REVISTA VANGUARDIA En sucumbíos reina la ley de la muerte | En sucumbíos reina la ley de la muerte |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 10 de abril de 2007 | |
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¡715 asesinatos en 6 años! La mayoría se relaciona con droga, venganzas, comercio ilícito... Sucumbíos es sinónimo de tierra de nadie. El 22 de marzo la diplomacia ecuatoriana destapó un problema represado, tras la muerte de dos personas en Pueblo Nuevo. Y la denuncia tenía ribetes de escándalo. Pero por importante que sea, luce minúsculo al lado de las 715 muertes violentas registradas desde el 2000 en la zona fronteriza. Es más, existen eufemismos alrededor de este desangre: que hay más indagaciones fiscales que denuncias, que son casos de delincuencia común... En realidad, la violencia ha crecido a ritmos alarmantes, según el informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 24 de octubre pasado. El Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, la Pastoral Social–Aguarico, Derechos Humanos de la Universidad Católica, la Cedhu y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dan cuenta allí de la grave situación de la frontera norte: los 715 casos conocidos en el período que va desde fines del 2000 a octubre del 2006, en esa provincia nororiental, significan que 91,6 de cada 100 000 habitantes son asesinados. Obviamente, la situación económica y social de la provincia la hace más vulnerable. Si bien las principales actividades económicas de Sucumbíos son la agricultura, la actividad petrolera y la turística, el 84,2% de su población en situación de pobreza, con 96,6% de déficit de servicios residenciales básicos ha desatado actividades económicas ilegales. El tráfico de gasolina blanca (precursor para producir cocaína en Putumayo) ha generado mafias –según el informe– donde están implicados incluso miembros de petroleras, fuerzas de seguridad y autoridades. Hay tráfico ilegal de tuberías –que aumenta los pinchazos en los ductos para el crudo y los derrames– y que ha impulsado un negocio ilícito sólo posible para quienes tienen tanqueros, tráileres, sierras de metal... Se estima que el tráfico sumó unos 343 000 galones en el 2005. Otra actividad impulsada por mafias colombo– ecuatorianas es el tráfico de madera de áreas protegidas “con consentimiento de Fuerzas Armadas y autoridades”. Además, el informe advierte sobre la reproducción de métodos de control social utilizados por los grupos armados ilegales en Colombia: 'limpiezas', incluidas ejecuciones extrajudiciales precedidas de torturas crueles (eliminación del contorno de los labios, extracción de los ojos, corte de dedos y de manos...). Eso ha hecho que esta provincia, de 130 095 habitantes, sea el escenario de tanta violencia. En 337 de los 715 casos, se establecieron distintos móviles: tráfico de gasolina blanca, venganza, ajustes de cuentas y vinculación con actores armados colombianos de la guerrilla o de los paramilitares. Un dato demuestra que el problema dejó de ser, desde hace rato, sólo de Colombia. El 70% de los muertos es ecuatoriano, según los registros de este informe. Eso contradice la versión oficial de que se trata de ajustes de cuentas entre colombianos. Es curioso –dice el informe– que con un nivel tan bajo de investigación, hasta el mismo Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) acepte esa hipótesis. Una fuente policial refiere que los supuestos ajustes de cuentas posiblemente tienen relación con la “mafia de los combustibles: el negocio es tan bueno que si alguien ingresa a él sin consentimiento de la red, simplemente algún día aparecerá muerto”. En especial en el cantón Shushufindi. Hay personas que dijeron haber presenciado cómo miembros de la Policía, en horas de la noche, han descargado en el río Aguarico cuerpos de personas asesinadas y han identificado a miembros de la Unidad Antisecuestros como autores de algunos asesinatos. Ciertas fuentes hablan de haberse encontrado ropas de militares activos junto a los cadáveres, lo cual daría signos de 'escuadrones de la muerte'. Otros comentan que estos pudieran estar al servicio de la Junta de Seguridad de Shushufindi –autoridades, párroco, gobernador, Policía y Ejército–, y que parte de los actores serían paramilitares colombianos en coordinación con la Policía ecuatoriana. “En las calles el comentario de que se trata de una limpieza toma fuerza, por lo que la ciudadanía se mantiene a la expectativa y con una sicosis colectiva”. En los registros consultados por quienes elaboraron el informe, no se recoge el tipo de profesión de las víctimas, se identifican indígenas, campesinos, funcionarios medios del Ministerio de Salud, vendedores, prostitutas, taxistas, vigilantes, trabajadores petroleros, abogados y policías. La mayoría hombres, jóvenes y ecuatorianos y a otros tantos no se identifica. Sin embargo, niños y ancianos no se libran. Abraham Cerbone Epel, sepulturero de Lago Agrio describe que: “me dejan los muertos que nadie reclama, yo los entierro, cada mes llegan 16. Están unos sobre otros”. Casi dos tercios de asesinatos se realizaron con armas de fuego. Pero también hay ahogamientos, ahorcamientos, golpizas, quemaduras, signos de ensañamiento (mutilaciones, varias puñaladas, uno de cada cuatro muertos recibió de seis a 10 balazos y el 3% de las víctimas recibió más de 11 impactos de bala...). Un 61% de asesinados apareció en las zonas urbanas, muchos se trataron de esconder lanzándolos al río Aguarico y otros aparecieron en parques, como si llevaran un mensaje implícito. La mayoría de casos está en Lago Agrio y Shushufindi (gráficos). Esta realidad contrasta con la efectividad de las autoridades respectivas para actuar. Entre los posibles victimarios, se ha identificado a guerrilleros, paramilitares, sicarios, personas conocidas, e incluso, en un 3%, miembros de las fuerzas de la Policía y Fuerzas Armadas, mientras quedan sin identificación el 46%. Los pobladores de la zona atribuyen esta escala de violencia, sobre todo, a la relación con Colombia. Sorprende que en una zona extremamente militarizada la población viva entre tanta zozobra y temor. Las autoridades se han mostrado vacilantes e incapaces de dar de dar respuestas a los habitantes. La Convención Americana de Derechos Humanos sostiene que en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado debe iniciar, de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, con todos los medios disponibles, y orientada a determinar la verdad, perseguir, capturar, enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales… La tarea debe ser asumida como un deber jurídico propio y no como una gestión de interés particular. Por eso sorprende también que sólo el 19% de casos ha sido indagado. En el proceso penal en Ecuador intervienen el juez, el fiscal, la Policía y el ofendido. El Ministerio Público, al igual que la Policía, pueden conocer de una infracción a través de denuncia o acusación particular, y dar inicio al procedimiento penal. Pero los órganos que deben investigar, juzgar y sancionar “no han garantizado el derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, dice el informe. El recurso judicial y penal es “absolutamente ineficaz y obsoleto”. Los jueces tampoco tienen protección y sus vidas son constantemente amenazadas. A su vez, los familiares tienen temor a represalias por denunciar o colaborar con las indagaciones. Según familiares de las víctimas, la Policía está involucrada en homicidios. Efectivos policiales han sido reconocidos en pleno acto de tortura, hay acusaciones a la Policía de estar involucrada en el tráfico de gasolina blanca. En casos, se ha negado a prestar ayuda. Sus autoridades descartan de plano cualquier involucramiento, sin siquiera investigar. Militares también se han negado a prestar ayuda argumentando que “no es problema de ellos”. Pero en otros casos, se ha afirmado el involucramiento de militares en arrestos y violaciones a domicilios. Y se ha encontrado indumentaria del Ejército ecuatoriano en vehículos abandonados después de perpetrar un ilícito. Ante la sensación de desprotección, se han conformado las juntas o comités de seguridad, que se han convertido en verdaderos ejércitos privados. Dirigentes que solicitaron reserva de su identidad, señalaron a quienes elaboraron el informe, que el Batallón de Selva 56 Tungurahua no podía ofrecer seguridad a todos los barrios, pero sí capacitar y armar a brigadas barriales para su autodefensa. Es claro que el problema ya no es sólo de Colombia. La población ecuatoriana involucrada plantea, incluso, una gran interrogante: ¿es aún salvable la situación? Naciones Unidas reconoce que la cercanía al conflicto colombiano, donde “se da la situación de violencia más antigua de América Latina” hace de la zona fronteriza norte de Ecuador “especialmente vulnerable”. En una publicación se revela sobre la situación en la zona cuáles son los efectos de la contigüidad a los centros de procesamiento de coca y a las plantaciones más grandes del mundo. “Esto genera incentivos para el tráfico de precursores químicos desde Ecuador hacia Colombia y para que el territorio ecuatoriano sea utilizado para el embarque de droga, especialmente por los puertos marítimos...”. La inseguridad crece pese a la ayuda militar de Estados Unidos a Ecuador que, según el informe, viene acompañada de un creciente interés petrolero de este país. Según el Transnational Institute, refiere el informe, entre 1996 y 2000, Colombia, Venezuela y Ecuador juntos exportaron a EE.UU. la misma cantidad de petróleo que todos los estados del Golfo Pérsico. Ecuador también es parte de esta estrategia mezclando asuntos de seguridad nacional con los de la protección de intereses privados. Estos países llegaron “a un acuerdo de pago a los militares por protección”, agudizando el proceso de militarización de la frontera norte. Como resultado, el informe de World Economic Outlook revela que Ecuador tiene el gasto militar más importante de la región en relación a su PIB (3,3%). El presupuesto militar asciende a 1 200 millones de dólares para 20 000 soldados y 10 000 conscriptos. Eso no ha servido para detener el problema. El masivo desplazamiento de los colombianos hacia Ecuador, en la lógica de los autores del informe, ya no es un fenómeno colateral al conflicto armado, sino una estrategia de quienes lo financian y lucran de él. Aun así hay quienes no solicitan refugio por desinformación, por no tener papeles o por temor a hacerse visibles a los grupos armados... Mas aun, se han detectado importantes desplazamientos internos de la población ecuatoriana, y por lo general, hacia cinturones urbanos de pobreza. Un dirigente kichwa declaró que un grupo armado colombiano les dio 24 horas para abandonar sus tierras “si no querían morir bajo fuego y llamas”. Lago Agrio en particular, se ha convertido en un centro de información de grupos guerrilleros y paramilitares. En entrevista con el periodista colombiano Germán Castro Caicedo, un jefe paramilitar afirmó que en la frontera buscan controlar a la guerrilla. Manejan taxistas y personas que les proveen de información. Y los grupos guerrilleros también tienen sus informantes. El documento para la CIDH retoma lo dicho por medios de prensa: “guerrilla, paramilitares, grupos insurgentes menores, narcos, sicarios y delincuentes han montado su centro de operaciones e implementan impuestos, sobornos y boleteos en territorio ecuatoriano… Así denuncian sus habitantes”. Con un promedio de 14 asesinatos al mes, Lago Agrio se ha convertido en zona de actividad de la guerrilla y los paramilitares que “ajustician a combatientes que huyen o a soplones que buscan refugio al otro lado de la frontera”. Naciones Unidas corrobora las violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad e integridad de las personas, al estado de derecho, principalmente en la administración de Justicia en la zona. Eso deja en la impunidad al grueso de crímenes que, según testimonios, “estarían relacionados con el narcotráfico y el ajuste de cuentas”. Así están las cosas en Sucumbíos. Mientras tanto, la sociedad política y otras instituciones evaden el problema diciendo que es un tema colombiano. Pero ahora con 715 muertos... |