En general el ministro de Gobierno no es el ministro de Policía, porque se pasa apagando los incendios políticos. ¿Habrá ahora una dirección política en la Policía?
Coincido en que gran parte de los ministros de Gobierno no han dado atención al trabajo de la Policía. Ha sido un trabajo descuidado por el Estado. Creo que ese es un error y eso ha determinado que no exista conducción política de la institución. Queremos una política clara de seguridad y la iniciamos, hace tres meses, con la reestructuración de la cúpula policial, la creación de la comisión de apoyo a la modernización y nuevas líneas de trabajo.

¿Cuáles son esas líneas?
La primera es cómo mejorar el combate a la delincuencia común. El gran sentimiento de inseguridad se produce por los hechos cotidianos de la delincuencia. Tenemos una policía muy similar a un ejército en lugar de una institución cercana a la comunidad.

Planteamos entonces una policía comunitaria, experta en resolución de conflictos sociales. El segundo tema es la prevención del delito y eso es parte de la lucha contra el crimen organizado.

Ahí planteamos fortalecer el trabajo de investigación, esto es antes de que ocurra el delito. La tercera es la Policía Judicial, que actúa luego de cometido el delito. Esta requiere de equipamiento para trabajar con muestras de ADN, técnicas de investigación de fotografía, computación de alto nivel, laboratorios para criminalística. El cuatro es el orden público: necesitamos mayor capacidad frente al desborde de manifestaciones sociales, que pueden atentar contra la seguridad, la propiedad pública y privada, y la tranquilidad ciudadana. La Policía está en una recapacitación para mejorar su capacidad de disuasión.

 ¿Cuánto tiempo tiene la comisión de modernización de la Policía para presentar sus informes?
La comisión tiene una duración de un año, pero ya está haciendo aportes, que se discuten con el mando policial y se ejecutan. La comisión no hará sólo un diagnóstico, sino que dará ideas sobre problemas específicos como, por ejemplo, las pandillas juveniles.

Necesitamos personas que tengan experiencia en el tema, que piensen en ello y que nos den un menú de soluciones. El trabajo de la comisión consiste en hacer aportes específicos para mejorar la acción de la Policía. Esto sin desconocer el trabajo bueno que tiene la Policía en la resolución de secuestros y la lucha contra el narcotráfico.

En la lucha contra el narcotráfico, se ha hablado de una articulación de intereses de Estados Unidos a la Policía Nacional. ¿El Gobierno ve con buenos ojos la colaboración que brinda? Valoramos la colaboración de Estados Unidos, que nos proporciona información internacional, pero también hay que reconocer el trabajo local.

Se han logrado mejores resultados. Se batió el récord de captura de cocaína, pese a que este año se disminuyó la ayuda desde EE.UU. En la conversación que tuvimos con John Negroponte y la embajadora Jewell solicitamos ampliar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico a los niveles de los años anteriores. Y la respuesta fue positiva.

 Los cambios que sugiere la comisión son amplios. ¿Cuánto es el presupuesto?
Hay 464 millones de dólares para este año. No bastan, pero ayudan mucho. Tenemos una política social que atender dentro de la institución. Por ejemplo, los policías viven hacinados en literas y debemos acabar con los traslados que han provocado alcoholismo y ruptura de las familias en la institución.

Queremos mejorar la imagen policial. El mal espíritu de cuerpo hizo que muchas veces se encubran delitos cometidos por policías. La política es cero tolerancia a la violación de derechos y a la corrupción. A su vez queremos un cambio de perfil profesional, por lo que la academia deberá tener un proceso de reformas. Esto va a requerir dos años de trabajo intenso.

Cuando se muestran a la Policía sus hechos de corrupción o de impunidad, ella responde con que le falta logística. Y cuando se la dota de lo que piden, nunca se les reclaman resultados…
Aunque no me gusta copiar sistemas, creo que las policías de Madrid y Barcelona han elaborado lo que llaman cuadra segura y han empezado a ver cuántos y dónde se producen los delitos para determinar las cuadras inseguras y poner policías. Esa experiencia va de la mano con la evaluación del rendimiento de los policías para sus ascensos.

Deben, entonces, existir reglas para su cumplimiento y el policía debe volver a tener la motivación que tiene cuando ingresó a la institución: servir a la comunidad. El policía debe ser el mejor ciudadano, amigo de la comunidad, respetado por la comunidad. Hay que revalorizar a la Policía que es, además, estigmatizada socialmente.

¿Cuánto tiempo se da para que la institución gane credibilidad y aceptación?
Estadísticamente hemos mejorado la imagen de 8 a 14 por ciento. En el control de asaltos en carreteras y robo de contenedores, de los siete semanales que había, hoy hay uno. Hemos capturado más de 6 000 armas en cuatro meses. Son índices importantes, pero no suficientes. Estamos en un proceso de mejoramiento de la motivación policial.

Creo que hay gestos importantes que dicen al policía que el Gobierno se preocupa. El Presidente ha visitado cuarteles, a las 05:00, y eso ha motivado mucho. Les hemos dicho que hay que respetar los derechos de los ciudadanos, pero que el Estado debe respetar los derechos laborales del policía, lo cual implica cambios en la legislación policial, que haremos este año.

¿Cómo manejarán el tema de la policía privada en ciudades como Guayaquil?
Se está fortaleciendo la presencia de la Policía en Guayaquil. Tenemos 120 subtenientes, la mayoría en esa ciudad, y a cargo de la policía comunitaria. Es un debate innecesario decir no vale la seguridad privada cuando el Estado no la brinda. Mejorando la eficiencia, la calidad, se ganará la confianza y se verá a la seguridad privada como innecesaria. Como principio, creo que la seguridad pública es obligación del Estado. Privatizar la seguridad puede llevarnos a fenómenos como el paramilitarismo.

¿Cree que la Policía debe descentralizarse y ser manejada por municipios?
El tema tiene un enorme riesgo. Una institución que ha acumulado experiencia, que está en un proceso de depuración, que puede mejorar su trabajo, entregarla a un municipio que no tenga experiencia puede ser grave. No descarto la idea ni creo que en sí misma sea mala. Pero primero hay que vivir un proceso de modernización. En el futuro se podría discutir eso.

Hay un informe de la Cidh que habla de 715 ejecuciones en la zona de frontera. ¿Cómo se manejará el tema de seguridad en esa zona cuando hay poblaciones como Shushufindi que se salieron de las manos al Estado?
En esa zona tenemos el mismo nivel de criminalidad de Guayaquil, que tiene dos millones de habitantes. En Shushufindi, por ejemplo, se enfrenta el tráfico de gasolina blanca. Ahí hay una disputa por el control de este insumo como precursor químico para la obtención de coca. Se vive el enfrentamiento de mafias, del crimen organizado.

San Lorenzo también tiene esos problemas. Muchas veces se ha creído que las Fuerzas Armadas deben atender ese problema, pero ese es un tema fundamentalmente policial. Los militares deben resguardar la soberanía pero el problema de narcotráfico, precusores químicos, pertrechos, es de la Policía. Por ahora tenemos 2 800 hombres desplegados en la frontera.

¿Cuál es su política para las cárceles?
Lo primero que hay que hacer es repatriar a 600 colombianos con sentencia. Esperamos que no nos tome más de tres meses. La cárcel de máxima seguridad de Guayaquil también estará lista en tres meses y permitirá sacar entre 120 y 150 personas de las mafias del crimen organizado, para separarlos de los delincuentes menos peligrosos y evitar que se sumen a esos grupos.

A largo plazo se quiere construir tres tipos de cárceles por ciudad grande: de máxima, mediana y baja seguridad.

¿Y la falta de celeridad de la justicia?
Es verdad que el 70% de los detenidos no tiene abogado y es un cuento que el Estado les pondrá uno. Hay juicios que pueden durar más que las penas por las que podrían ser sentenciados.

La idea es aprobar la Ley de Defensoría Pública, a partir de septiembre, para que esta institución se cree hasta finales de año. A corto plazo, aunque no somos partidarios de declarar emergencia, podemos hacerlo, para contratar abogados, a través de la Defensoría del Pueblo, y descongestionar las cárceles, aunque el problema son los recursos, y los estamos buscando.

¿Cuál es su posición sobre la política de reducción de penas?
Hay que partir de una política de rehabilitación. La reducción de penas debe darse bajo determinadas condiciones: que el preso trabaje, para que ayude a mantener a su familia, que se eduque (que termine sus estudios), que haga deportes y que se involucre en actividades culturales. El preso que cumple todo eso tiene derecho a rebaja de penas. Los de baja peligrosidad pueden incluso tener visitas a sus casas un día a la semana, luego dos.