REVISTA VANGUARDIA Las medidas flash para la seguridad | Las medidas flash para la seguridad |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 29 de mayo de 2007 | |
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Correa declarará la emergencia carcel aria esta semana. Hay 40 sugerencias para la policía. El Gobierno quiere mostrar resultados rápidos frente al problema recurrente de la inseguridad ciudadana. En esa perspectiva, la Comisión de Modernización de la Policía, creada tras la depuración de la cúpula policial, trabaja en la búsqueda de alternativas para que la percepción de inseguridad se reduzca y la institución policial se involucre con la comunidad. Carlos Calahorrano, presidente de esa comisión, explicó a Vanguardia que se trata de al menos 40 medidas, muchas de las cuales se están comenzando a aplicar. Son disposiciones administrativas que únicamente requieren de una orden para su ejecución. Y que buscan mejorar la gestión policial y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la reubicación del personal administrativo y de servicios especiales a funciones netamente operativas. Es decir, al control del orden público, actividades de patrullaje y trabajo directo en la policía comunitaria. Se quiere aprovechar a toda la gente capacitada “para incrementar los niveles de satisfacción frente a los servicios policiales”, dice el ex Comandante de la Policía. Dentro de este mismo esquema está la desconcentración de los servicios policiales. Esto implica la descentralización de las áreas de Tránsito, Policía Judicial y Migración, así como la instalación de un call center. La idea es que los usuarios no tengan problemas para acceder a la Policía y obtengan respuesta a sus requerimientos. También está en marcha la creación de manuales para determinar los casos donde un ciudadano es detenido por una infracción de tránsito y las reformas a la Ley de Tránsito, para ejercer un mejor control en las escuelas para choferes profesionales y no profesionales. Pero también hay medidas en el interior de la institución. Algunos ejemplos: está en plena conformación la unidad de seguridad diplomática y de protección a los dignatarios. Con ello se busca tener coordinación y evitar la dispersión de los policías destinados a estas funciones. También se trabaja en la eliminación de los calabozos que están en las instalaciones de la Policía Judicial. La creación de veedurías ciudadanas sobre la acción de la Policía se está promoviendo, así como la conformación de equipos de inteligencia para detectar los problemas de corrupción dentro de esa institución. Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, da apoyo político a estas iniciativas. Pero reconoce que éste es un eslabón en una cadena muy complicada. Junto a ello también se deben hacer reformas en el área de la Rehabilitación Social. Eso no sólo implica mejorar las condiciones físicas y humanas en que están los presos, sino también garantizarles celeridad en los procesos. Por eso esta semana, el presidente Rafael Correa declarará la emergencia, para que fluyan recursos y poder contratar abogados para descongestionar las cárceles (ver cuadros). Pero también se está pensando, para el mediano plazo, en capacitar a quienes trabajan con los internos, así como establecer políticas para una real rehabilitación social (ver Vanguardia 87). Junto a estas medidas continuarán los operativos de control de armas. Estos son de responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Según Manuel Samaniego, director de Armas, en el país sólo hay 118 000 personas autorizadas a portar armas, pero de acuerdo con las cifras del material incautado (ver cuadros), la realidad es otra. Por eso se considera prioriatiro desarmar a la población y de ahí surge la decisión de mantener los constantes operativos en vías y carreteras. Entre los militares se dice que esto responde a dos hechos: el conflicto en la frontera sur de Colombia, que lleva a muchas personas a vincularse con el tráfico de armas, por lo rentable de este negocio. Y el crecimiento de la delincuencia transnacional, que utiliza cada vez mejor armamento. Sólo en lo que va del 2007, se han decomisado 3 015 armas entre pistolas, revólveres, cartucheras, carabinas, escopetas, rifles, subametralladoras. Sin contar las más de 46 000 municiones. Las principales operativos se realizan en Guayaquil, Quito, Cuenca y Orellana. Y según Samaniego, las armas únicamente se retiran cuando los supuestos dueños no llevan la documentación necesaria. "Si en 90 días no pueden probar la pertenencia ni el origen de las armas, estas son destruidas y se inicia el juicio respectivo", dice el alto oficial. |