Su muerte dejó al descubierto un país dividido. Política y socialmente no hay posturas intermedias en esta nación sudamericana, modelo de desarrollo económico. Allí, o se es pinochetista o antipinochetista. Más allá de las posturas personales, la pregunta que queda aún suelta tras la muerte del ex dictador Augusto Pinochet, es si Chile podrá reconciliarse. De por medio hay causas judiciales pendientes de ser resueltas por más de 3 000 muertos, 30 000 torturados y cerca de 1 200 desaparecidos.

 Si bien el fallecimiento dejó a Pinochet a salvo de los procedimientos judiciales que se le seguían (enfrentaba 7 desafueros y casi 300 querellas en su contra por violaciones a los derechos humanos), el archivo de las acusaciones contra él no exime a los responsables o colaboradores del régimen que continúan investigados por los tribunales.

 Amnistía Internacional pidió a las autoridades chilenas que aseguren que el fallecimiento no sea usado como excusa para continuar demorando las querellas que pesan sobre otros oficiales procesados por tortura, desapariciones y homicidios. Entre los acusados de graves violaciones de derechos humanos, la organización publicó los nombres de 20 oficiales chilenos de alta graduación, cuyos juicios aún no han concluido, aunque sus procesos llevan años. También pidió que todos los obstáculos a la justicia –particularmente la denominada “ley de amnistía”– que fueron promulgados durante el gobierno de Pinochet sean anulados.

 La presidenta Michelle Bachelet ha salido con un discurso categórico y conciliador. Se sabe que también ella sufrió los horrores del régimen dictarial, como la muerte de su padre, un general de la Fuerza Aérea, opuesto al golpe, y torturas a ella misma. “El país debe buscar el camino del reencuentro y la reconciliación sobre la base de una verdad histórica, con memoria y justicia. La reconciliación es el gran honor al que podemos aspirar los que queremos mayor justicia, mayor diálogo y un verdadero reencuentro entre nosotros; asumiendo nuestro pasado, queremos hablar de un futuro”.

 Algo está claro en Chile, los dolores y los sentimientos persisten. Lo evidenciaron miles de manifestantes que se alegraron por la muerte de Pinochet y, a la vez, se indignaron porque no haya sido condenado por las atrocidades realizadas durante 17 años de dictadura. Y también quedó evidenciado con el grupo de los que lloraron por tristeza, que masivamente acompañaron los restos velados en la Escuela Militar. El saldo fue de 65 manifestaciones durante tres días, en 25 ciudades, sin tener que lamentar víctimas fatales.

 A pesar de esa muestra de afectos y odios, Bachelet se declara convencida “de que la gran mayoría de los chilenos quiere hoy día seguir construyendo un presente y un futuro donde todos tengan una mejor forma de vivir”. ¿Pero cómo lograrlo, en qué se sustentaría esa reconciliación? La realidad muestra un país divido, una justicia que no ha sabido aclarar y condenar a los responsables y unas Fuerzas Armadas que quieren ser apolíticas, pero entre sus filas hay muchos que aún veneran los ideales y las acciones pinochetistas. Prueba de ellos son los comentarios del capitán Augusto Pinochet, nieto del ex dictador, quien, durante su sepelio, criticó al sistema judicial y justificó la dictadura. El general Ricardo Hargreaves hizo lo mismo y expresó su afinidad con el golpe militar. Ambos fueron separados de las Fuerzas Armadas sin que la presidenta Michelle Bachelet lo hubiera pedido. Se limitó a indicar que “el Gobierno no va a decir al Ejército lo que tiene que hacer”.

 Lo cierto es que en Chile, los militares parecen seguir gozando de autonomía política y económica. Amén de los esfuerzos de modernización y apoliticismo de sus últimos jefes, pero en las tres ramas, así como la policía militarizada, respetan y defienden la imagen histórica de Pinochet.

 Ya en la sociedad civil, entre los pinochetistas más radicales se cuentan, en primer lugar, los herederos de los terratenientes que fueron afectados por la reforma agraria de Salvador Allende. Los que sufrieron las expropiaciones y el reparto de sus tierras entre los trabajadores. Para sus herederos, Augusto Pinochet fue el héroe que les devolvió en parte sus posesiones y su status social y político, aunque quienes no consiguieron recuperar sus privilegios son los más extremistas. Los anitipinochetistas más radicales son precisamente los familiares de las víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones.

 El gran empresariado chileno se debate en igual sentido: entre su tradicional pinochetismo y los esfuerzos de algunos de sus miembros por quitar el color político al capital.

 La Iglesia Católica también está marcada. Y ha actuado en forma diferente según las circunstancias. Inicialmente la Vicaría de la Solidaridad fue el refugio para los perseguidos políticos. Pero el cambio de papado, en 1978, incidió en una derechización del clero. Ahora, oficialmente, se declara a favor de la reconciliación entre los chilenos.

 La juventud chilena sigue el mismo esquema. Es difícil encontrar a un adolescente con ropa de marca en los homenajes a Salvador Allende. Entre los grupos neonazis, en cambio, hay jóvenes con ropa comprada en exclusivos centros comerciales. Todos ellos se identifican con la causa fascista.

 En política, en cambio, Pinochet llevó los partidos a alianzas que, en cualquier otra circunstancia, serían surrealistas. En la Concertación por la Democracia, que gobierna Chile desde 1990, cuando terminó la dictadura, conviven los socialistas con la Democracia Cristiana, esta última asociada a las organizaciones internacionales conservadoras. En la oposición, la Alianza por Chile une a la derecha con aspiraciones de reformas y de homologación internacional con la derecha a ultranza.