REVISTA VANGUARDIA Los pinchazos muestran que el país está sin reglas | Los pinchazos muestran que el país está sin reglas |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 26 de junio de 2007 | |
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Entrevista a Juan Carlos Solines La tecnología favorece la apari ción del Gran Hermano. El debate es: ¿hasta dónde se llega y con qué reglas? ¿Qué hay detrás de eso? La tendencia de la sociedad a reclamar más información, a querer saber todos los pormenores de lo que está pasando. La revolución digital permite que el ciudadano común tenga acceso, 24 horas al día, a un enorme cúmulo de información y que pueda participar en ella activamente. Los dispositivos tecnológicos le permiten adentrarse en cosas a las cuales no tenía acceso: el Gran Hermano, interceptación de telecomunicaciones o aplicaciones saludables como el monitoreo que hay en guarderías o los Ojos de Águila del Municipio de Quito. ¿Usted señala el desfase que hay entre la estructura jurídica y la revolución tecnológica y los cambios sociales? Sí. El Estado no logra entender qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ecuador, en ese sentido, ha dado muchos pasos en falso y empezó por donde no debía hacerlo. Un ejemplo puntual: la ley de transparencia y acceso a la información pública. El antecedente a una ley de acceso a información es necesariamente la protección de datos personales y de la privacidad. Y el Ecuador no la tiene. En el caso de las instituciones públicas se exige que esté toda la información, hasta los sueldos de los funcionarios y sus viajes. Pero no se toma el elemento primario y fundamental: ¿para qué queremos tener esa información y esos dispositivos? ¿Para proteger al ciudadano? ¿Para generar mejores políticas públicas? ¿Para chantajearlo? ¿Para entregar esa información a la prensa y para que ésta la interprete y la difunda como a bien tenga? El Estado ha evitado esos debates. En el caso del sistema de control Ojos de Águila nadie preguntó hasta dónde el ciudadano estaba dispuesto a perder ciertos derechos. Ese debate no se dio. Y esos dispositivos que el Estado está poniendo, para precautelar bienes superiores, merman derechos individuales; el derecho a la intimidad por ejemplo. ¿Qué demuestran, específicamente, los casos más recientes? Demuestran que el sistema jurídico ecuatoriano no tiene normas, no tiene elementos que permitan, por un lado reaccionar a las autoridades y, por otro, a los afectados proteger sus derechos. La ley de comunicaciones dice que está prohibido interceptar llamadas y comunicaciones. La ley de comercio electrónico, de firmas electrónicas y mensajes de datos, aprobada en el 2002, habla muy superficialmente, sobre la prohibición que se tiene de difundir mensajes de datos. Y cuando define lo que es mensajes de datos incluye una amplia gama: fax, correo electrónicos, comunicación. La norma es oscura y, de hecho, no hay jurisprudencia. ¿Hay jurisprudencia para analizar el primer pativideo? El caso de los pativideos no se ha enfocado en lo que se debió. Se enfocó en la grabación y ahí no existe acto ilegal porque uno de los que graba o manda a grabar, o permite que se instalen todos los dispositivos de grabación, es uno de los interlocutores. Pero los otros no sabían. Hay una falta ética o de cortesía por no prevenirles que les iba a grabar. Ricardo Patiño dijo que esa grabación era la prueba de un supuesto delito. Ahí estamos hablando de otra cosa. Esa omisión puede acarrearle repercusiones de encubridor u otras implicaciones penales. Pero es otra circunstancia y habrá que probar si es que él se iba a callar o no, si era para chantajear. Sin embargo, en la grabación en sí misma, no existe ningún acto tipificado en el Código Penal. ¿Por qué dice que no se puso el énfasis donde se debía? Porque en el segundo caso, el ministro Patiño dice que no autorizó ni ordenó la grabación. En ese caso, quien grabó sí está contra la ley pues ninguno de los involucrados sabía que les estaban grabando. En el caso del Presidente de la Corte, la grabación sí es un delito. Hay delito porque los involucrados ni conocían ni autorizaron ni solicitaron la grabación. ¿Qué ocurre con aquel que difunde la grabación obtenida de esa forma? Nada. Lo que hizo Abdalá Bucaram es lo mismo que hizo Teleamazonas al difundir los pativideos. Difundir un video bien o mal habido, legal o ilegal, no es delito. Puede haber un debate en el ámbito de la ética periodística, pero utilizarlo no es delito. ¿Estamos diciendo que los personajes públicos ya no tiene privacidad? Los personajes públicos ceden, en gran parte, su derecho de privacidad. En los temas que nos ocupan ceden toda la privacidad. Una conversación entre dos personas no creo que incurra en el ámbito de la privacidad. ¿A qué se refiere la privacidad? A que no me fotografíen dentro de mi casa con potentes lentes como suelen hacer ahora los paparazzi. A que me dejen vivir mi vida tranquilo. Jaime Velasco y León Roldós pudieran aducir que la conversación que ellos mantuvieron era privada. Pero concierne temas públicos... Yo creo que sí es privada. Bucaram se basa en ella para acusar a Velasco de prevaricato. Ese es un debate interesante. El año pasado, el primer ministro Tony Blair echó abajo una doctrina —la doctrina Wilson— que establecía protecciones para evitar la intercepción de comunicaciones, permitiendo que se puedan interceptar llamadas incluso de los ministros del gabinete. Su razonamiento fue este: somos personas públicas y cualquier comunicación que tengamos debe estar sujeta al escrutinio público. Esto se enmarca dentro de un debate más amplio: ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestro derecho a la intimidad para privilegiar bienes jurídicos superiores? Así llegamos al Gran Hermano, uno de los personajes de la novela 1984, de George Orwell. Sí y aquí el debate no es si es bueno o malo porque es una realidad como la globalización. Aquí el tema es hasta dónde se llega y con qué reglas de juego. Eso es lo grave porque en Ecuador no tenemos reglas de juego. El Gran hermano no es forzosamente el Estado. Quienquiera puede obrar como tal. Yo puedo comprar, por internet, un equipo de intercepción de telefonía móvil, de corto alcance, por 280 dólares. Hoy estamos en sociedades donde las leyes ya no son escritas por los diputados. Aquellos que dicen lo que se puede o no hacer, son los programadores de software. Ellos son los nuevos legisladores, ellos detentan un poder que nadie imagina. |