Para llevar a cabo estos cambios se han posicionado tres alternativas. La primera de ellas, por la vía legal, es que el Congreso tramite una reforma constitucional. La segunda, es la conformación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes de decisión. Su origen no está contemplado en la ley, por lo que requeriría una violación a las leyes vigentes, o la manipulación de las mismas; paradójico cuando el respeto y la vigencia de las leyes por todos y para todos es uno de los temas de la agenda de cambios.  Una tercera vía, que busca salir del juego de suma cero entre el Presidente y el Congreso, plantea avanzar en el proyecto de una Asamblea Constituyente, convocada por la ciudadanía y, con una agenda específica ya definida y, que básicamente garantiza cambios al sistema político. Sin embargo, no ha tenido la fuerza suficiente para convocar y agregar apoyos a la misma.

Una vez más los ecuatorianos y ecuatorianas nos enfrentamos a dos escenarios casi igual de malos y poco confiables. Las dos primeras vías, las más plausibles, tienen resultados inciertos. Tanto, en cuanto no se han terminado de definir que es lo que se va a “cambiar” y para qué, como en la calidad de las nuevas normas. Ninguna de las dos alternativas garantiza que los resultados vayan a ser los óptimos. Pero mientras que la vía legal garantiza que las reformas puedan ser consultadas, debatidas, e incluso impugnadas; las decisiones de una Asamblea Constituyente con plenos poderes no tienen un punto de retorno. Los ecuatorianos y ecuatorianas caeríamos en un callejón sin salida. Los ejemplos de Venezuela y Bolivia, no son solo cercanos sino actuales.

En Bolivia la Asamblea Constituyente de plenos poderes, ha casi eliminado el Estado de Derecho (que significa que todas las acciones, incluso las de los gobernantes y del Estado están sujetas a la ley y, por lo tanto garantizados todos nuestros derechos, libertades y obligaciones). Frente al poder de los asambleístas, los bolivianos solo pueden  “estar a favor” o “estar en contra”, de lo que decida la Asamblea, o aún más, Evo Morales.

En este escenario las propuestas de las minorías, o las propuestas intermedias no tienen cabida. Un claro ejemplo la toma y quema de la prefectura, el día lunes 8 de enero, en Cochabamba, por movimientos sociales afines al MAS. El resultado ha sido la polarización de la sociedad; la cual ha llevado a una confrontación política, que muchos temen desencadene en una anarquía o una guerra civil. Sus costos económicos y sociales no solo afectarán a quienes estén dispuestos a participar en la misma, sino también a aquellos ciudadanos que prefieren estar en sus casas, o trabajando para su progreso personal.

En Venezuela, la Asamblea Constituyente, con poderes absolutos y con una mayoría afín al Presidente Hugo Chávez, creó una nueva constitución, que no solo le garantiza el control de las distintas instituciones con la que la mayoría de venezolanos estaban insatisfechos, sino que también le ha permitido clausurar el principal canal de televisión, por oponerse a su forma de hacer gobierno. No solo se ha restringido la libertad de expresión, sino también el derecho a informarse tanto de las buenas, como de las malas prácticas del gobierno.

El Ecuador está ante un riesgo, pero también ante una oportunidad. La importancia que los ciudadanos y ciudadanas le han dado al tema permite que surjan varias propuestas sobre los cambios necesarios y, como hacer para que funcionen.  Una manera de canalizar estas propuestas es la vía constitucional. Pero para que funcione la nueva mayoría legislativa debe estar dispuesta a escuchar y agregar, de manera pluralista, los planteamientos de varios sectores, dispuestos a actuar en respeto y por el Estado de Derecho y, con sincera voluntad de contribuir a un cambio.

La Asamblea Constituyente de plenos poderes no es una alternativa conveniente; el Ecuador estaría muy cercano a replicar la experiencia boliviana y venezolana. Difícilmente la Asamblea podría canalizar, en forma plural, nuestras legítimas aspiraciones de cambio. Frente al riesgo de perder el poder, su poder absoluto seguramente le lleve a replicar la práctica de únicamente legislar en beneficio de los intereses particulares de sus integrantes. Más aún cuando la inexistencia del Estado de Derecho, (pues el poder de los asambleístas estaría por sobre cualquier tipo de ley), impedirá que, de manera democrática, presionemos por un verdadero cambio. El experimento de la Asamblea podría terminar solamente en el cambio de nombre de los beneficiarios particulares, sin que podamos hacer nada al respecto.