REVISTA VANGUARDIA La justicia mina la caja paramilitary | La justicia mina la caja paramilitary |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 20 de marzo de 2007 | |
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La bananera Chiquita fue multada por 25 millones. Las FARC y la AUC son las que extorsionan. Los vínculos con los paramilitares no sólo pasan factura a la política colombiana. También a las empresas transnacionales que funcionan en ese país. La semana pasada, un tribunal de justicia de Estados Unidos logró un acuerdo con la empresa bananera Chiquita por 25 millones de dólares. El delito: haber pagado por 7 años a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las denominadas vacunas. El pago por protección le ha costado caro a la bananera. Su representante Fernando Aguirre lo justificó, alegando que la compañía lo hizo motivada por brindar seguridad a los empleados. Los pagos se hicieron bajo presión de los irregulares. La Fiscalía de Colombia sostiene que se pagaron, entre 1997 y el 2004, alrededor de 1,7 millones de dólares en total. No sólo eso, la compañía también realizó transacciones con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chiquita canceló las vacunas a través de la subsidiaria Banadex, en dos regiones: Urabá y Santa Marta. En un comunicado emitido por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, donde se presentó la demanda, se añade que, además de las AUC y las FARC, también pagó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los fiscales, los libros contables de la empresa fueron adulterados para ocultar las transacciones. Banadex tenía 4 000 hectáreas de plantaciones de banano y 2 700 trabajadores. En Colombia, el acuerdo fue recibido como una buena noticia. Principalmente, porque envía un mensaje correcto a los grupos armados irregulares, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para quien la admisión de culpabilidad es una magnífica señal. “El pago a grupos ilegales es un delito, el pago de la extorsión es un delito, y nosotros aplaudimos que eso (multa) haya sucedido”. La investigación que derivó en el pago de Chiquita Brands Internacional duró tres años. Pero ese no es el único caso. Bajo procesos periciales también continúan transnacionales como Coca-Cola y Drummond. En el caso de la primera hay indicios de que la empresa usaba a los paramilitares para amenazar a los sindicalistas, uno de los cuales fue asesinado. En el 2006, una corte falló a favor de la empresa, pero la decisión fue apelada por voceros de su sindicato. También se ha responsabiliza a Drummond de la muerte de tres sindicalistas. Las AUC han sido acusadas de numerosas masacres durante el conflicto colombiano y manejan una proporción importante de las exportaciones de cocaína del país. El gobierno de Estados Unidos las designó organización terrorista en septiembre del 2001. Más de 600 sindicalistas fueron asesinados en los peores años de conflicto en la región bananera de Urabá, antiguo centro de operaciones de Chiquita, denunciaron la semana pasada fuentes no gubernamentales. La extorsión se convirtió en una forma de vida para los grupos insurgentes. Las zonas donde ellos operan son gobernadas bajo sus reglas. Las vacunas son el pago por cuidar que nada malo les pase a las tierras y a los trabajadores de una determinada empresa. Se las cancela quincenal o mensualmente. El precio depende de los recursos con los que cuente el extorsionado. Tal es el grado de importancia que tienen las vacunas o impuestos, que éstos no sólo sirven para sustentar la lucha – entiéndase alimentación, movilización, armamento y la compra de otros pertrechos propios de la milicia– sino que ayudan a instalar, por ejemplo, sistemas de redes eléctricas en pueblos donde los mismos irregulares cobraban por el servicio. Ocurrió en el departamento de Meta, donde las autodefensas entregaron 1 800 millones de pesos para la electrificación de Puerto Gaitán. Según ellos, buscaban beneficiar a la comunidad. José Baldomero Linares, ex jefe 'para' en el Meta y Vichada, se presentó la semana pasada ante un fiscal de Justicia y Paz, en Bogotá. Allí confesó con detalles la forma cómo se cobraban las vacunas. Por ejemplo, a un ganadero le cobraban 300 dólares por hectárea de pasto y 500 si tenía cultivos. Pero al margen de lo que la Justicia quiere aclarar –los delitos, las extorsiones, las violaciones y las masacres de los paramilitares, cometidos por la mayoría de desmovilizados–, ahora se empieza a discutir qué hacer con los 25 millones que pagó la bananera. Funcionarios de Naciones Unidas y líderes comunitarios de Urabá coincidieron en que esa plata debiera destinarse al Fondo Nacional de Reparación a las Víctimas, que sigue esperando recursos para ayudar a quienes se vieron afectados por los numerosos crímenes de los 'paras'. “Ese dinero se debería asignar al país. Todo lo que contribuya a fortalecer la reparación sería muy pertinente”, dijo Juan Pablo Corlazzoli, de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. |