REVISTA VANGUARDIA El Congreso volvió a perder otra oportunidad | El Congreso volvió a perder otra oportunidad |
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| Marco Albuja | |
| martes, 27 de febrero de 2007 | |
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La elección de parte de las autoridades de control fue constitucional. Pero los diputados no se esfuerzan por ganar la confianza social. La elección del Fiscal, el Contralor y el Superintendente de Compañías deja un balance negativo para el Congreso. Aunque las nominaciones son apegadas a derecho, no lo están a la justicia ni a las expectativas ni a la ética política. Esto no significa que los funcionarios designados no cumplirán con su labor, pero estarán supeditados a sus nominadores, al Parlamento y a sus amistades político-partidistas, por lo cual pudieran ser susceptibles de presiones para perseguir o perdonar, para desquitarse u olvidarse, para realizar sus funciones con dedicatoria a personas o instituciones. Todo esto se puede hacer dentro de la ley, porque no hay que violentarla para sesgar su aplicación. Por eso es urgente romper el vínculo entre autoridades nominadoras y los nominados, que deben ser independientes. De lo contrario, la actuación de esta semana se multiplicará las veces que sea necesario para tranquilidad de los que defienden la inmovilidad y el statu quo. Hay una lección que también queda: todo lo que no sea transparente y público está mal, porque afecta el espíritu de responsabilidad social con que se debe actuar desde las esferas del poder. En cualquier país del mundo es imprescindible, para lograr la gobernabilidad, el consenso de voluntades políticas –o si se quiere llamar negociación–, pero ésta tiene que ser pública. Es plausible que las últimas decisiones del Congreso hayan sido por consenso, pero el problema es que no sabemos qué hay detrás, qué cedieron y qué ganaron los partidos que intervinieron. Hay dos formas para designar a un funcionario público. La una mediante concurso público y abierto de oposición, donde quien obtenga mayor puntaje es designado directamente y no hay nada más que hacer. La otra es la actual: el Congreso o el Presidente de la República designa de una terna, que fue elaborada por voluntad política o con base en un concurso público. Los candidatos una vez formada la terna, ya no tienen puntos, están en igualdad de condiciones, y eso es lo que tenemos que aceptar, pues la puntuación es solamente para formar la terna y no tiene peso para la designación final. En la mayoría de países de América, el Congreso o el Presidente de la República designa directamente a estas autoridades, sin concurso previo, con fundamento en la confianza o legitimidad que tienen las autoridades nominadoras. En nuestro país, la desconfianza en las autoridades y la mala experiencia en el manejo del Estado, nos dicen que el vínculo entre la autoridad que designa y el funcionario designado es, por decir lo menos, peligroso y que debemos romperlo con base en el escogimiento técnico, con fundamento en los méritos profesionales y éticos de los aspirantes, sin que las funciones del Estado pierdan su derecho de control sobre los designados. El Congreso no debió restringirse a seguir la norma legal, sino decidir con base en la responsabilidad social y la expectativa ciudadana de transparencia. Ésta era la gran oportunidad del Congreso para designar a personas que no estuvieran vinculadas al activismo político partidista. No se si sólo el contralor, Carlos Pólit, tenga vínculos con los partidos, pero la percepción es que las tres autoridades nominadas se deben a una negociación que no fue explícita y, por lo tanto, hay desconfianza. Estamos maniatados por la Constitución y las leyes vigentes que responden a realidades sociales anacrónicas. Hay países donde sería impensable hacer un concurso para designar autoridades, porque la ciudadanía percibe que quien hará la designación tiene la suficiente legitimidad para escoger una persona honorable y profesional, pero ese no es nuestro caso. La conciencia ciudadana se ha fortalecido en estos tiempos, pero las normas legales no favorecen su accionar. Las veedurías ciudadanas recién están en formación y no tienen más instrumento de presión que la opinión pública, por eso se deben incrementar las normas legales obligatorias de los procesos de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda seguir la pista de la conducta de los y las funcionarias. |