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La paranoia del plan totalitario PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 13 de febrero de 2007

La cercanía con Chávez inquieta a los centros de poder: Acusan a Correa de tener un libreto escondido. Los analistas consultados por Vanguardia no lo creen. El debate apenas empieza

 

Los sectores de poder están preocupados. Y la semana pasada volvieron a hablar de la emergencia y del peligro que acechan al país. El ex presidente Lucio Gutiérrez señaló el motivo, en forma paladina, al decir que Rafael Correa “tiene un libreto escondido para imponernos un proyecto internacional totalitario y violento”.

Esas son palabras mayores. Palabras que se repiten en los correos electrónicos, las intervenciones de algunos gremios, los debates en el Congreso y en los medios de comunicación. ¿Qué hechos sustentan las afirmaciones de que un proyecto totalitario, de tipo chavista, está en camino en Ecuador? En general, analistas independientes y detractores del gobierno coinciden en señalar algunos: la amistad del Presidente con Hugo Chávez. Los actos simbólicos protagonizados por ellos y Evo Morales en Zumbahua el 14 de enero. El recurso a los mecanismos usados por el presidente venezolano: la Asamblea Nacional Constituyente, las movilizaciones populares para apoyar sus tesis, las políticas de subsidio en salud, educación y vivienda, una retórica similar... Para políticos del Prian, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana esas son señales inequívocas de que Rafael Correa es un clon de Chávez. Y de su régimen totalitario.

Ninguna de las personas entrevistadas por Vanguardia (ver recuadros) coincide con esa tesis. “Hechos fácticos sobre totalitarismo no encontramos ninguno”, dice Gonzalo Noboa Baquerizo, presidente (e) de la Junta Cívica de Guayaquil. En el mismo sentido coinciden Gaitán Villavicencio, columnista de Expreso, Benjamín Rosales, columnista de El Comercio, Joaquín Hernández, columnista de Hoy, Emilio Palacio, editor de Opinión de El Universo, Augusto Barrera, Concejal de Quito, Farith Simon, catedrático de la Universidad San Francisco... Pero todos endosan responsabilidades a Rafael Correa por haber enviado mensajes, implícitos o explícitos, que han generado la imagen de un presidente apadrinado por Chávez. Su capacidad para generar conflictos y su intolerancia –Emilio Palacio insiste en ese punto– han subrayado esa realidad.

Agusto Barrera incluso cree que el Gobierno saca partido de esta polarización que da réditos en una campaña pero que es contraproducente en una acción de gobierno. Como quiera que sea, la palabra totalitarismo luce exagerada entre estos analistas. “No creo que el gobierno de Correa piense estatizar la economía o expropiar tierras –dice Palacio–. El plan económico, por el momento, a mediano y largo plazo, al que más se podría asimilar es al de Néstor Kirchner”. Una cosa serían los discursos, otra las prácticas efectivas.

¿De dónde surge, entonces, esta suerte de paranoia que se ha apoderado de algunos centros de poder? Benjamín Rosales encuentra la respuesta en “la actitud condescendiente del Ministro de Gobierno y de la Policía, respecto de las manifestaciones violentas, tipo fascistoides, de algunos grupos contra organismos del Estado. Esas prácticas pueden dejar un mal sabor en el ambiente, pero el Presidente no ha manifestado esas intenciones”.

Palacio señala “a las mafias políticas que ven en el tema del totalitarismo el discurso apropiado para desacreditar la política del régimen”. Joaquín Hernández ve en esa paranoia el reflejo de la cultura política tradicional del país: “la derecha es proclive a ver conspiraciones en todas partes. Y la izquierda al martirologio”.

Más allá de los discursos, hay dos interrogantes que nutren este debate: ¿Tiene Rafael Correa el aparato para imponer un supuesto régimen totalitario? ¿Y tiene el equipo para hacerlo? En Venezuela, su aliado natural, el cuerpo del cual salió, fueron las Fuerzas Armadas. ¿Ese escenario es posible en Ecuador? No, si se mira el pasado inmediato y la decisión de los militares, claramente expresada durante la administración de Oswaldo Jarrín, de sacar totalmente a los militares de la política. Por eso llamó la atención la decisión –expresada en su momento por la ministra Guadalupe Larriva– de incrementar el papel de los militares en el trabajo comunitario. Lorena Escudero, su sucesora, ratificó ese discurso, legal según la Constitución pero anticuado a la luz de la modernización que requieren las Fuerzas Armadas.

Una fuente militar, que pidió no ser citada, dijo a Vanguardia que Correa se equivoca si apuesta a usar políticamente a las Fuerzas Armadas. Los militares aún no se deshacen del pasivo que, en ese sentido, dejó Lucio Gutiérrez. En este campo hay un debate que recién empieza y que en esta edición plantea Vladimiro Álvarez (ver su columna).

Lo único cierto, por ahora, es que la estructura de Alianza País parece un cascarón. Y que el deseo de crear 50 mil comités de base o barriales es, por ahora, eso: un deseo. Se vio en la movilización del martes 30 de enero cuando Carondelet logró sacar a las calles menos de 4 000 personas en Quito. Y esto con la ayuda del MPD, la Fenocin y Paco Velasco con radio La Luna. El Gobierno apuesta a la movilización para contrarrestar a la oposición. Pero en los movimientos sociales –cuenta Barrera– hay serias dudas sobre su capacidad para estructurar ese apoyo.

Y sobre todo para mantenerlo (a pesar de los bonos) debido al natural desgaste que sufren los gobiernos.

En cuanto al equipo del Presidente luce inexperto, improvisado, idealista y, según sus adversarios, irresponsable.

Hay en su entorno chavistas convencidos, como René Vargas Pazzos, o izquierdistas exaltados como Alexis Ponce. Pero de allí a ver en Gustavo Larrea, Alberto Acosta, Ricardo Patiño, Vinicio Alvarado, Mauricio Dávalos, Fernando Bustamante, María Fernanda Espinosa... personas aptas y dispuestas para proyectos totalitarios, hay un enorme paso. Que los entrevistados por Vanguardia no dan. “No veo esa intención ni en el Presidente ni en sus colaboradores”, dice Benjamín Rosales. Gaitán Villavicencio va en la misma línea: “No veo gabinete ni equipo destinado a planificar el totalitarismo.

Hay improvisación, ¿pero cómo podemos inferir que son totalitarios? Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Emilio Palacio va más lejos pues cree que “la base social de Rafael Correa está compuesta por gente que no cree en el totalitarismo. Él tiene esa contradicción”. Y es tan real este hecho que Augusto Barrera, formado en los movimientos sociales, no ve en el régimen intención alguna de generar un partido hegemónico. Pero encuentra desafortunada la creación de una secretaría de movimientos sociales que estará bajo el mando de Manuela Gallegos. “En ningún lugar conozco una instancia oficial que intente conducir o coordinar burocráticamente espacios que le han costado años al movimiento social”. Dicho de otra forma, si el régimen de Correa quiere estatizar a los movimientos sociales, encontrará en ellos una firme oposición. Ese esquema implicaría una disolución que los movimientos sociales no parecen listos a admitir.

En ellos el nuevo régimen encontraría una muralla si acariciara alguna veleidad autoritaria. Pero hay otras.

La presencia, por ejemplo, de fuertes gobiernos locales. Ese es un contrapeso que suple, con creces, lo que no puede hacer, por su impopularidad, el Congreso Nacional. Esto ha dado lugar a un fenómeno político inclasificable pues muchos alcaldes y prefectos son políticamente inmunes ante la crítica a la partidocracia. Además han creado lazos de amistad y colaboración institucional por fuera de los códigos que manejan sus partidos. Esto incide en su eficiencia y explica, en parte, la adhesión de sus comunidades que se traduce en una alta aceptación por parte de sus electorados. Lo demuestra el hecho que en las últimas elecciones hayan salido reelectos 80 alcaldes y 10 prefectos.

“Cualquier intento totalitario no sólo encontraría un fuerte rechazo de los gobiernos locales –dice Benjamín Rosales– sino de los movimientos cívicos y autonómicos”. Los manifiestos y mandatos elaborados por las Asambleas (de Quito y Cuenca), las marchas en épocas de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, las manifestaciones multitudinarias en la 9 de Octubre en Guayaquil, las consultas ganadoras a favor de la autonomía... no sólo muestran la rica variedad del país: prueban que frente a cualquier amenaza, el país se rebela, crea un contrapeso al poder central. Este hecho es un activo de la democracia nacional. Y esos grupos que se mueven alrededor de las autoridades locales (universidades, radio y Tv. Junta Cívica, juntas parroquiales, colegios de profesionales, cámaras de la producción, Iglesia....) han probado que pueden reaccionar en cualquier momento. Los apoyos incondicionales que pudiera encontrar el gobierno de Rafael Correa parecen escuálidos: su movimiento tiene una presencia mínima en los organismos seccionales.

Además, Ecuador no es Venezuela. Y en este plano hay diferencias insuperables de historia, cultura, economía... “parece difícil –dice Adrián Bonilla, director de la Flacso, al explicar algunas de ellas– que en el plano nacional se pueda replicar el modelo venezolano”.

Es decir, si Ecuador no es Venezuela, si no hay aparato ni equipo para implantar un régimen autoritario, ¿hay un imaginario político favorable al modelo de Chávez? Los sondeos de Vanguardia–Informe Confidencial (ver sondeomanía), muestran que los ecuatorianos no le dan mucha confianza al presidente venezolano. Y su régimen sale perdiendo cuando es comparado con el que impera en países como Chile.

En este sentido, la afirmación de Jaime Nebot de que los inmigrantes viajan a Estados Unidos o a España, pero no a Cuba o Venezuela, se inspira en un hecho cierto: la gente quiere reformas pero no una dictadura. Ni un dictador.

Bonilla anota que “normalmente lo que se ha constituido en Ecuador son coaliciones de caudillos, no fuerzas políticas de carácter homogéneo”. E incluso en ese plano, encuentra diferencias abismales entre las personalidades de Chávez y de Correa. “Si bien ambos son izquierdistas, ambos nacionalistas, el uno es militar y Correa es economista, graduado en Estados Unidos. Creería que habiendo la expectativa de que Ecuador y Venezuela tengan una muy estrecha vinculación en el plano de la retórica y de la política exterior de cara a terceros actores y organismos internacionales, no quiere decir que el gobierno ecuatoriano vaya a ser igual que el gobierno venezolano en economía y política”.

Por todo esto, el debate hecho por los partidos tradicionales contra Correa la semana pasada, parece más un acto de paranoia que un ejercicio responsable de oposición política. El gobierno parece tan responsable de esa paranoia (por sus silencios y sus mensajes cruzados) como los centros de poder. Y entre los dos han creado un ambiente absolutamente negativo para situar la discusión política donde debe estar: en propuestas concretas que nutran un debate democrático sobre los modelos que se ofrecen al país. Es lo que reclaman, casi en coro, los entrevistados por Vanguardia. “El Gobierno –dice Gaitán Villavicencio– debe explicar el plan de Gobierno. Debe comenzar a plantear un camino dentro del cual es importante ponernos de acuerdo sobre la agenda de la asamblea. Ésta no puede ser un cheque en blanco”.

Plantear un camino es primero que todo desvirtuar el modelo Chávez que el Presidente ayudó a anclar. Ninguno de sus ministros admite relación orgánica alguna con lo que pasa en Venezuela.

Pero este gobierno no ha hecho una disección de los contenidos concretos de la política que piensa seguir. Hay pistas que han dado, también en esta revista, algunos funcionarios como Gustavo Larrea, Ricardo Patiño, Carlos Marx Carrasco o Mauricio Dávalos (en este número). Pero el debate nacional ganaría –en eso coinciden las fuentes entrevistadas– si el régimen dice lo que hará exactamente en el sector energético, en el campo tributario, con la descentralización o las autonomías, en las aduanas, en la agricultura, en la producción y el empleo, en las Fuerzas Armadas... en la reforma política. “Esas son las preguntas que debiéramos hacernos –afirma Augusto Barrera– para abandonar esta búsqueda de fantasmas y esta construcción de discursos maniqueos que le proponen al país muchos sectores de la derecha”.

La paranoia ha radicalizado posiciones y evitar un análisis más técnico, más sereno y constructivo sobre propuestas plenamente identificadas y explicadas.

La paranoia también ha favorecido la desinformación pues circulan textos y mensajes electrónicos destinados más a angustiar que a esclarecer.

No sólo la oposición pretende beneficiarse de este clima. “El debate tan polarizado –afirma el concejal quiteño– puede terminar siendo una especie de coartada para el gobierno para no explicar la naturaleza concreta de sus comportamientos políticos y programáticos”.

Además crea un contexto maniqueo que favorece la campaña electoral en torno a la consulta y a la asamblea constituyente. Pero que esquiva su esencia: propuestas constructivas y viables para un país que se debate en una maraña de incertidumbres.

¿Puede esto cambiar? Adrián Bonilla no lo cree. “Esto va a durar lo que dure el gobierno del presidente Correa. Durará su identificación con el presidente Hugo Chávez y el uso de su identificación para fines propagandísticos, tanto de los que le apoyan como los que le contradicen”. Así la paranoia actual pudiera convertirse en coartada política de lado y lado.