Esta vez los Gutiérrez armaron la mecha. Y la guerra entre el Congreso y el TSE causa estragos en la frágil institucionalidad del país. El conflicto crece como bola de nieve...

Ya no es sólo el discurso del Presidente. La semana pasada la confrontación se generalizó. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Congreso llevaron al país a un estado de inmovilidad, anomia, ilegalidad, ilegitimidad, amenazas, visos de violencia, bloqueo… Es decir, a la ley de la selva.

La guerra empezó tras la sustitución ilegal del presidente del TSE, Jorge Acosta. El Tribunal respondió con una destitución, también ilegal, de 57 congresistas que puso a prueba la aptitud democrática del Gobierno. Éste tomó partido por los cuatro vocales del TSE que, en forma circunstancial, sirven a la estrategia presidencial: la Policía, bajo el mando del Ministro de Gobierno, evitó que los destituidos por el TSE pudieran volver al Congreso.

Nadie ha podido dar una salida al nudo constitucional y político que se armó. El Presidente del Congreso, por pedido de Álvaro Noboa, propuso un canje para que el TSE y el Congreso anulen sus decisiones. Esa perspectiva, altamente improbable, quedó prácticamente descartada el viernes 9 cuando el Congreso pidió al Tribunal Constitucional que dirima el conflicto. El Presidente echó más leña al fuego al afirmar que no reconocerá la decisión de ese tribunal si ésta afecta a la Asamblea. El Ejecutivo no ha ocultado su deseo de que se principalicen los 57 suplentes. O que al menos algunos de ellos den quórum...

Ese es el caos que analiza esta revista, y que ya preocupa al Secretario General de la OEA.

LA COYUNTURA
La voracidad del PSP encendió la mecha
Lucio Gutiérrez mantiene (públicamente) un perfil bajo en la actual pugna de poderes. Por una razón lógica: fue ron él y su hermano quienes empezaron el problema. Éste se inició cuando se repartieron los tribunales electorales.

Su partido, Sociedad Patriótica, quería 28 vocalías, cuando en realidad, según el reparto, le correspondían sólo 22. Gilmar Gutiérrez increpó fuertemente a Jorge Acosta, presidente del TSE. Otra bronca hubo, entre los mismos actores, a propósito de la elección de autoridades en cada uno de los tribunales.

El debate sobre el estatuto de la consulta se convirtió en el tercer asalto entre Acosta y los hermanos Gutiérrez. En una reunión en la suite de Gutiérrez en el Swissôtel de Quito, le pidieron que difiera la consulta. ¿La razón? Si se hacía en los plazos pedidos por el Gobierno, los resultados electorales les serían adversos. Los sondeos militan en contra de los Gutiérrez.

Acosta se opuso. De ahí vino la sustitución y el enredo de la destitución de los 57 diputados. ¿Qué relación tiene Acosta con el Gobierno? Ninguna, responde el Presidente del TSE a pesar de que en la oposición afirman que él fue “volteado” por la actual administración.

Acosta lo ha negado y dice que sólo tuvo contactos con Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, sobre el estatuto de la consulta. Eso llevó al ex presidente a calificar al TSE incluso de Tribunal Ad Hoc. Gutiérrez dijo a Vanguardia que “el señor Acosta se ha puesto a órdenes de Correa con la intermediación del ministro Gustavo Larrea. Ha traicionado al PSP y ha violado los artículos 181 y 209 de la Constitución, anteponiendo una Ley sobre la Carta Magna”.

En los bloques parlamentarios de oposición también se señala a los Gutiérrez como los directos responsables de este caos. Su problema, dicen, se llama voracidad política.

LA TRADICIÓN
El más poderoso define lo que es legal
 La política en el país ha sido muy recursiva. La legalidad depende del número de votos en el Congreso o en los organismos de control. Esta vez, el Tribunal Supremo Electoral basa su preeminencia en el apoyo político del Presidente y su gobierno y en el número de policías que despachó el Ministro de Gobierno para impedir que los legisladores destituidos ingresen al Congreso. Pero tanto el TSE como el mismo Congreso violaron la ley.

Ninguno mostró apego alguno por los mecanismos constitucionales y el debido proceso. Ese reconocimiento lo hizo el mismo Presidente del Congreso al admitir que ha habido excesos de parte y parte y que éstos deben desaparecer de parte y parte. En ello se basa Carlos Larreátegui, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para afirmar que en este momento no hay Estado de Derecho, tampoco garantías constitucionales.

La RED cree que, en caso de que el Congreso y el TSE no concilien, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional deben pronunciarse.

¿Qué se dice en la Corte? Que sólo puede intervenir si la Fiscalía decide iniciar una acción, dado el fuero del que gozan los legisladores. Esto implica que se inicie una investigación por algún delito concreto. Pero en esta entidad se sabe que el Fiscal actuará sólo si se presenta una denuncia de cualquiera de las partes en conflicto. Así evita la posibilidad de ser parte del lío.

En la Suprema tampoco quieren inmiscuirse bajo otro argumento: está fuera de su jurisdicción. Mauro Terán, ministro juez de la Suprema, dijo a Vanguardia que la Corte no interfiere porque no es colegisladora y no está en el proceso. La Constitución establece la autonomía de funciones (art. 199) y también salvaguarda la independencia de los poderes del Estado.

Otros magistrados piensan, pero sólo lo dicen bajo el pedido de anonimato, que el TSE actuó correctamente porque es el máximo organismo en tiempos electorales. La solución en ese caso es bastante simple: que se principalicen los alternos y que todo vuelva a la normalidad.

Esa, de hecho, es la salida que mejor le iría al Gobierno. Pero esa no es la salida para Lucio Gutiérrez, porque “sería confirmar una dictadura”. El ex presidente plantea el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo. “Estoy dispuesto a sentarme a dialogar con quien sea con tal de evitar el daño a la imagen del país en el exterior. Por eso propongo buscar un mediador, un facilitador, que a la vez haga las veces de árbitro. Los medios de comunicación y la Iglesia debieran ayudarnos en ese objetivo, incluso organismos internacionales pudieran intervenir para ayudarnos a reinstaurar la Constitución”.

El Tribunal Constitucional, por su lado, llamó a un diálogo nacional y a respetar el ordenamiento jurídico.

Además, acogió la demanda de inconstitucionalidad de lo actuado por el TSE, interpuesta por el Congreso, examen que le tomará por lo menos 40 días. En buen romance eso significa que mirarán el mano a mano Congreso-Tribunal Supremo desde las tribunas... El país político sigue, entonces, sin un referente legal para dirimir sus pugnas. Entretanto, ambos esgrimen un arsenal de argumentos en su favor.

LA ANOMIA
El Estado de Derecho se queda en el papel
La anomia institucional dejó de ser un fantasma en el país. El propio Andrés Páez, presidente de la Izquierda Democrática, cree ahora que es “una posibilidad que hay que evitar”. En la RED también se rehúsan a hablar de aquello “porque las instituciones están aún constituidas”. Se reconoce, sin embargo, “que el poder de esas instituciones para ejercer sus funciones está en veremos”. ¿Y qué es una institución si no puede actuar y, peor aún, si sus actuaciones violan la ley? El país político hace tiempo que desertó el campo constitucional. Por eso esas instituciones han entrado en pugna de poderes y están trabadas en guerras sin retorno. En esta ocasión, la anomia se prolongará hasta que el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso no revean lo actuado. Y los que creen que esto es posible, también admiten que la solución ya no es jurídica sino política. Es decir, que el Estado de Derecho no es más que un pedazo de papel y que el país está librado a los equilibrios, siempre frágiles y vertiginosos, del muñequeo político.

Esto significa que si el TSE y el Congreso desandaran lo andado, como lo propone Jorge Cevallos, presidente del Congreso, la anomia seguirá siendo el horizonte más seguro para la sociedad política. Por una razón: el acuerdo, si lo hubiera, no se basará en la necesidad imperiosa de respetar la Constitución y la ley. Las dos son interpretables siempre y por todos. Por esto el Presidente de la República no tramitó la consulta ciñéndose estrictamente a la Constitución. El Congreso no acogió el pedido de consulta y de Asamblea aplicando la ley. El Tribunal Supremo Electoral se inspiró en dos interpretaciones para calificar el combo presidencial consulta-estatuto… Así, mientras las realidades jurídicas sean el resultado de la relación de poder en el ámbito político, la anomia institucional se mantendrá. Una anomia curiosa porque hay instituciones pero sin poder alguno para funcionar.