REVISTA VANGUARDIA El costo que Correa no previó | El costo que Correa no previó |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 01 de mayo de 2007 | |
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La oposición con siguió en Bogotá eco internacional para su causa. Y el Gobierno tuvo que explicarse hasta con cartas de la ALDHU... EL GOBIERNO Una interferencia costosa para la imagen de Correa Le falló la jugada al presidente Correa. Por lo que había expresado, era claro que no estaba dispuesto a aceptar que el Tribunal Constitucional reintegrara a los diputados destituidos por el TSE. El triunfo ocho a uno en la Consulta pareció convencerlo de que no había camino atrás en ningún sentido. Por eso, y sin miedo a contradecirse, criticó al Tribunal Constitucional que en dos ocasiones había alabado por tomar decisiones favorables a sus tesis. Y desde Machala advirtió a los diputados, el lunes 23, que podían ser apresados si intentaban ir a la sede del Congreso. El Presidente decidió, por sí y ante sí, que esos diputados restituidos no eran más que simples ciudadanos. Correa no contaba, al parecer, con la acción de la Fiscal de Pichincha, de delitos misceláneos, Elsa Moreno. Pero, ante la reacción de algunos diputados, midió de inmediato las consecuencias internacionales que provocarían sus declaraciones en Bogotá. De ahí sus llamados, a la Fiscal y a los demandantes, para que revisaran sus posiciones. Sus ministros de Gobierno y de Relaciones Exteriores lo secundaron al afirmar que el Gobierno nada tiene que ver con esa postura de la Justicia. Y calificaron de apresurada la decisión de los diputados prianistas y socialcristianos Sylka Sánchez, Gloria Gallardo, Alfonso Harb, Alfredo Serrano, Mauricio Ponce y Luis Fernando Torres de abandonar el país e irse para Colombia. No obsta. Lo que quedó claro es que el Presidente intervino antes y después de la decisión de la Justicia. Primero lo hizo para advertir que los diputados podrían ser tomados presos. Después, para pedir a la Fiscal que dejara insubsistente su decisión. También desconoció al organismo de última instancia en el ámbito constitucional. ¿Por qué fue legal la destitución de los diputados por parte del Tribunal Supremo Electoral, que no goza de esa prerrogativa, y no lo es la restitución por parte del Tribunal Constitucional que, al parecer, tampoco respetó el debido proceso? En definitiva, el nuevo mano a mano con la oposición se saldó otra vez política y no jurídicamente. Y se saldó con la interferencia del Ejecutivo en otras funciones y el uso de la fuerza pública para mantener sus decisiones. Esta vez, sin embargo, hubo un costo para Rafael Correa en el campo internacional: su gobierno queda mal parado, a pesar de la propaganda oficial en la cual participa ahora abiertamente la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu). LA OPOSICIÓN Tras muchos intentos, por fin pega en el blanco A la oposición también le ocurren milagros. La orden de detención solicitada por la fiscal Elsa Moreno, para 24 de los 57 diputados restituidos, consiguió lo que no lograba desde el 7 de marzo, cuando los legisladores fueron destituidos: mostrar al gobierno de Rafael Correa con un rostro que la prensa internacional había evocado muy tangencialmente: el de un régimen totalitario que tiene al borde de la cárcel a sus adversarios políticos. La decisión de la jueza Décimo Octava de lo Penal de Pichincha favoreció la causa de la oposición: no dictó medidas cautelares, pero sí avocó conocimiento de la demanda. El hecho de que los 57 diputados estén siendo investigados por una supuesta sedición y arrogación de funciones, muestra –así lo han dicho– que la Justicia está a favor del Gobierno. Y que la Fiscal y la Jueza actuaron por pedido presidencial. La oposición obligó de esta manera al régimen –por primera vez en largas semanas– a tener que explicarse. Y a recurrir para hacerlo a la Cancillería y a un aliado inesperado: la Aldhu. Esta organización, que dirigió Gustavo Larrea hasta antes de posesionarse en el Ministerio de Gobierno y donde labora su amigo Juan de Dios Parra, hizo algo inhabitual: envió cartas a los gobiernos de Colombia, Perú y Estados Unidos, argumentando que los diputados restituidos por el Tribunal Constitucional cometieron delitos comunes y que no debían concederles asilo. Es sin duda una forma insólita de defender los derechos humanos... Para los partidos, la acción de la fiscal Moreno llega como un tanque de oxígeno. Le permite sensibilizar la opinión externa e involucrar en su causa a organismos internacionales como la OEA y al Parlamento Latinoamericano. En el ámbito interno obliga por el momento al Ejecutivo a disminuir la presión que ejercía sobre ellos y muestra lo que podría pasar si la jueza atiende el pedido de la Fiscal. 24 diputados, destituidos y restituidos, en la cárcel sería un precedente político impresentable para el régimen de Rafael Correa. Frente a la campaña para la Asamblea, ese sería el mejor as para una oposición que admite que será muy difícil la contienda electoral. Sobre todo ahora cuando sus principales figuras siguen en una situación jurídica enmarañada. LOS JUECES Su libreto sigue apegado a los intereses partidistas Los jueces del Tribunal Supremo Electoral han cumplido a la perfección el papel de revestir de juridicidad las decisiones políticas. Y lo han hecho gracias al apoyo decisivo de la Policía Nacional, bajo el mando del Ministro de Gobierno. Las declaraciones del vicepresidente del TSE, René Maugé, son elocuentes. Ha justificado las actuaciones de ese organismo con argumentos políticos: la necesidad de no detener la Asamblea. O el hecho de que 82% del electorado se pronunció a favor del cambio. Él y los otros miembros del TSE se ahorraron, al parecer, la lección de derecho que le debían al país. El Tribunal Constitucional tampoco fue la excepción. Siguió la guerra entre el Gobierno y el TSE con la oposición sin intervenir. Lo hizo solamente cuando terminó el período de la consulta popular. A las tres horas que el Tribunal Supremo Electoral proclamó los resultados oficiales, se reunió para restituir en sus cargos a los 50 diputados que interpusieron su recurso de amparo en Rocafuerte, Manabí. Sólo en ese momento, el TC quiso que se le reconociera su calidad de máximo organismo de control constitucional... Nada de lo actuado por los dos tribunales puede ser leído por fuera del juego político. A tal punto que el propio Presidente alabó a Jorge Acosta, presidente del TSE, Lo llamó un hombre correcto por separarse de quien fue su patrocinador, Lucio Gutiérrez. Y por coincidir con las tesis del Gobierno. Al TC lo felicitó igualmente (cuando favoreció al gobierno) y luego lo llenó de epítetos (cuando restituyó a los candidatos). En esta lógica, Correa no tiene monopolio alguno. Andrés Páez y León Roldós socaparon la actitud de sus diputados (y del vocal del TSE en el caso de la ID) en los dos organismos. Páez quiso construir un discurso jurídico y explicar la actuación de Maugé como producto de su supuesta independencia de su partido. La verdad es que ha habido sindéresis absoluta entre los diputados de la ID y Maugé. La verdad es que Páez ha hecho gimnasias conceptuales algo imposibles para evitar los temas de fondo y para justificar las actuaciones, en absoluto apegadas a derecho, del Tribunal Supremo Electoral. Y también del Congreso en el cual figuran los suplentes. Así la crisis –que ha puesto en escena a actores que dicen querer organismos de control independientes–; esa crisis muestra la reproducción pura y simsple de los vicios denunciados. La justicia marcha todavía al ritmo de la política |