REVISTA VANGUARDIA Los militares, sus misiones y la democracia | Los militares, sus misiones y la democracia |
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| Adrián Bonilla | |
| martes, 19 de junio de 2007 | |
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Los miembros de las FF.AA . son ciudadanos y deben tener todos los derechos. Esa igualdad plantea el debate sobre los jueces militares . Dos corrientes dominan el debate sobre la misión de las Fuerzas Armadas en América Latina. La primera, asumida como una consecuencia de los procesos de autoritarismo y la posterior democratización en la región, sostiene que los militares son profesionales exclusivamente de la defensa. La otra, arraigada en la antigua (y peligrosa) doctrina de la seguridad nacional, los visualiza también como agentes del desarrollo. Esta última tesis se basa en la imagen de que los recursos de los estados son insuficientes y que los militares tienen un papel trascendente a la Defensa. Por razones que tienen que ver con las pésimas experiencias que dejó en el continente el protagonismo en asuntos no militares de las Fuerzas Armadas, ellas deberían concentrarse en asuntos de defensa y excepcionalmente, en situaciones de emergencia, asumir otras, siempre y cuando esa participación suponga la preservación de la seguridad de las personas. La política de Defensa, por otro lado, es una extensión de la política exterior y se subordina a ella. El Estado tiene que coordinar el proceso de toma decisiones en estas materias. En ese mismo sentido, el orden jurídico tendría que garantizar la objetividad de los ascensos, el respeto y estabilidad de la jerarquía militar y el debido proceso en los casos de cambio de mando. La fortuna de las empresas militares en el país es mitológica, pero los datos sugieren que estas firmas no son tan grandes ni son monopólicas, no todas son competitivas, y tampoco producen los recursos fundamentales de las FF.AA. La participación militar en la economía, sin embargo, distrae a las Fuerzas Armadas de su misión fundamental que es la defensa. Los soldados deben mantener empresas vigorosas vinculadas a los temas de seguridad: municiones, explosivos, armas, herramientas, uniformes, construcción, etc. Son empresas que en todos los países tienen relación con las Fuerzas Armadas y que eventualmente, a partir de este núcleo, duro, se diversifican en otras actividades productivas. Siendo la igualdad política una premisa inalienable de cualquier imagen de la democracia, los militares son ciudadanos y deben tener todos los derechos, incluido sin duda alguna el del voto. No ha habido en América Latina ninguna experiencia dramática con la extensión de este derecho, ni hay razón alguna para que se produzca en el Ecuador. Simplemente la Ley debe regular que no se haga política dentro de los cuarteles y castigar severamente cualquier infracción, para evitar prácticas corporativistas o clientelares dentro de la institución. Esa misma igualdad, plantea, sin embargo, el problema de que los uniformados tengan cortes propias para ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En principio, todos los ciudadanos deben tener acceso a la misma justicia. Los fueros sólo podrían permanecer siempre y cuando se reduzca la ambigüedad en su aplicación a operativos muy concretos, dejando siempre en manos de un juez común la resolución de competencia. La Constitución de 1998 reprodujo el esquema que las Fuerzas Armadas, más allá de la contingencia política y la voluntad social expresada en elecciones, son garantes de la democracia. Esta precisión no es necesaria, porque las Fuerzas Armadas son subordinadas del poder político, el cual se origina en elecciones y no tienen que garantizar sino aquello que la ley manda. La actual Carta Magna les da implícitamente una misión de arbitraje político o de última instancia decisora que no debieran tener. La garantía de la democracia no puede estar sustentada en el juicio (bueno o malo) de quienes tienen las armas, sino en la existencia de un Estado de Derecho en el cual imperan la ley y las garantías de libertad ciudadana. Hay, por supuesto, muchísimos más temas que aluden a la Defensa, la cual que siendo un bien público debe formar parte abiertamente del debate nacional sobre la nueva constitución, estos son algunos de ellos, sólo como para comenzar a discutir. |