REVISTA VANGUARDIA Un proyecto piloto con pólvora mojada | Un proyecto piloto con pólvora mojada |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 30 de enero de 2007 | |
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La reforma al iva enfrenta tres obstáculos: el congreso, el déficit y el endeudamiento.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) vuelve a ser tema de debate en el país. Esta vez, por los cambios planteados por el nuevo director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco. En efecto, los sectores políticos y productivos se han puesto en alerta luego de los anuncios sobre los posibles cambios tributarios que hizo el funcionario. Parte de esos anuncios está contemplada en el “Proyecto de Ley para la reducción de la tarifa del IVA y sus compensaciones tributarias”. Su contenido, según el documento que detalla los planes tributarios, al cual tuvo acceso Vanguardia, va más allá de lo que se ha anunciado hasta ahora. De allí que, por el lado de los empresarios, se esperan certezas sobre las medidas que pudieran aplicarse, pues, a más de que primero debe aprobarlas el Congreso, no hay claridad sobre los rubros a los cuales se gravaría. Aparte, existe una crítica entre los involucrados en el tema: las declaraciones no son políticamente adecuadas, precisamente porque generan especulaciones. Por ello, se menciona, las autoridades, por lo general, no anuncian así las decisiones sino cuando ya se toman. Por el lado político, el Congreso, efectivamente, esperará el proyecto para analizarlo con lupa. Los sectores políticos opuestos a Correa, y aun los que tienen racionalidades económicas distintas, no compartirán el proyecto de Rentas. En general, las medidas que tiene planificadas el Gobierno, hasta ahora, pretenden generar grandes aportes al esquema económico del país, que bordean los 550 millones de dólares. Se entiende que en esa cifra está incluida la posible baja de ingresos al Fisco por causa de las restricciones que pudieran generar los impuestos, si fueran aprobados, en el consumo. Con ese objetivo, el proyecto de Ley, en principio, incluye cinco medidas para incrementar tributos; otras once que apuntan a mejorar las recaudaciones y los controles del pago de impuestos, y una que adecúe los tiempos de cobro del IVA para las empresas que venden a crédito. Además, dos reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno complementarias. En el proyecto (ver el recuadro), en general, existen incrementos en los impuestos a los consumos especiales de bebidas energizantes, de teléfonos móviles y de vehículos de lujo. También en el impuesto a los Activos Empresariales y en el de Estabilización del Mercado Monetario. Carrasco habló de incrementar también el impuesto a los cigarrillos, pero el documento al que tuvo acceso Vanguardia no lo menciona. Sí contiene, en cambio, modificaciones en otros ítems: la tabla de Impuesto a la Renta (IR), en las deducciones por créditos externos, en la tasa de la renta sobre herencias, y en las exenciones a entidades sin fines de lucro que no son tales y en el IVA. En esencia, es un proyecto que implica medidas y reformas que apuntan, principalmente, a incrementar los ingresos para el Fisco aumentando cargas a los sectores que generan y poseen más riqueza en el país. Hasta dónde una reforma de ese tipo puede ser aprobada por el Congreso, es una inquietud que Carrasco no pudo responder la semana pasada. Pero es claro que los legisladores no han sido partidarios de subir impuestos desde hace años. Sí, en cambio, de bajarlos. En tal caso, la reducción del IVA que merma los ingresos en 400 millones, desfinancia al presupuesto. Y no se cumple el objetivo del proyecto, que es compensar la baja de esos ingresos. Sobre esa realidad se encuentra ahora la oferta de campaña de Alianza País. Frente a ella, el ministro de Economía, Ricardo Patiño, mencionó que pudiera obtenerse financiamiento de Venezuela hasta por 1 000 millones de dólares. Un costo alto, según los sectores empresariales y financieros. Sería endeudarse para financiar algo que ahora está cubierto. En tal caso, es preferible, dicen los empresarios, no bajar el IVA, el cual se está consolidando y al cual la población está acostumbrada. Su propuesta es, simplemente, volver más eficiente el actual sistema. El debate, entonces, está planteado. Pero el Gobierno tiene un argumento político que suele funcionar: culpar al Congreso si no aprueba sus cambios redistributivos de la riqueza. |