Los poderes se desconocen. Ejecutivo, Corte, Congreso, TC ... interpretan la ley a su antojo.

Las escenas se repiten en algunas dependencias oficiales: manifestaciones, cadenas, huelgas de hambre, ocupación de locales... Este ingrediente, característico de la democracia tumultuaria, inaugura otro capítulo de la pugna de poderes. No sólo agrava la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo, la Función Judicial y otros organismos del Estado. Deja fuera de juego la ley y hasta la propia Constitución y consagra a la calle como el factor decisivo para dirimir los conflictos. No hay, entonces, supremacía alguna del derecho.

Tampoco última instancia que los ciudadanos (afectados o beneficiados) respeten. Hay interpretaciones que se superponen, el recurso de la fuerza y una Policía a la cual el poder político pide volverse, según las circunstancias y las convencias, más o menos ciega. La desinstitucionalización del país también está en esa rotura provocada de los engranajes institucionales.

Vanguardia analiza cuatro casos que muestran esta realidad y que prueban que, aún cuando se arreglan los entuertos, se hace en detrimento de la ley  

1. JUSTICIA El TC interfiere en la Corte
Dos instituciones de última instancia están trabadas en una guerra sin retorno: la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional.

El motivo tiene fecha: 25 de octubre del 2006. Ese día Rosa Cotacachi y Xavier Arosemena, vocales del Consejo de la Judicatura fueron destituidos. La Corte los acusó de bloquear la reestructuración de las cortes superiores y de no presentar el archivo acusatorio en contra del dirigente sindical Luis Muñoz.

Cotacachi y Arosemena recurrieron a un juez de Manabí para interponer una acción de amparo, que llegó al Tribunal Constitucional (TC). Éste les dio la razón. ¿Por qué intervino el TC en este asunto? ¿Por qué acogió un amparo que fue presentado fuera de jurisdicción? La Corte pidió una ampliación del fallo y mencionó la posibilidad de imdemnizar a los supuestos afectados.

La Fenaje, para estar al son con la democracia tumultaria, quiso torcerle la mano a la Corte: un grupo de sindicalistas irrumpió en el edificio de la Judicatura. La Corte destituyó a seis dirigentes que participaron en esos hechos de los cuales la Policía, presente, se enteró después.

2. FISCALÍA El tiro por la culata
El Prian, el PSP y el PSC no quieren organismos de control independientes. Esa obsesión los ha llevado a provocar una pugna de poder con la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del Fiscal General.

En este culebrón, los tres partidos ganaron el primer round. A la carrera nombraron a Francisco Cucalón quien no tuvo ni oficina ni escolta oficial. Ese capítulo no se cerró jurídicamente, el 31 de enero, sino gracias a la oposición del Ejecutivo, que reprodujo la democracia tumultuaria que impidió ingresar a Cucalón al Ministerio Público.

Cecilia Armas, esgrimiendo razones supuestamente legales, asumió ese cargo el 5 de febrero. El paro en las dependencias de Pichincha le ha impedido ingresar a la Fiscalía. Pero ella despacha.

Su gesto no ha parado la pugna de poder. El Ejecutivo y la Corte sostienen que el Congreso debe nombrar fiscal de la terna enviada por el Consejo de la Judicatura. Tras tres semanas de resistencia, el Prian, el PSP y el PSC parecen resignados a escoger, esta semana, entre Washington Pesántez, Fausto Peralta y Jorge German. Si así sucede, no se sabe qué efectos tendrán los pronunciamientos de Cecilia Armas.

3. CONSULTA Lo político eludió lo jurídico
La consulta popular ya causó una primera víctima: la ley. En efecto, la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que duró casi dos meses, culminó, el 13 de febrero, cuando la secretaría del Congreso notificó al TSE que puede hacer la convocatoria oficial. La bronca había comenzado semanas antes de que Correa se instalara en Carondelet.

Tres hechos destrabaron el problema: los sondeos que dicen que 80 por ciento de ecuatorianos es favorable a la consulta. La democracia tumultuaria expresada en tres marchas —una contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y dos contra el Congreso— con intentos de apoderarse de las instalaciones de ambos organismos. Y la amenaza, hecha por el Presidente, de instalar un tribunal ad hoc —totalmente ilegal— para reemplazar al TSE.

La salida fue política y tanto el Ejecutivo como el Legislativo volvieron a violar la ley. Se adujo el artículo 283, cuando el Presidente había recurrido al 104. Además no se presentaron, como indica el 283 de la Constitución, los textos de reforma legal. Ahora el máximo organismo electoral debe negociar con el Gobierno unas normas mínimas para la inscripción de candidaturas.

El Congreso eliminó el requisito de la recolección de firmas violentando esta vez la Ley de Elecciones. Su objetivo fue mostrar que el Ejecutivo no consiguió todo lo esperado.

4. PROCURADURÍA Otro encontrón en camino
La Procuraduría del Estado apunta a ser la nueva pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Congreso dice que esta semana nominará a esa autoridad, pero todo depende de la mayoría que pueda constituirse. Esa institución también es codiciada por los partidos.

El PSC y el Prian han dado, hasta ahora, las muestras más claras. Esas agrupaciones se oponen a que el Gobierno intente cambiar la terna que envió porque, de hacerlo, se encontraría fuera de los plazos legales. Y Correa tiene la presión del PRE y de la ID, que hacen parte de la actual mayoría, y que le piden cambiar la nómina. Ellos consideran que Arturo Donoso (segundo de la lista) tiene conflictos con el Estado y no debía ser postulado.

El Ejecutivo no ha dado señales de querer cambiar a los candidatos. De hecho confía en que el Congreso escoja entre Javier Garaycoa Ortiz, Donoso y Raúl Moscoso Álvarez.