REVISTA VANGUARDIA Rosario de dudas en las frecuencias | Rosario de dudas en las frecuencias |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 06 de febrero de 2007 | |
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El informe borrador de contraloría revela irregularidades en radio y tv. Da nombres, fechas, tipos de contratos... Los involucrados ya lo saben. La Contraloría General del Estado ya les leyó el informe borrador de 237 páginas, que contiene la investigación que, por un año y medio, determinó los casos de supuesta entrega ilegal de frecuencias de radio y televisión. Entre el 2003 y mayo del 2005, se estableció que el Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones (Conartel) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) otorgaron 168 y 93 frecuencias y autorizaciones, respectivamente, para operaciones de radio y televisión, sin la firma de los respectivos contratos de Ley. El informe detalla, adicionalmente, una larga lista de irregularidades en los trámites, entregas e incluso en manejos de recursos por parte del Conartel. La petición de la investigación fue presentada por el anterior presidente del Conartel, Fernando Bucheli. El ex funcionario apunta que los cambios producidos desde 1998 en el Reglamento Orgánico Funcional del Conartel permitieron hacer “alegres concesiones de frecuencias” a algunas de las autoridades que le antecedieron. Para ello, dice Bucheli, se logró armar una mayoría en el Consejo, donde incluso el voto del Presidente perdió poder. Eso, dice, fue lo que dio más facilidades para tomar decisiones y entregar las frecuencias de manera inadecuada. ¿Cuáles son las denuncias que llevaron a la Contraloría a investigar el tema? Múltiples. Pero los casos más destacados, debido a las características de los supuestos beneficiarios de concesiones, son los de Freddy Moreno, Lenín Andrade y Nabor Reyes. El caso es que estas personas eran miembros del Consejo en el momento en que este organismo otorgó ciertas frecuencias. Freddy Moreno actuaba como presidente del Conartel, en calidad de delegado del ex presidente Lucio Gutiérrez. Ocupó ese cargo entre el 27 de enero del 2003 y el 12 de noviembre del 2004. Apenas Bucheli asumió la presidencia del Consejo denunció que, en esa época, Moreno obtuvo frecuencias para cubrir Tulcán, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Santa Elena, Babahoyo, Portoviejo, Quito, Santo Domingo de los Colorados y Nueva Loja. Andrade también tiene en lista casi 30 frecuencias para radio y televisión, según el informe de la Contraloría. Él fue miembro del Conartel entre el 18 septiembre del 2001 y el 18 octubre del 2003. La entidad de control menciona, en este caso, a la emisora Capital FM, que ya no existe. Ahora opera la radio Más Candela. La Contraloría dice en las conclusiones respectivas que, en algunos casos, se otorgaron frecuencias eliminando y creando resoluciones de políticas de concesión “de acuerdo con las intervenciones que el miembro del Consejo y dueño de (en ese entonces) Radio Capital FM, interesado de la concesión, realizó en la sesión del Consejo”. Algo similar sucedió con Nabor Reyes, conductor en radio Morena, de la empresa Almorán S.A. En calidad de representante en el Conartel por el Ministerio de Educación, participó en la concesión de frecuencias para esa radio, de propiedad del diputado Luis Almeida (PSP), en Machala, la península de Santa Elena y Babahoyo. Reyes fue miembro del Conartel del 9 enero al 14 de junio del 2004 y del 30 de julio del 2004 al 20 de mayo del 2005. En este caso, la Contraloría dice que Almorán era una empresa pesquera, que, además, operaba una radio clandestina en Montecristi. Por tanto, concluye, el Conartel no cumplió los requisitos legales para la concesión dada en Santa Elena, Machala y Babahoyo. Estas observadas concesiones de frecuencias son apenas una parte del grueso informe de la Contraloría. Éste detalla una hilera de lo que considera yerros legales en decisiones sobre el sector de parte del Conartel y, en algunos casos, también de la Superintendencia de Telecomunicaciones. En efecto, el trabajo que se inició el 5 de julio del 2005, analizó la forma de operar del Consejo y llegó a 45 conclusiones. Todas determinan similar número de tipos de acciones irregulares en la gestión. Menciona, por ejemplo, contratos suscritos fuera de tiempo, concesiones otorgadas sin respaldo en los informes técnicos necesarios o aprobadas con base en informes errados. En otras ocasiones se dieron aprobaciones pero sin tomar en cuenta los problemas técnicos generados por la interferencia que pueden provocar las estaciones autorizadas. La guinda del pastel estuvo en la gestión económica: el Conartel creó contribuciones en favor de la Superintendencia, cuando esa era una atribución exclusiva del Congreso. La Contraloría no encontró argumento legal alguno que pudiera dar base a una decisión de gasto de esta naturaleza. En cambio, por el lado de la recuperación de recursos, para diciembre del 2006 la Contraloría encontró que no se habían cobrado 1,6 millones de dólares por concesiones de frecuencias, a concesionarios que estaban en mora. En este caso, el informe explica que no se realizaron los análisis de rigor ni las confirmaciones de los saldos. Y se incumplieron las sanciones de ley para los morosos. El Conartel tampoco mostró eficiencia en el cobro de 66 286 dólares por convenios que dan facilidades de pago, cuyos beneficiarios también estuvieron en mora hasta la fecha del cierre de la auditoría... Estos son algunos de los casos en los cuales la Contraloría encontró irregularidades (otros casos, en el recuadro), que son la base para su informe definitivo. Sin embargo, éste todavía no se ha emitido. El año de plazo que normalmente tiene la entidad de control para dar su dictamen se cumplió hace medio año. Queda, de todas maneras, un tiempo adicional para que las personas a quienes se señala como responsables de supuestos ilícitos en el informe preliminar, puedan presentar nuevos descargos. De hecho, en estos últimos días se los está recibiendo. Basado en esta posibilidad legal, el ex presidente del Consejo, Freddy Moreno, visitó la Contraloría la semana pasada. Él dijo a Vanguardia que lo que se le leyó en diciembre pasado, efectivamente “no es un informe definitivo. Es un borrador que, de acuerdo con Manuel Tapia Tapia, director de Auditoría 1, no tiene ninguna validez como documento oficial”. Aunque el informe es claro, él insiste en que el documento “en ninguna parte establece que se hicieron concesiones de frecuencias al margen de la ley”. No explicó sus argumentos, dijo que la próxima semana pudiera detallarlos, pues en estos días estaba muy presionado por los trámites que debía realizar en la capital. Sin embargo, su versión es que al no existir el informe final y ser sólo de un borrador, se trata de un escándalo sin fundamento. “Desgraciadamente se hizo público el documento sin que haya razón para ello. Es un escándalo mediático armado por alguien que tiene sus intereses mediáticos. Pero no tiene nada de verídico. Todos los que están mencionados deben aclarar su participación y después de eso se emitirá un informe final”. ¿Informe refutable? Sólo la Contraloría puede determinar si sus propias investigaciones transcurridas durante 18 meses, hasta cuando se dio la lectura del borrador (el 27 de diciembre del 2006), estaban erradas. Para llegar a las conclusiones, como destaca el propio informe, se basó en la Constitución de la República, en once leyes y siete reglamentos, que tienen relación con las actividades de control y ejecución del Conartel y la Superintendencia. Existe un elemento adicional y muy especial que atraviesa al proceso de emisión del informe final. Uno de tipo político: si no se da la ratificación o rectificación del informe en estos días, lo tendrá que hacer el próximo Contralor. Y esta tarea depende del Congreso que se posesionó hace un mes. Los riesgos de que se politice el caso no son lejanos. ¿Mera coincidencia? El diputado Luis Almeida es el candidato por Sociedad Patriótica para presidir la Comisión de Fiscalización del Legislativo, sitio clave para examinar a la autoridades. Si la lógica jurídica se mantiene, no es difícil suponer que el resultado será similar. Pero si el informe sale “limpio”, como suele decirse en el argot legal, quiere decir que hubo justificaciones de peso para demostrar una cantidad de equivocaciones de la Contraloría en su proceso de investigación. |