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Nadie quiere prevenir los efectos de las lluvias PDF Imprimir E-Mail
José Vásconez   
martes, 27 de marzo de 2007

Los gobiernos de turno se descuidan y no anticipan el mal tiempo. No hacen estudios ni diagnósticos de los daños que ocasiona el clima.

 

El invierno no tiene cifras exactas, ni actuales. La última vez que se hizo un estudio sobre el impacto de las lluvias en el país fue hace una década. Justo en la época que se produjo el fenómeno de El Niño que dejó pérdidas de 3 000 millones de dólares en infraestructura vial y agricultura. Sin contar las pérdidas en educación y en salud que sumaron más de 5 000 millones de dólares.

Y aunque, no ha vuelto a repetirse ese fenómeno, las lluvias son cíclicas. Pareciera que el Gobierno, los organismos seccionales y hasta la misma ciudadanía se hacen sordos, ciegos y mudos. No se hacen estudios ni consultorías para diagnosticar el posible futuro del invierno. No hay una política de prevención, pese a que todos los años las lluvias producen las mismas consecuencias: cultivos, escuelas y casas inundadas; proliferación de bacterias causantes de enfermedades como el paludismo, dengue, tifoidea y cólera; deslaves, baches y accidentes de tránsito. Además, de las pérdidas económicas que puede tener el hombre que trabaja a diario o el empresario que tiene a un empleado enfermo. Todo eso, se contabiliza en millones de dólares. Quizás un 10 por ciento menos de lo que dejó El Niño.

Sin embargo, la situación se torna caótica. El problema, en su mayoría, es la mala distribución del presupuesto del Estado. Los gobiernos de turno han gastado el dinero en pagar a la burocracia y no en construir una verdadera infraestructura nacional. Casi nunca hay un rubro exacto para prevenir los daños que traen constantemente los inviernos. Y digo prevenir, porque rehabilitar cuando el daño está hecho es gastar seis veces más de lo que cuesta la prevención.

La gente sigue asentándose en zonas donde el suelo es débil, donde las lluvias provocan el agrietamiento. Me refiero a Bastión Popular en Guayaquil, al cerro Las Cabras en Durán, y a Las Palmas en Esmeraldas, por citar algunos ejemplos. Se trata de sectores donde la historia se repite. Y no se hace el menor esfuerzo por trasladar a esa población a otros sitios mejor adecuados. Quizás, porque eso implica otorgar créditos blandos y condonar ciertas deudas, lo cual puede resultar desfavorable a los gobiernos; sin que se percaten de que es mucho más barato a que luego se den las inundaciones.

Otros sitios donde las anegaciones se producen siempre son Babahoyo en Los Ríos; Chone en Manabí; Samborondón, Palestina y Pedro Carbo en Guayas. Se trata de zonas planas que, observadas desde arriba, son como ollas donde el agua de sus alrededores desemboca en plena ciudad. El problema persiste porque no se vuelven a ejecutar grandes obras hidráulicas como, por ejemplo, la de la cuenca baja del río Guayas.

Esa costó 100 millones de dólares y consistió en construir ríos paralelos a los existentes para que conduzcan las aguas lluvia hacia el mar. Claro que no se volvió a hacer una parecida, porque poco a poco fueron mermando presupuestos a instituciones como Cedegé, que hacía drenajes agrícolas para el Guayas.

En Babahoyo, también se amuralló la ciudad y se construyeron lagunas para que el agua del alcantarillado desemboque en esa parte. Pero, claro eso no se hizo con dinero del Estado, sino con financiamiento alemán.

Y la historia se repetirá si no se formula una política de prevención. Los daños se multiplicarán porque ahora llueve menos, pero en grandes proporciones. En un día caen 130 milímetros de agua, es decir, la lluvia de 15 días. Por eso, es necesario que por lo menos, mensualmente, se hagan limpiezas del alcantarillado y campañas para que la gente no arroje basura a los ríos. Además, construir vías que duren 100 años y no suceda lo de ahora: aducimos que somos un país pobre, nos despreocupamos por gastar dos millones de dólares por cada kilómetro de carretera para que soporte los inviernos, y preferimos soportar las consecuencias que están a la vista.

Los pobladores se quejan de las inundaciones, pero ellos deben presionar para que se ejecuten proyectos preventivos del invierno. Y así evitar muertes, accidentes y pérdidas económicas.