quiere forzarlo a aplicar su política. Lo mismo ocurrió en el pasado con la Conaie, el MPD y los movimientos sociales que ahora rodean al nuevo mandatario. Perdieron en las urnas y pretendieron cogobernar desde las calles. Esa es la versión criolla de la política: un ejercicio mal disimulado de gatopardismo.

El Prian y la Unión Demócrata Cristiana (UDC) también se unieron al coro de aquellos que, apenas horas después de la elección de Rafael Correa, ya afirmaban que no tolerarán que dé paso a su mayor promesa de campaña: la Asamblea Nacional Constituyente. En claro, y dando muestras de no administrar la realidad de esta elección, le exigían a Correa que tenga la gentileza de pegarse un tiro político en la nuca. Es lícito pedirlo. ¿Pero la responsabilidad política implica pedirle al adversario —recién electo— que estrene el cargo traicionando la promesa que, en buena medida, lo llevó a Carondelet? El Partido Social Cristiano (PSC) parece haberlo entendido. Se resigna, dijo Alfredo Serrano, su jefe de bloque, a que se instale una Constituyente. Esa apertura tiene su contraparte: que Correa acepte que la consulta —que debe dar paso a la Constituyente— pase por el Congreso. ¿Hay que leer allí la invitación a un acuerdo que en este momento parece convenir a todo el mundo?

A los partidos tradicionales, en primer lugar. El revés electoral no parece facultarlos a entrar de lleno, en enero, a un choque de trenes contra el Ejecutivo. El PSC y la Izquierda Democrática (ID) están en su peor momento para declarar la guerra a un Gobierno que hizo su campaña contra la partidocracia. Sus divisiones internas son graves y públicas y, a comienzos del año entrante, pudieran volverse irremediables. El PRE se encuentra en la misma posición. Y esto explica por qué Abdalá Bucaram, contrariando lo dicho por sus coidearios, encontró de pronto grandes coincidencias con el Presidente electo.

Ese escenario parece favorecer a Rafael Correa. Pero no lo libra de un enfrentamiento institucional si decidiera intentar anclar su reforma prescindiendo del Congreso. Esa posibilidad ha sido analizada en Alianza País. Las declaraciones del presidente Correa y los primeros pasos dados por Gustavo Larrea, su futuro ministro de Gobierno, indican que están sopesando los factores de realidad. Sin embargo, los dos han sido ambivalentes. Han corroborado que no disolverán el Congreso. Han dicho que hablarán con los partidos, dejando planear la idea de que un acuerdo es posible. Pero al mismo tiempo han ratificado que convocarán una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Correa da así la impresión de creer que, sin someter el país a un estrellón y en apenas 115 días, podrá citar una consulta, ganarla, convocar una asamblea y obtener una alta representación entre sus 130 miembros. Es decir, en cuatro meses producir un borra y va de nuevo y convencer al país de que le firme un cheque en blanco.

Hay en esa visión el deseo de perfilar otro país mirándolo desde una sola orilla. Es el mismo error que cometió la derecha y que ha producido marginamiento y exclusión. De paso, el Presidente electo quiere forjar certidumbres sirviéndose del peor mecanismo. Porque una Asamblea, como la pinta, remeda a un mago sacando cualquier cosa del sombrero. Y los cambios que deben ser negociados no pueden ser imprevisibles. Por eso su escenario pudiera ser factible, pero a costos incalculables. ¿Es responsable que la izquierda se estrene así en el poder y sucumba otra vez ante el mito fundacional?