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Una asamblea con plenos poderes PDF Imprimir E-Mail
Camila Lanusse   
martes, 23 de enero de 2007

Un tema clave, que todavía no ha entrado plenamente en la agenda del debate en torno a la asamblea constituyente, es cuál es su ámbito de acción. Parecería que no está del todo claro qué potestades tiene una asamblea constituyente con “plenos poderes”. Hasta el momento nadie ha aclarado hasta dónde llegan los "plenos poderes".

Si es que interpretamos las palabras “plenos poderes”, tal cómo están simplemente escritas, estamos entendiendo que la Asamblea estará, primero por sobre toda ley, garantía o derecho y, segundo, que la Asamblea podrá debatir y deliberar sobre absolutamente todos los asuntos que conciernen al funcionamiento del Estado. En este último caso la Asamblea podría decidir sobre el funcionamiento no solo del ámbito político; sino también sobre el del ámbito cultural, el ámbito social, el ámbito ambiental y, el ámbito económico... con el riesgo de que en el proceso se perjudiquen o supriman algunos de nuestros derechos.  Al estar la asamblea por sobre el derecho, cualquier oposición, impugnación o solicitud de consideración a su accionar quedará sometida a su voluntad de revisión; lo cual podría ser sumamente peligroso si es que además para esto dependemos de la conformación de las mayorías requeridas para resolver los asuntos. Mientras tanto los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, no podríamos recurrir a instancia alguna que nos permita ejercer nuestros derechos y pedir el respeto a nuestras garantías. Situación que se tornaría aún más terrible para cuando los que hacen los reclamos sean minorías. 
Adicionalmente, en el caso extremo de caer en una situación de confrontación política violenta o de caos institucional, resultado de una asamblea bloqueada, podríamos correr el riesgo de terminar en una especie de anarquía. En este escenario el accionar del derecho o la ley estaría bloqueado junto a la Asamblea, porque ante el ejercicio de los "plenos poderes" el funcionamiento del derecho o la ley estaría sometido a las decisiones de quienes conforman la asamblea. En este escenario caeríamos en un vacío legal, por la ausencia de mecanismos legales vigentes para solucionar el conflicto. Los "plenos poderes" conllevan un alto riesgo, más aún en un escenario en el cuál el debate sobre el funcionamiento del Estado está trascendiendo a su modelo económico, y solo bajo dos ópticas: el Estado planificador o el capitalismo y el mercado. Sin que las otros ámbitos pierdan importancia, las decisiones sobre el ámbito económico nos podrán encaminar a un sistema económico de economía planificada con alta injerencia del Estado, como lo escuché comentar al Ministro de Agricultura Carlos Vallejo; o nos llevará a mantener un sistema capitalista, de apertura al mercado, cuyas condiciones, hay que reconocer no han sido totalmente aprovechadas para potenciar las mejoras en la calidad de vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Temas como entrar a una economía con un capitalismo sostenible, en el que el mercado incorpore al tema de las utilidades valores ambientales y sociales, lamentablemente ni siquiera están en el debate. Pese a que podría ser una alternativa para salir de un debate restringido.