El Gobierno busca cambiar a la entidad. Pero ésta arrastra males hasta ahora insalvables.

El Gobierno ha hecho una apuesta que luce retórica o faraónica: cambiar la Policía. La primera señal fue la remoción de la cúpula.

Un gesto más mediático, y quizá más político, si se examina lo que dicen los estudiosos de esa institución.

Rafael Correa tiene algunos puntos a su favor: la buena relación que posee el actual comandante con Estados Unidos. Apoyos externos y contactos con la academia. Las propuestas de Ley que se vienen trabajando desde hace algunos años... ¿Es eso suficiente para tener éxito donde otros han fracasado? Vanguardia presenta los puntos hasta ahora insalvables en la Policía.

 1. La política Una rueda suelta

Cuando se habla de Policía y política, salta inmediatamente un problema: el Ministerio de Gobierno no ha controlado a esa institución. Pocos quieren reconocerlo públicamente pero ese déficit político ha sido histórico.

No sólo ha faltado voluntad política. Los ministros cambian tan rápido que no hay con quién hacer planes. Además, la inestabilidad y la debilidad política impiden ejercer plenamente la autoridad en una institución que necesita una urgente reingeniería.

El primer resultado de ello ha sido el deterioro de algunas áreas de acción policial. El segundo: la concepción de que nadie debía intervenir en la gestión policial. Esto creó una mentalidad de poder autónomo, de rueda suelta.

Así reconocen a Vanguardia autoridades anteriores y actuales de la Policía, analistas y políticos del Gobierno. En ese marco, no ha habido rendición de cuentas. El poder político no sabe los recursos exactos que recibe la entidad ni en qué consisten. También ignora todos los acuerdos que tiene suscritos y con quiénes los ha hecho. Tampoco hay, dicen analistas como Olaya Hanashiro y Daniel Pontón, mecanismos de control desde la sociedad. No hay una Comisión de Seguridad Pública en el Congreso ni peso real en las intervenciones de la Defensoría del Pueblo. La Ley de Seguridad Ciudadana duerme sin ser tramitada desde hace un año en el Legislativo. En la práctica, y pese a las disposiciones de la Constitución, no se pueden hacer los controles de la Policía.

Ni siquiera la Fiscalía los realiza. Ese es el escenario que tiene el actual Gobierno. Y eso explicaría, en parte, la salida de diez generales antes de llegar hasta Bolívar Cisneros, quien fue designado por el Presidente como comandante general. Éste dijo aVanguardia que su labor principal será afrontar los cambios, la modernización y la depuración que demanda la sociedad. Concretar esa transformación requiere de mucha voluntad política.

Más aún si se trata de encaminar propuestas que van más allá del Plan de Modernización de la misma Policía. Una es crear una Unidad Especial que tenga contacto directo con la Presidencia, con poder y capacidad de injerencia sobre el sistema carcelario, las intendencias, la Subsecretaría de Transporte, el Registro Civil. Experiencias y asesorías puede haber de Chile, México, Brasil, España... Pero el destino de la Policía está directamente ligado a la calidad de vida de la población. Eso redunda en niveles de educación y de necesidades económicas que también se reflejan en el cuerpo de seguridad interna.

2. La corrupción ¿Mancha imborrable?
Los casos Caranqui, Cabrera... son los más visibles. Pero en la Policía es muy conocido que en Tránsito, trámites de licencias, de récord policial, ha habido corrupción. Lo mismo opina la sociedad. El sondeo Latinobarómetro 2004 publicado en Ciudad Segura (4) revela que Ecuador ocupa el cuarto lugar en la lista de países latinoamericanos en los cuales hay mayor probabilidad de sobornar a la Policía.

Quienes han estado al mando de la institución lo saben. Dijeron a Vanguardia, a condición de no ser identificados, que la Inspectoría y la Oficina de Asuntos Internos no han funcionado adecuadamente. Saben que no hay oportunidad, por ejemplo, para intervenir cuando el nivel de ingreso de un oficial o un miembro no justifica todo lo que tiene. Y que eso sucede porque muchas veces, en esos cargos de control, no ha habido gente suficientemente preparada. Allí debieran estar oficiales superiores, con cargos de responsabilidad y preparación para hacer los seguimientos del caso.

El actual comandante general, Bolívar Cisneros, no evade su responsabilidad. Dice que tiene una dura tarea, en especial sobre las investigaciones internas de la Inspectoría. “Los elementos que cometen ilícitos no lo hacen solos, necesitan de otras personas que los ayuden. La investigación de tantos casos que ha habido es una misión difícil, pero necesaria y urgente”. Y va más allá: “no podemos permitir la impunidad, que por cualquier situación de Unidad, personal, por compañerismo o espíritu de cuerpo, se deje sin sanción. Queremos dar la señal a los miembros de que seremos lo suficientemente profesionales y severos para sancionar”.

La nueva cúpula policial habla de establecer una voluntad institucional para una mejor supervisión. Pero antes evaluará el funcionamiento en asuntos técnicos, legales, organizacionales, de seguridad de documentos... Por otro lado, hay expectativa sobre la posibilidad de que los Juzgados de Policía pasen a depender de la Justicia Civil. “Eso nos deslinda –dice Cisneros– de la administración propia que ha sido muy cuestionada, de ser juez y parte”.

Lo que está claro es que el gran reto de la cúpula es demostrar que la institución toma la vía de la depuración. En eso, la sociedad también tiene un papel importante, tanto exigiendo a través del Congreso y organismos civiles los controles necesarios, cuanto evitando promover la corrupción.

3. El costo–beneficio Más plata, pocos resultados

Más policías con más recursos no es sinónimo de más seguridad. Según la encuesta Enaccpol del INEC 2005, analizada por Flacso en el boletín Ciudad Segura (4), el 72,6% de consultados dijo tener poca o ninguna confianza en la Policía. Para el 37,9%, el principal problema es la inseguridad y para el 72,2, la delincuencia aumentó. Otro indicador: hay 800 empresas de seguridad privada (de ellas, 400 son informales) con unos 38 000 miembros.

Conclusión: la situación de seguridad no ha mejorado a pesar de los aportes de las cámaras, municipios, el Estado y la cooperación externa para la Policía. El presupuesto del 2006, según la Dirección Financiera de la entidad, fue de 456,5 millones de dólares. Pero un 93 por ciento fue gasto corriente. ¿Cómo opera entonces? Gasolina, chalecos, cuartelillos, por ejemplo, han sido financiados en la capital por el Municipio de Quito, que durante tres años aportó 11 millones de dólares.

Guayaquil ha hecho algo parecido. Es clave también el aporte de la Sección Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos. Desde el 2001 destinó 80 millones, gracias a la Iniciativa Andina Antinarcóticos para puestos de control, vehículos, perros, equipos de radio, alimentos (nunca armas)... Y para movilización de la Policía dentro del país y de FF.AA. en las fronteras norte y marítima. Y algunos programas de capacitación y asistencia técnica para la Policía Judicial, la Unidad de Investigaciones Financieras y para el sistema de Justicia.

En la última década las asignaciones presupuestarias para seguridad pasaron de 800 millones a 1 300 en el 2006 (FF.AA. 49%; Policía 40% y Justicia 11%). Así, el gasto por habitante para servicios de seguridad bordea los 100 dólares anuales, según el análisis de Pablo Salazar y Alexandra Lastra (Ciudad Segura 5). ¿Por qué entonces los problemas de control antidelictivo y en Tránsito? Una de las razones es, precisamente, el mayor énfasis que se ha dado a la lucha antinarcóticos. Y de hecho allí se ven más resultados: las capturas que en el 2004 fueron de cuatro toneladas, en los siguientes años se multiplicaron por 10. Otra es que el número de policías que casi se duplicó de 22 000 en el 2001 a 39 461 en el 2006, no ha sido proporcional a la calidad del servicio. La propia institución reconoce que hay un peso burocrático excesivo.

Estados Unidos tiene sus razones. Los cambios de personal debieran medirse más. Según el grado y el servicio debiera haber más especialización. Eso evitaría, además, posibles fugas de información. En cuanto a policías desertores, la cifra no es muy preocupante, pues fueron 69 en el 2005 y 47 en el 2006. El rango más alto fue el de sargentos. Pero en cuanto a bajas, sí hay de todos los grados y fueron 760 en el 2006 y 783 en el 2005.

En la Embajada de EE.UU. también se observa que falta oportunidad en la actuación para responder ante un crimen, llamar al médico, proteger el área y las evidencias... Ante eso, el Gobierno se propone trabajar en inteligencia antidelictiva. Ahora se investiga sólo una vez que se ha cometido el delito. La idea es detectar la delincuencia desde su formación para neutralizarla.

4. El Entorno Años de aspiraciones

Con sueldos desde 350 dólares, los policías son presa fácil de la corrupción. Cuando un policía es trasladado, tiene que pagar arriendo, transporte, alimentación... Uno de ellos comenta que muchas veces se busca un segundo hogar donde, además de afecto, se pueda lavar la ropa y tener comida. Los pases generan ansiedad y en la institución eso se sabe. No se asimila la separación y hay propensión a la desintegración familiar. Además, el gasto se duplica y eso “podría iniciar un proceso de corrupción”, dijo a Vanguardia el departamento de Bienestar Social.

Éste ayuda en los problemas legales de reconocimiento de menores de edad. Ese es un síntoma del entorno en el cual se desarrolla un policía. Pero hay otros: Bienestar Social, que trabaja con 41 trabajadoras sociales, tiene programas para tratamiento de problemas de deudas, disfunción conyugal, autoestima y empoderamiento para las mujeres por casos de violencia intrafamiliar.

Oficialmente, un 80 por ciento de miembros no tiene techo propio, aunque hay planes con cerca de 600 viviendas en ocho ciudades. Cierto es que también hay otros apoyos: crédito en el comisariato (hay 22 en 17 provincias), en el hospital y algunos centros infantiles. Pero también hay una recarga en el servicio, pues trabajan casi todos los días y en ciertos casos hay quienes dan el servicio hasta 12 horas diarias o más. Quienes están mejor son los jubilados. Sólo en inversiones el Servicio de Cesantía de la Policía tiene 37,4 millones de dólares a diciembre del 2006. Y el Instituto de Seguridad Social de la Policía tiene 81,6 millones. Además, unos 60 000 afiliados recibirán 42,3 millones del presupuesto este año.

Pero la demanda mayoritaria, acogida por la Comandancia General, es que hay una urgente necesidad de horizontalizar la institución. De que haya líderes institucionales, no individuales ni grupales. De que se cambie la actitud para respetar los derechos humanos. De que los pases sean más analizados y evaluados según el aporte que ha dado el policía en el sitio de servicio... Para ello se requieren reformas a Ley de Personal y a la Orgánica de la Policía.

Pero también se necesita elevar el nivel de formación humana, cultural y técnica de los miembros. Y ya se piensa en una universidad. Eso redundaría incluso en mejores técnicas de investigación, de pesquisa y criminalística. La inserción de la mujer ha sido provechosa. No hay mediciones pero hay la percepción de que ellas han modificado el entorno policial. Ese ocho por ciento de policías (2 905 mujeres al empezar el 2006), ha generado otra actitud hacia el ciudadano y hacia las cúpulas.

5. Los vínculos sociales La desconfianza reina

La Policía es una clase sándwich. Es la que debe responder ante el Estado y estar en contacto con la sociedad en su conjunto: mercados, municipios, ministerios, cárceles, tránsito, salubridad, etc. Precisamente por esa relación es la institución que refleja al Estado y sus problemas: corrupción, autoritarismo, clientelismo, desconfianza...

La encuesta Enaccpol del INEC revela que 58,3 por ciento de consultados ve poco comprometida a la Policía con la comunidad. Pero ésta también tiene su papel. En el tráfico de personas, por ejemplo, se necesita una red desde donde salen los emigrantes hasta la capitanía del puerto, por donde se van las personas, por lo general, pasadas las 22:00. Se necesitan empresas de transporte, hoteles, alimentos, embarcaciones...

¿Cómo cambiarlo? El Gobierno se plantea una Policía que modernice sus estructuras y elimine su subcultura militar. Que desarrolle un modelo más cercano a la sociedad y sus demandas. Que analice los problemas de la comunidad y planifique con ella la prevención de delitos. Que estudie la cosmovisión del sitio donde va a servir y se relacione adecuadamente. En síntesis, que tome un carácter más civil.

Pero no se ha evaluado a fondo la relación de la Policía con la comunidad ni con los gobiernos locales. Daniel Pontón, de la Flacso, afirma que entender a la Policía conlleva saber que “se desenvuelve en un sistema social y político altamente excluyente e inequitativo. La dificultad de concebir una policía civil es producto de ese problema histórico ya que se privilegia el control, la represión y la prevención”.

Eso la vuelve rígida, vertical, obsoleta y totalmente hermética. La prueba es que ningún civil la conoce realmente.