REVISTA VANGUARDIA La política de defensa es errática | La política de defensa es errática |
|
|
|
| Revista Vanguardia | |
| martes, 24 de abril de 2007 | |
|
Entrevista a Oswaldo Jarrín Oswaldo Jarrín, ex Ministro de Defensa, analiza la política en ese sector. Según él, el Gobierno distorsiona el papel de FF .AA. Este Gobierno mantiene la modernización de las Fuerzas Armadas? Es duro decir, pero el Ecuador vive la tragedia de Sísifo. ¿Por qué lo dice? Por los planteamientos que se han hecho en el Ministerio de Defensa desde la anterior Ministra. En el momento en que se dice “vamos a revisar los roles de las Fuerzas Armadas”, eso significa que vamos a dar marcha atrás, que vamos a volver al año 79, y luego cuando firmamos la paz. Entonces se inició una serie de discusiones de los nuevos roles de las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe en qué terminó aquello? En reducción de personal, reducción del presupuesto y eliminación de las regalías del petróleo. Obviamente que hay que discutir pero esos trabajos y esas tareas –que no llegan a feliz término– lo que hacen es destruir la institucionalidad y la seriedad con que debe funcionar la institución. ¿Qué señales le dicen que el país, en ese punto, está retrocediendo? Si es que se habla de nuevos roles, si se habla de una mayor relación de las Fuerzas Armadas con la población civil, si se habla de realizar un plan de desarrollo social y económico en las fronteras, estamos distorsionando la función esencial de Fuerzas Armadas. La Ministra de Defensa ha dicho que esas tareas están contempladas en la Constitución del Estado. Una institución del Estado encargada de la defensa nacional no puede confundirse con un ejército de salvación o de obras sociales. Obviamente se tiene que cooperar con proyectos, pero esa no es la tarea esencial. Las Fuerzas Armadas tienen su misión inalienable que corresponde a la defensa nacional y participan, como un elemento fundamental, en la seguridad. Vladimiro Álvarez dijo en Vanguardia (Nro. 73) que el presidente Correa quiere politizar y controlar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice usted? Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Álvarez. Hay por parte de las autoridades de Gobierno –estoy hablando de la última década– una confusión en lo que significa el poder público con el poder y la autoridad personal. Se cree que hay que gobernar en función de su persona y de su autoridad y no de la potestad que sólo dan las leyes y la Constitución. Si esto se refuerza con el criterio de que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder político, entonces el jefe del Ejecutivo se siente dueño de una institución. Con la politización, además, el poder se apalanca en las Fuerzas Armadas o en la fuerza pública en general para generar un desbalance o para provocar una mayor influencia y presión a través de la fuerza, en las instituciones absolutamente democráticas. ¿Cómo juzga la decisión de utilizar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? Es grave. Más que antes cuando se pedía que determinados oficiales o personal militar, vayan a cooperar en la administración pública. Eso ya está prohibido por ley. Pero ahora se saca una unidad fuera del sistema jerárquico militar y de la unidad de mando, para que participe en la administración y las decisiones políticas del Gobierno. Esto es grave porque las Fuerzas Armadas no tienen muchas veces claro lo que significa ser leales a la institución, a la Constitución y a las leyes. O leales a un gobierno. ¿Y esto en qué termina? En un pretorianismo que se combina muy bien con gobiernos de estilo autoritario, que quebrantan las leyes y la Constitución. El cesarismo es eso: una autoridad máxima con máximo poder, que trata de administrar los derechos y las libertades de los demás, para lo cual necesita fuerza y confrontación. Esto establece un desbalance autoritario. ¿Cómo explica que, tras haber salido mal paradas de experiencias con Lucio Gutiérrez, reincidan en ellas? ¿En mi administración hubo o no un distanciamiento, una representatividad y una marginación institucional con la participación política? Ese es uno de los aspectos que más me satisface de mi administración. Entonces no es un asunto de los miembros de Fuerzas Armadas, no es un asunto de la cúpula militar o de los miembros o de los mandos medios. Si lo fuera, estarían deliberando. Esta responsabilidad le incumbe al Ministerio de Defensa. Si ese Ministerio tiene el suficiente liderazgo y el adecuado entendimiento con el Gobierno, puede separar a las Fuerzas Armadas de la participación política. Es allí donde se debe discutir este tema. Pero la no separación de la política es, para usted, consecuencia del nexo actual entre el Ministerio de Defensa y Carondelet? Por supuesto. Forma parte de un plan de gobierno y la ministra Larriva lo dijo: las Fuerzas Armadas garantizarán que se realice la Asamblea Constituyente. Esa es la intención y es parte de su proyecto ideológico y de gobierno. Y las Fuerzas Armadas tienen una tarea que cumplir dentro de esa misión. ¿Teme usted que las Fuerzas Armadas puedan ser arrastradas a ser el brazo político del Presidente, como fue en el caso de Venezuela? Los hechos lo demuestran. Se están convirtiendo en partido político sustituto. ¿O acaso el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no está ya dentro del Gobierno? ¿Acaso no se ha quebrado la unidad de mando, la cadena de mando y no se están buscando lealtades mutuas entre el Gobierno y el Cuerpo de Ingenieros, lo cual está generando malestar dentro de una institución? Para mí esto es un principio de lo que vendrá y además es una demostración de cómo fácticamente se está practicando un estatismo y logrando que haya no solamente malestar interno de la institución sino con el sector de la empresa privada. ¿Usted no coincide, entonces, con mandos que están contentos porque la política del presidente Correa coincidiría con una visión nacionalista que circula en las Fuerzas Armadas? Usted está manifestando que ya comienzan a sembrarse criterios y opiniones dentro de la institución. Eso es politizarla. Las Fuerzas Armadas son una entidad monolíticamente subordinada al Ministerio de Defensa y lo que está ocurriendo es que a través del Ministerio de Defensa se van a politizar. Ya no habrá determinados miembros que se desencauzan (yo utilicé ese termino alguna vez). La politización institucional ya no viene por los miembros, sino por la cabeza. ¿Usted está diciendo que se está creando un dilema político en el interior de las Fuerzas Armadas? Se va a formar un dilema desde el nivel superior político si es que se trata de distorsionar la misión fundamental de las FFAA, la política de defensa –que está aprobada con decreto ejecutivo– y si es que se les quiere dar una reorientación con otra finalidad. ¿Ve continuidad en la política militar y diplomática en el norte? Allí también es la tragedia de Sísifo. En estos meses se pasó a una agenda monotemática –las fumigaciones–. Los seis muertos no cuentan, los reclamos y planteamientos que hizo el Ecuador, no tuvieron respuesta. Lo que se necesita es que haya una integración y continuidad de los diferentes documentos para que no sea errática la política de defensa y seguridad y la política exterior del Ecuador. ¿Usted la califica así? Errática absolutamente. Vea usted que ha ocurrido desde el año 2000, cuando se hizo la reunión cumbre Uribe–Gutiérrez. Le calificaron de entreguismo del Ecuador a Colombia y quedó en nada ese acuerdo. Después han tenido varias reuniones que no han quedado en nada. ¿Acaso la reunión de la Comisión Binacional para las fumigaciones es invento de ahora? Ya tiene seis años de funcionamiento. Cada vez estamos partiendo del punto cero. Es una tragedia de Sísifo la del Ecuador. El debate sobre el uso de Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, vuelve con este Gobierno. ¿Ve continuidad con lo que se venía haciendo? Si no hay continuidad, somos cómplices del narcotráfico. Así de simple. Pero en el Gobierno se dice que esa no es una actividad para los militares. Si vemos que tenemos que emplear nuestros guardacostas para, en coordinación con la Policía, traer –como ya ocurrió en dos ocasiones– veinte toneladas de droga, hay que hacerlo. No podemos decir que como las Fuerzas Armadas no tenemos que ver en el asunto de drogas, entonces que la Policía desarrolle una fuerza de guardacostas. Lo más lógico es especificar las misiones, delimitar áreas de responsabilidad de cada una de las fuerzas, para que haya cooperación y no sustitución de funciones. Pero todos somos defensores del Estado. Este tema del narcotráfico tiene que ver con la Base de de Manta. Pero ese acuerdo no lo renovará el Gobierno. ¿Qué alternativa queda? Si queremos mejorar la vigilancia y la protección de las fronteras con los recursos que no tiene el país, que no tienen las Fuerzas Armadas, busquemos un apoyo en Brasil. Ellos tienen el sistema de vigilancia amazónica Sivam, que ya lo tiene Perú. Todos los países han hecho convenios para vigilar y mejorar su seguridad, menos el Ecuador, porque está politizado de tal manera que no hay como tocar el tema. No es cuestión de irse con determinado convenio y no poner nada a cambio. ¿O a quién le estamos haciendo el juego? ¿Quién sale beneficiado de la falta de vigilancia y el debilitamiento de la protección de vigilancia de nuestras fronteras? |