El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y los paramilitares de derecha se convirtió en un enfrentamiento. El rompimiento hecho unilateralmente por los líderes de los desmovilizados sorprendió a Álvaro Uribe, pero no lo amilanó. De hecho, el Mandatario contraatacó amenazando militarmente a aquellos que, amparándose en esta situación, cometan nuevamente delitos.

Ernesto Báez, como se conoce a Iván Roberto Duque, vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), abre el camino a la incertidumbre: “prefiero utilizar mejor la expresión de dar por concluido ese mecanismo (el diálogo) y dejar en libertad a quienes entregaron las armas a que tomen la decisión que estimen pertinente”.

El traslado de los 59 líderes que permanecían recluidos en un centro recreativo a una prisión de máxima seguridad fue el detonante de esta nueva crisis, dentro de un proceso de paz caracterizado por estos vaivenes. El Gobierno adujo, para el efecto, que había sospechas de un intento de fuga y de que una serie de asesinatos se había ordenado precisamente desde la cárcel.

Los paramilitares, a su vez, dicen que esta acción es una más de una serie de incumplimientos por parte del Estado, dentro del acuerdo pactado a mediados del 2003, y que se inició con la entrega de armas. Desde entonces, se han desmovilizado 32 000 paramilitares, buena parte de los cuales ya ha recibido el indulto del Gobierno y goza de libertad.

De este nuevo conflicto, algunos analistas piensan que la más golpeada será la administración de Uribe. ¿Por qué? Por el escándalo protagonizado por nueve senadores y personas cercanas al mismo Presidente a quienes se investiga por estar relacionados con los paramilitares, responsables de una serie de masacres.

Los voceros de los paramilitares han sido amenazantes: “en su momento diremos toda la verdad sobre nuestras relaciones con la política y los crímenes cometidos, pero necesitamos que el Gobierno nos garantice seguridad para nosotros y nuestras familias”, declaró David Hernández, el jueves pasado. De allí que diversos sectores de opinión coinciden en que el actual enredo, que ahora se lo designa como “parapolítica”, es la oportunidad para que se conozca toda la verdad sobre la desmovilización de las autodefensas y sus arraigados vínculos con la clase dirigente. Incluso sus propios líderes desmovilizados reconocen la conveniencia de hacerlo: “pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsores, colaboradores y beneficiarios directos, empresarios industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública, entre otros, que nos acompañen sin aprehensión ni temor en esta tarea”.

Uribe pasa por alto el tema y prefiere hacer referencia a que se continuará negociando con aquellos que sí quieran someterse a la Ley de Justicia y Paz. Para ellos no habrá proceso de extradición. “El Gobierno tiene toda la voluntad para continuar con los diálogos, siempre que no se cometan delitos que defrauden la buena fe”.

Lo cierto es que la crisis evidenciada resulta muy grave, sostiene el analista León Valencia. “La gran apuesta que el presidente Uribe pensaba terminar en 2005 sigue inconclusa, los jefes ‘paras’ se han resistido a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y todo marcha lentamente”. Claro, al margen de las declaraciones y acusaciones mutuas, el hecho concreto es que el proceso llamado Justicia y Paz ha encontrado un serio obstáculo, precisamente en el sistema judicial colombiano.

En la práctica ha resultado físicamente imposible tomar las declaraciones judiciales a los 32 000 desmovilizados, requisito fundamental para beneficiarse de los indultos. Y el plazo vence en febrero próximo. Aquellos que no rindan su declaración serán juzgados bajo el sistema penal común.

El alto comisionado para la Paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, responsabilizó a la Fiscalía de no haber empezado aún a recibir los testimonios. En el Ministerio Público responden que sus funcionarios no pueden empezar sin antes recibir las versiones de las víctimas. En el caso del proceso contra Salvatore Mancuso, previsto para iniciarse en enero, la entidad ha recibido ya 200 000 versiones de personas que dicen ser víctimas del accionar de este paramilitar. “Y hay personas que nos dicen que no tomemos la declaración a Mancuso sin antes escuchar la de ellas”, sostiene Mario Iguarán, fiscal general.

Por ello, la Justicia será la que dirima las causas pendientes de más de 2 600 guerrilleros investigados. Lo ratificó el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín cuando dijo que se cumplió la etapa del diálogo y que ahora se inicia la etapa de judicialización.