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Dos frentes para aupar la asamblea PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 02 de enero de 2007
El nuevo gobierno dice tener apoyo en el congreso. también se organiza en las provincias.

Las autoridades del nuevo gobierno no encuentran razones para estar preocupadas. Los potenciales 75 votos que dice tener el Congreso para impulsar las reformas constitucionales, a partir del 5 de enero, no son suficiente causa para las nuevas autoridades. Hay dos razones. La primera es que el ministro de Gobierno designado, Gustavo Larrea, duda de que se consigan los votos necesarios. La segunda, es que el proceso de la Asamblea Constituyente camina paralelamente, bajo el lema 'la tercera vuelta', y es impulsado directamente por las bases del movimiento Alianza País.

Según dijo Larrea a esta revista, si en cuatro años los bloques del Prian, PSP, PSC –que ahora encabezan la mayoría en el Congreso– no pudieron romper el candado constitucional, difícilmente lo harán ahora. Mucho menos podrán ponerse de acuerdo en los cambios a hacerse. "Ni con las crisis institucionales ni con la presión social lograron hacerlo". Pero esta confianza tiene más bases: el compromiso de que no se disolverá el Congreso y que éste podrá seguir trabajando paralelamente con la Asamblea, ha tranquilizado a los bloques legislativos. Aunque prefiere no decir qué bloques se han flexibilizado, considera que hay más receptividad a su propuesta. Incluso ésta ya ha sido explicada a militantes de partidos como el PSC que, hasta la semana del 18 de diciembre, decían no haber mantenido contactos ni querer tenerlos con las autoridades designadas.

Eso le permite afirmar que no sólo la ID, RED, Pachakutik, MPD, Socialistas, Nuevo País, que ya se pronunciaron por la Constituyente, respaldarán esta iniciativa. Él considera que será una mayoría contundente. De hecho, el roldosismo estaba por volver a apoyarla y afirmaba que ocho legisladores del Prian y SP estaban alineados con la propuesta de Rafael Correa. Esto no significa que el Ejecutivo construirá un bloque afín. Larrea dice que llegaron sin diputados y así se quedarán. Pero si el Congreso en realidad hace los cambios que ha anunciado, esto no será un problema para la nueva adminsitración. Más bien será un paso en el proceso de cambios profundos del Estado. Por eso se insiste en que nada detendrá a la Asamblea. El martes 26, durante la reunión del buró político del presidente Correa y en el encuentro posterior que fue exclusivamente para hablar sobre esta propuesta, el mandatario electo ratificó que entre sus primeros decretos estará convocar la consulta popular. Las encuestas que manejan los nuevos funcionarios dan por hecho un triunfo de la consulta popular. Según dicen, el 80 por ciento de la población está a favor de la Constituyente.

Y ratificaron que se ampararán en el artículo 104, inciso dos, de la Constitución, que permite llamar a las urnas a los ecuatorianos para consultar temas que el Presidente considere de vital importancia. En otras palabras, se ordenará al Tribunal Supremo Electoral –que será renovado antes del 15 de enero, según los planes de la mayoría legislativa– que organice el proceso. No pedirán, como lo hizo Alfredo Palacio, que califique la consulta, sino que la llame y la organice en los plazos legales pertinentes.

Junto a la pregunta se presentará el texto de estatuto de la asamblea. Ahí constarán las reglas de juego para la participación en dicho proceso. Éste se elabora con base en el preliminar que presentaron en el Tribunal Supremo Electoral, en la segunda vuelta, cuando se plantearon recoger el millón de firmas de apoyo a la asamblea, el plan B de Alianza País.

Manuela Gallegos, junto a Eduardo Paredes, en cambio, continuarán con las visitas a las provincias para promover la asamblea. Hasta el 15 de enero deben haber atendido a las invitaciones que les llegan desde las provincias y para organizar a los grupos, en caso de que se deba exigir que se dé paso a la consulta popular. A este trabajo se sumará el presidente Correa. De hecho, parte de la estrategia es que, una vez que jure el cargo, las reuniones de gabinete se realicen de manera itinerante y no necesariamente en las capitales provinciales. Se trata, dice Gallegos, de un ejercicio de democracia horizontal, porque habrá audiencias para los pobladores de las zonas.

En esta tercera vuelta también participan los brigadistas de Alianza País. Ellos han sido capacitados para promover la Constituyente e impulsar los espacios de debate y las asambleas ciudadanas, con miras a conseguir una amplia participación. De hecho, la idea es que de estos espacios surjan los futuros asambleístas.

¿El conflicto a la vista? Gallegos dice que en el Ecuador siempre los ha habido y que si no se respeta el pedido ciudadano habrá movilizaciones no sólo en Quito, sino en varias ciudades del país. Larrea, en cambio, quiere garantizar que la Función Ejecutiva y Legislativa tengan una relación de respeto y que cada una haga su trabajo.