El proyecto Carrizal–Chone genera dudas sobre su conveniencia. Pero no es el único...

La noche del jueves 11 de enero la discusión en Carondelet fue intensa. Duró alrededor de tres horas, desde las 20:00. Del lado del equipo cercano al entonces presidente Alfredo Palacio existía mucho interés por dejar comprometidos recursos del Estado para futuro. Del lado del Ministerio de Economía había resistencia.

Se pedía insistentemente a José Serrano, quien era ministro, que firme el contrato de crédito para la construcción de la segunda etapa del proyecto de riego Carrizal–Chone. Además, para que se reviertan recursos que no se habían ejecutado, lo cual ya no era posible porque el presupuesto había quedado cerrado el 31 de diciembre.

Desde esa noche se rumoró que Serrano había renunciado, como consecuencia de haberse negado a dar paso a las solicitudes de la Presidencia.

Aunque el ex Ministro de Economía encargado preparó su renuncia, no la llegó a presentar, según varias fuentes consultadas por Vanguardia. Pero pese a la tensión con los funcionarios cercanos al ex Presidente, en los días siguientes, hasta el lunes 16 de enero, cuando Palacio entregó el poder, hubo otros pedidos. Un decreto que permitía establecer un incremento en el subsidio al diésel para las generadoras de Cerámica, por ejemplo. Todo terminó el lunes 16, cuando Economía ratificó un informe de la Subsecretaría General del miércoles 10 de enero, que veía inconveniente que se otorgue ese beneficio.

Coincidencialmente, ese miércoles, el PRE solicitó que se cite a Serrano al pleno a explicar la situación fiscal. Este era el primer anuncio de algo que vendría luego. El afán del ex Presidente por dejar firmados proyectos que su gobierno no ejecutaría levantó sospechas.

Entonces llegó el anuncio más fuerte: el jefe del bloque, Jimmy Jairala, dijo que pedirá que se investigue la gestión de Palacio y la expedición de medidas cautelares, como la prohibición de enajenar bienes, contra el ex Mandatario. ¿Qué anima al PRE? Lo claro es que en las últimas semanas del anterior gobierno hubo interés de algunos grupos por logar compromisos a futuro.

Lo de ese jueves 11 fue el punto crítico de las presiones sobre Serrano. Pero antes hubo otros pedidos: un decreto que implicaba una deuda de 50 millones y revertir recursos que no fueron asignados a tiempo para organismos seccionales, Educación, Ambiente...

Pero Palacio tuvo un especial afán con el Carrizal–Chone. Eso lo llevó incluso a firmar el Decreto 434 (también del 10 de enero), que autorizaba la firma del crédito por 85 millones para la obra. Especial porque hubo problemas con el dictamen favorable a que se firme el convenio de crédito, que dio el Banco Central del Ecuador (BCE) al prestamista Banco del Estado (Bede), el 20.

Serrano, en una carta enviada a Vanguardia, donde solicita dejar en claro que de su parte no hubo aprobación alguna al proyecto, explica que el 2 de enero llegó a su despacho un documento con ocho observaciones del BCE. Dice, además, que conoció dos informes previos desfavorables de la misma institución. Por eso manifestó al Presidente su decisión de no firmar el contrato de crédito y fideicomiso y el respectivo convenio de ejecución de inversiones, “en virtud de las recomendaciones emitidas por el Central y los informes internos negativos del mismo, y por considerar que no era responsable ni consecuente con el país que en 15 días de encargo, y al término de la gestión del Gobierno, se proceda con este endeudamiento”.

Si hubo informes negativos, ¿por qué Palacio firmó el decreto? Él se basaba en el dictamen favorable. Fernando Uzcátegui, miembro del Directorio del BCE, niega que existan dos informes internos negativos. “Sólo hay uno y es público. Éste dice que es viable (el crédito) siempre que se cumpla una serie de acciones, que ya no nos corresponde a nosotros. Como Banco Central opinamos sobre las condiciones financieras de los créditos. Es lo que manda la Ley. Entre las observaciones consta que la Corporación Hídrica de Manabí debía entregar la contraparte del proyecto, pero Economía se hará cargo. No puede haber dos informes del mismo caso”.

De manera oficial es así. Pero Vanguardia conoció el informe de la Dirección de Estudios, que recomienda al Directorio no emitir dictamen favorable mientras no se cumplan ciertas condiciones en el proyecto. Básicamente, se explica que para un monto tan alto se pueden conseguir otros financiamientos, como ha sucedido antes con otros proyectos, mucho más baratos y flexibles, que no afectarían más la deteriorada situación fiscal actual. El crédito del Bede implica pagar una tasa de interés de 8,29 por ciento y con plazo de siete años más uno de gracia. Los de organismos internacionales pueden salir a cuatro o cinco por ciento y a 20 años con 10 de gracia.

Se dice que el Bede, de acuerdo a su patrimonio, se estaría excediendo en su capacidad financiera con un crédito de ese tamaño. Y se explica que no se cumplieron las condiciones que había pedido Economía, hace casi un año, a la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM), ejecutora de la obra. Entre ellas, algunos aspectos pendientes desde la primera fase.