REVISTA VANGUARDIA ¿La Asamblea asumirá la cuestión militar a fondo? | ¿La Asamblea asumirá la cuestión militar a fondo? |
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| Bertha García | |
| martes, 26 de junio de 2007 | |
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El voto militar perfeccionaría la democracia. Pero Defensa tiene la obligación de hacer los correctivos necesarios para que ello ocurra. Reiteradamente se ha discutido en el Ecuador sobre cambios urgentes que requieren sectores de la política institucional. Defensa y su brazo operativo, las Fuerzas Armadas, es uno de ellos. Analistas lúcidos reconocen ahora que los Estados no son formaciones naturales y sin exagerar se pudiera decir que dejarán de existir si no están sustentados en legitimidad frente a sus instituciones y si los ciudadanos no nos preocupamos por ello. Constantemente vemos pruebas en el mundo actual. La seguridad de la frontera norte, incluyendo el complejo petrolero, empieza a inquietar más allá de las declaraciones y los planes generalistas multisectoriales que se quieren aplicar. Contiene, entre otras cosas, un difícil y específico tema de defensa, diferente del clásico diferendo limítrofe interestatal del pasado. La proximidad de la Asamblea Constituyente abre perspectivas para discutir abiertamente la “cuestión militar”. No mereció debate alguno en pasados ejercicios constitucionales, desde 1967. En cuanto a la retórica, hay un consenso en América Latina y el resto del mundo occidental, sobre sus misiones específicas, que son las de defensa; su carácter obediente y no deliberante; la supeditación de la política de defensa a la política exterior de los Estados, y que ministerios civiles conduzcan la defensa. El asunto práctico es cómo llegar a ello. Entre la teoría y la práctica, al menos en Ecuador sí hay buenas diferencias. Como ejemplo está el tema —aparentemente neutral— del voto militar. Es un derecho ciudadano —se dirá— y los militares son ciudadanos; pero debe ser analizado con más profundidad de lo que se ha hecho. Para votar todos los ecuatorianos tan sólo deben cumplir 18 años, pero al cumplirlos adquieren la plenitud de los derechos y también sus plenas obligaciones ante la Ley, así se someten a los tribunales competentes sin restricción alguna de género, situación socioeconómica o de otra índole. La situación jurídica de los militares en el Ecuador es algo diferente. No sólo manejan las armas que, legítimamente, les ha dado el Estado para el bien común (convengamos en que a veces, hasta recientemente el 21 de enero, lo hicieron para sus intereses particulares) sino que se han mostrado reacios a someterse al mandato constitucional de 1998. La unidad jurisdiccional del Estado, que obliga que los tribunales de justicia militar o policial sean integrados por profesionales del derecho y que los delitos comunes en que incurran sean tratados por la justicia común. En el Ecuador, las inocentes operaciones de 'acción cívica' se convirtieron en proyectos empresariales que no son de defensa ni mucho menos. Por cierto que, en otros países de América Latina este tipo de empresas ya casi no existe, o si las hay —salvo en Ecuador— están regidas por los Ministerios de Defensa y no por comandantes de las Fuerzas. La gerencia militar de las empresas no sólo lleva a la deliberación en aspectos no militares, sino que produce contactos e intereses empresariales, la mayoría de las veces, conectados con intereses partidistas. Las tareas de desarrollo social llevan a la formación de verdaderas clientelas en torno a los servicios militares. Las prácticas electorales en este país hacen que los militares, debido a su buen nombre, se encarguen de custodiar urnas y recintos. En Argentina, Perú y países centroamericanos se realizaron importantes cambios en el sistema educativo militar antes del otorgamiento del voto a los militares. Una verificación de cómo se cumplen los derechos profesionales y personales de los oficiales, dentro de la institución, es importante. Por ejemplo, a través de una veeduría que investigue en tribunales de lo Contencioso Administrativo y Constitucional los casos de violación a los derechos del personal militar y civil de las Fuerzas Armadas. El voto militar perfeccionaría la democracia ecuatoriana; pero el Ministerio de Defensa tiene la obligación de hacer los correctivos para que ello ocurra. La profundidad con que la Constituyente asuma el tema militar reflejará el estado real de las relaciones civil-militares en el Ecuador. |