REVISTA VANGUARDIA El enredo que nadie entiende | El enredo que nadie entiende |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 06 de marzo de 2007 | |
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Los herederos Nuques lograron levantar un caso muerto. Pero para el SRI sigue muerto. Demanda tras demanda, juicio tras juicio, el caso Nuques ha muerto y ha revivido desde 1967. Y todo parece indicar que así seguirá. Empezó como un juicio coactivo de la entonces Jefatura Regional de Rentas de Los Ríos, contra los herederos de José Nuques. En ese tiempo, por un millón de sucres, o sea, unos 41 000 dólares. Para esta fecha, el problema se multiplicó por mil. No sólo en montos sino en trámites legales, involucrados, conflictos y dudas. Incluso ha tocado ya el plano personal y hasta ha llegado a las instancias políticas. Paradójicamente, los protagonistas actuales son el anterior director del –ahora– Servicio de Rentas Internas (SRI), Alberto Cárdenas, y el actual, Carlos Marx Carrasco. Detrás de ellos hay dos grupos de abogados, resoluciones del Tribunal Fiscal, un acuerdo de mediación arbitral, incluso cuatro fallos de casación de la Corte Suprema de Justicia y nuevas demandas y contrademandas, desde que los herederos pidieron la nulidad del proceso. Esto sucedió recién después de 30 años de aquella decisión de la Jefatura. Pero Rentas dio por muerto el caso, después de que recibió, en 1998, el primer fallo de la Corte Suprema. Ésta aceptó la nulidad del proceso coactivo, pedida por los Nuques. Para el SRI eso implicaba, simplemente, dar de baja los títulos de crédito y retirar la acción de cobro. Y punto final. Pero el abogado de los Nuques dio otro hálito al tema. Basado en un considerando del tercer fallo de la Corte Suprema, logró un peritaje que determinó que el SRI debía indemnizar a sus defendidos con 43 millones de dólares. Según el Servicio de Rentas, el Tribunal de lo Fiscal declaró nulo ese peritaje y la Suprema ratificó eso el 7 de junio del 2006, en el cuarto fallo, donde incluso se menciona que se trata de una “cosa juzgada”. Contrario a cualquier lógica, el caso revivió del todo: la administración de Cárdenas entendió que esa nulidad implicaba que Rentas debía pagar a los herederos. Es más, ese argumento le ha servido para promoverse como un justiciero que no acepta los perjuicios que causa el Estado. Por eso pretende –dice– lograr que se siente un precedente para hacer que los responsables de Rentas que no pagaron a tiempo a los Nuques e hicieron que esa deuda crezca, ahora paguen. Tanto cree en esa causa, que en la penúltima semana de su administración, el 3 de enero, pidió un pronunciamiento del Procurador para hacer una mediación con los herederos. El 8 obtuvo el aval y el 9 firmó el acta en la cual se acordó que la deuda de Rentas sea de 23 millones. Pidió que se hagan las notas de crédito respectivas y hasta allí avanzó en su gestión. Entonces llegó Carrasco. Él fue puesto al tanto del problema y decidió frenar el pago, pedir a Anticorrupción que investigue a Cárdenas, y no sólo por este caso. Le añadió un posible lavado de activos, en la compra de un edificio para Rentas en Manabí. Y siguió el otro chorro de procesos jurídicos. Cárdenas demandó por daño moral al actual director del SRI, emprendió una agresiva campaña de medios la semana anterior y hasta reconoció sus exabruptos, cuando dijo que si se encontrara con Carrasco “le daría un chirlazo”. Ese ha sido el preámbulo para que entre en escena el Congreso. El diputado de la ID, John Argudo, dice haber investigado de manera “seria y responsable” el caso y concluye, también en contra de Cárdenas, que existe un perjuicio al Estado por aquellos 23 millones de dólares. El viernes presentó su denuncia penal contra Cárdenas en la Fiscalía General y empezó las negociaciones para lograr que el Congreso inste a la autoridad de control a investigar “hasta las últimas consecuencias”. Ante este enredo, es evidente que el final jurídico del caso no está cerca. Pero Rentas ya dijo en su comunicado público del 1 de marzo, que no debe nada y no pagará. Así, lo que unos podrán rescatar es imagen y lo que otros lograrán es evitar un gasto que luce políticamente impresentable ante el país. |