Los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes fueron los más afectados. Las objeciones presidenciales se debatirán desde el 11.

 El veto parcial del presidente Palacio al Código de la Salud desconoció aspectos importantes para la gestión de políticas y programas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y de la violencia. Con su decisión, el mandatario olvidó la realidad de las cifras: el 20 por ciento de la muerte materna corresponde a niñas y adolescentes; el 16 por ciento de mujeres embarazadas son adolescentes; el 8 por ciento de mujeres entre 15 y 24 años ha tenido relaciones sexuales antes de los 15 años.

 También ignora una serie de compromisos internacionales: la Convención de los Derechos del Niño, donde se especifica que el bienestar de niños, niñas y adolescentes está por sobre los derechos de los padres o de los representantes legales; viola la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que es un instrumento vinculante, que tiene un protocolo de aplicación y un comité internacional ante cual el país tiene que rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus compromisos; no acata la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que garantiza los derechos a la educación sexual con un enfoque cabal, que contribuye al desarrollo personal y debe ser impartida en todos los niveles educativos, y a la salud integral que incluye la salud sexual y reproductiva. Asimismo desconoce a la Constitución, que está en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño.

 El presidente Palacio lo que está diciendo con sus objeciones es que las políticas y programas de salud sexual y reproductiva deben considerar el criterio de los padres o representantes, lo cual, insisto, viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No puede ser que el Estado someta las políticas, que deben ser de cumplimiento obligatorio y universal, al criterio de los padres que es muy diverso, donde hay muchas tendencias y creencias religiosas. El Estado tiene que contar con una definición para todos.

 En el veto se maneja el tema de la sexualidad de los adolescentes y las niñas con un enfoque de promiscuidad y de conductas de riesgo. El avance internacional en derechos humanos reconoce que la sexualidad es un derecho y que debe ser ejercida con información que permita tomar decisiones responsables, seguras y conscientes. La educación sexual es un mecanismo para ello, pero con el veto al artículo 27, se le da el enfoque de control a esa población vista como promiscua, lo cual es un prejuicio de los adultos.

 El Presidente elimina la anticoncepción de emergencia en los casos de violación, exponiendo a las mujeres, niñas y adolescentes violadas a embarazos producto de ese acto brutal, aunque en el artículo concerniente al VIH/sida permite la utilización del método.

 Sin embargo, hay algunos avances que se pueden mencionar. El Código de la Salud contará con un capítulo denominado de la salud sexual y la salud reproductiva. Reconoce los problemas de salud pública como la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, el aborto en condiciones de riesgo. Ese reconocimiento del Estado implica que debe tomar acciones múltiples y prioritarias para evitar y prevenir estos problemas. Admite la planificación familiar en igualdad de condiciones para hombres y mujeres sin restricciones, lo cual es un paso, aunque se excluye a los adolescentes. Se reconoce que la anticoncepción de emergencia no es inconstitucional, pues no es abortiva, tal y como lo demuestra la evidencia técnica, científica y jurídica, que en su momento fue entregada al Tribunal Constitucional, cuando se debatía el tema de la Postinor 2.