Los partidos de derecha y los populistas no están dispuestos a ceder. Al contrario, quieren evitar cualquier cambio político de envergadura propiciado por el presidente electo Rafael Correa. En esa dirección trabajan el Prian, SP y PSC. La UDC, que aboga por una concertación y por respaldar al Gobierno para que ejecute su plan de trabajo, está en una posición incómoda. Los roldosistas son un caso aparte.

Estos grupos parlamentarios lograron un entendimiento que atraviesa tres áreas y que se hará efectivo desde el 5 de enero: la organización del Congreso (incluyendo el reparto de comisiones legislativas), la reforma política y el nombramiento de autoridades que terminarán sus funciones durante la primera quincena de enero.

El viernes 5 de enero, día de la posesión de los diputados, esperan zanjar el tema de las elecciones internas de autoridades y de las comisiones legislativas. Quieren dar ejemplo de trabajo rápido y efectivo, a diferencia de lo ocurrido en períodos anteriores, donde este tema empantanaba las sesiones por horas. Desde la semana del 11 de diciembre, los contactos para la distribución de estos organismos se han multiplicado. En esto han trabajado Sylka Sánchez (Prian), Pascual del Cioppo (PSC), Luis Tapia (Sociedad Patriótica) y Jaime Estrada (UDC). Hasta la semana pasada estaba claro que las comisiones consideradas más importantes, Civil, Fiscalización, Económica, Asuntos Constitucionales, Tributario se quedarán en manos de los partidos que acaban de aliarse. Eso sí, como dijo Lucio Gutiérrez a esta revista, respetando la importancia de cada bloque, según el número de diputados que haya conseguido. El PSC, por ejemplo, puja por las presidencias de las comisiones Civil y Asuntos Constitucionales. Y Sociedad Patriótica por Fiscalización. ¿Qué pasó con los diálogos promovidos por el ministro de Gobierno designado, Gustavo Larrea? Con el Prian y el PSC ni siquiera se han producido. Los prianistas están en franca oposición al nuevo Gobierno, al cual ni siquiera reconocen. A los socialcristianos no les interesa: ni los han buscado ni ellos han provocado algún tipo de acercamiento. Luis Fernando Torres (PSC) dice que Rafael Correa no está actuando con transparencia. Su hostilidad frente a los partidos se mantiene, porque en realidad busca cerrar el Congreso. En cambio, las conversaciones con Sociedad Patriótica no generaron frutos. En el partido de Gutiérrez se quiere defender los espacios ganados en las elecciones. Los apoyos ofrecidos al nuevo Gobierno ahora son para cualquier otro proyecto, dice Luis Almeida (PSP). La UDC, que pide que el Gobierno nuevo defina el marco de su asamblea, busca poder dirimente.

Luego de la integración del Congreso, el siguiente paso será la ruptura del candado constitucional. Se basarán en la propuesta de Oswaldo Molestina (ID), quien sugirió reducirlo de un año a tres meses. Sin embargo, tratarán de acortar ese plazo a dos meses. Tienen previsto el veto presidencial. Eso no será un impedimento para seguir con las reformas. Por eso aprovecharán los proyectos que cuentan con informes para primero y segundo debates. En el primero grupo están las propuestas de Guillermo Landázuri (ID), Pedro Valverde (PSC) y de la Comisión de Asuntos Constitucionales saliente. Y, en el segundo, las de Gustavo Noboa. De ahí que la Comisión de Asuntos Constitucionales –que se disputan Luis Fernando Torres (PSC) y Carlos Larreátegui (UDC)- será vital.

Estos proyectos tienen en común temas que han sido mencionados por estos partidos: bicameralidad, despartidización y despolitización de los organismos de control, cambios en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte Suprema.

Entre estos partidos se considera que estos cambios serán suficientes. De hecho, luego de la integración del Congreso se nombrará a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Según los resultados electorales, ahí tendrán representación el Prian, PSP, PSC, Alianza País, RED-ID, PRE y UDC. Con esa estructura, la propuesta de consulta popular de Correa difícilmente será calificada.
La tercera etapa en esta operación es la designación de autoridades. El Congreso debe armar la terna de Contralor del Estado, así como elegir el Fiscal General, una vez que la Segunda Sala del Tribunal Constitucional suspendió temporalmente el proceso que impulsaba la Judicatura. Con los votos que manejan por el momento, incluso, pudieran cesar al Tribunal Constitucional.
¿Candidatos? Gutiérrez, los socialcristianos y los demócratacristianos creen que todavía no hay ninguno. Y que lo que está claro es que no darán la Contraloría y la Fiscalía a militantes de las tiendas de esa mayoría. La idea –dicen– es buscar gente calificada. Hay conciencia de que las voces de protesta se pueden elevar si hacen lo contrario.

Tal y como están las cosas, este grupo tiene 69 votos. Pero pudiera subir a 75 con el PRE. Abdalá Bucaram habla con Álvaro Noboa y Gutiérrez para que sus seis diputados sean incorporados. Esto a pesar de que dirigentes como Jimmy Jairala, creen en la asamblea y la respaldan.
Estos partidos se dan dos meses para ejecutar su plan. Después piensan continuar con una agenda legislativa que incluye la Ley Eléctrica, de la Función Judicial, etc. Sin duda le esperan duros días a Correa.