Sin decirlo, ¿Alfredo Palacio hará lo mismo que Gustavo Noboa a fines del 2002? La impresión que ha dado es que él sí dejará la mesa tendida. Algo que pareciera tener sustento, debido a los ingresos extraordinarios del petróleo generados por el precio en el mercado internacional, las reformas internas a la Ley de Hidrocarburos y el campo que explotaba la Oxy y que quedó en manos del Estado, a través de Petroecuador.

Pero en el propio Ministerio de Economía circula un análisis que sostiene lo contrario. En él se habla de un escenario complejo: una iliquidez que pudiera llegar a 800 millones de dólares, si todo sigue como está. ¿Mide el presidente Palacio esas consecuencias? Los colaboradores de Correa no creen en la supuesta ingenuidad del mandatario saliente. Su análisis apunta más bien a que hay una irresponsabilidad de por medio. Ésta los llevaría, por ejemplo, a atrasarse en los pagos con los maestros o la fuerza pública, lo cual tendría consecuencias políticas innegables. Por ello han formado un equipo para analizar las cuentas.

El tema es que aun si la administración de Alfredo Palacio deja ahora un superávit en el Gobierno central, todo hace prever que a partir de enero habrá un flujo de recursos insuficiente para cubrir los gastos. El análisis de Economía parte de dos lastres: inestabilidad de la administración y descoordinación. Lo suficiente para echar al traste los efectos positivos que generaron sobre los ingresos del Estado las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la salida de la Oxy del país.

Economía resume el problema así: baja capacidad de ejecución del gasto presupuestado de parte de las entidades públicas, pero aumento del gasto corriente de parte de otros sectores del Gobierno. También menciona la modificación del presupuesto mediante el incremento de inversiones que no estaban previstas inicialmente.

Aparte de eso, existe retraso en los desembolsos de deuda externa contratada. Faltó eficiencia y oportunidad en la gestión en este caso y en el de los  financiamientos internos, en especial los que otorga el IESS. Se suma algo que ha sido criticado por tres ministros que salieron por perder el respaldo de Palacio y que también menciona el análisis interno de Economía: “discrecionalidad y presión política en la transferencia de recursos y la carencia de planificación y criterios de calidad del gasto”. Ejemplos de eso son una programada recompra de papeles de deuda por 900 millones, que no se llegó a concretar, así como un depósito de 339 millones, que tampoco. Éste era parte de un Proyecto para preservar el capital y provenía de la emisión de bonos realizada en el 2005.

Asimismo, no se concretó una emisión interna prevista por 664,6 millones, que también era parte de ese proyecto elaborado a inicios de este año.

Por otra parte, préstamo del Fondo Latinoamericano de Reservas, de 400 millones, probablemente tenga que pagarse anticipadamente. Eso complicaría más el problema de liquidez fiscal. El caso es que ese crédito sirvió para completar la recompra de bonos por 740 millones hecha en mayo. Pero la contratación de ese crédito puso condiciones. Una, dice el análisis, no se cumplió: mantener 67 millones depositados en la Cuenta Única del Tesoro. Y otra parece difícil de lograr: un superávit primario de dos por ciento del PIB.

La inestabilidad, en cambio, se refleja, por ejemplo, en el nombramiento de tres subsecretarios de Inversión Pública en menos de dos meses de gestión de José Jouvín. Éste, de paso, es el quinto ministro de Economía de este Gobierno de un año y ocho meses, que tuvo, como pocos, ventajas envidiables.