REVISTA VANGUARDIA Petrobras: La papa caliente para Correa | Petrobras: La papa caliente para Correa |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 03 de julio de 2007 | |
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El Gobierno investiga un caso que lleva una década. ¿avalará o caducará el contrato? El Gobierno tiene una larga tela petrolera que cortar. Por una década se han acumulado cientos de papeles en torno al negocio del Estado con la brasileña Petrobras. En el sector oficial, nadie habla directamente de llegar a una caducidad del contrato para la explotación del Bloque 18 y el campo Palo Azul. Pero se admite que hay indicios de irregularidades. Y que de hallarse argumentos legales, pudiera darse, al menos, una renegociación de contrato. Una primera lista de cuestionamientos salió de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción en el 2003, la cual concluía que las autoridades debían investigar y determinar si era procedente la caducidad. Esos argumentos también llevaron a Alberto Acosta, ministro de Energía hasta el 14 de junio, a formar una Comisión Especial para investigar el caso. La conformaron: Iván Nieto, Francisco Castillo, Jorge Toro, Fernando Ponce y Raúl Moscoso, coordinador. Jorge Chang tenía la asesoría legal externa. Esta Comisión, creada por Acuerdo Ministerial 059, el 14 de mayo, también llegó a la conclusión de que pudieran haber causales para la caducidad del contrato y la reversión en favor del Estado del campo Palo Azul. Este lío petrolero empezó el 9 de septiembre de 1997. Amoco, que operaba el Bloque 18, después de haber transferido a la francesa ELF el 40% de sus derechos y obligaciones, comunicó a la Unidad de Contratación Petrolera que, habiendo cumplido su plan exploratorio mínimo, decidía retirarse del área. No la encontró comercial. Revertía así el campo al Estado. Pese a ello, según la Comisión Especial, el entonces ministro de Energía, Raúl Baca, autorizó la transferencia de la totalidad de derechos y obligaciones de Amoco y ELF a las firmas Cayman y Petromanabí. De allí en adelante hay una cadena de incógnitas que, a decir del actual ministro Jorge Albán, se están examinando. “En este momento tenemos un informe que no es definitivo, y presenta un conjunto de preocupaciones. Sólo me pronunciaré de manera categórica cuando tenga perfectamente fundamentada una decisión, con base en la ley”. Por eso, aún no ha sido requerida ninguna posición de la empresa. Por ahora, la primera página del informe de la Comisión que circula dentro de Energía, resume el lío así: “hay evidencia sólida de malos manejos de contaminantes. También parece haber violaciones a convenios con las comunidades, derechos indígenas... hay indicios de transferencias no autorizadas... Según el artículo 74 nral. 11 y 13 de la Ley de Hidrocarburos parece razonable que Petrobrás merezca caducidad”. Pero a la vez plantea que es muy “preocupante” que el campo Palo Azul pueda ir a manos de Petroecuador, “que no ofrece garantías de un manejo responsable”. La mayor preocupación que tiene Albán se remite al 15 de junio del 2000. Una Comisión Técnica Petroproducción–Cayman hizo trabajos de geofísica, geología y yacimientos, para definir si el campo Palo Azul es o no unificado. Concluyó que por haber continuidad geológica entre los pozos Palo Azul 1 y 2 (distanciados 2,6 kilómetros) y porque la capa subterránea Hollín Inferior es un yacimiento común, “el campo Palo Azul es unificado”. Y fue reconocido como tal el 20 de septiembre de ese año por Pablo Terán, quien era ministro. Paso clave para dar entrada a la explotación en la zona. ¿Cuál sería la trampa? Alrededor de Palo Azul 2 hay mucho crudo. Pero si no hay yacimiento unificado, éste no podía explotarse como se está haciendo. Debía hacerse otro contrato, otra concesión, otra licitación... De hecho, para declararlo unificado, debía primero perforarse un pozo intermedio. Ésto sólo se hizo seis años después. A un kilómetro de Palo Azul 1 se perforó Palo Azul 35. El informe señala que éste “fue cerrado en octubre del 2006 por no ser productivo, ya que tuvo 95% de agua. Con esto se demostró que el supuesto Yacimiento Común Hollín no existe”. Allí viene el mayor cuestionamiento que se hace dentro del caso. Según la Comisión Especial, el mismo estudio del 15 de junio del 2000 define que en toda la Cuenca Oriente los yacimientos Hollín Superior y Hollín Inferior son independientes y diferenciados por su producción, y por características petrofísicas y de fluidos. Sólo Hollín Inferior es yacimiento común, no todo el campo (todas las capas terráqueas). Ante esta “preocupación real”, el ministro Albán dice que debe consolidar la información y, por otro lado, determinar los alcances legales. Esto es, verificar, incluso, si el proceso implica acciones frente a las personas y autoridades que decidieron que era un campo unificado, pues la decisión del Ministerio se hizo con base en un informe de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. En otras palabras, el Estado sería responsable directo por dar paso a una explotación ilegal. ¿Qué tiene que ver Petrobras con todo esto? Luego de que Cayman y Petromanabí llegaron al Bloque 18, viene otra cadena de transferencias de acciones y derechos y obligaciones que terminan en manos de Petrobras y la japonesa Teikoku. El asunto es que, una vez declarado campo unificado, Pablo Terán autorizó a Cayman y Petromanabí—el 9 y 19 de abril del 2001— que transfieran a Ecuador TLC el 42% y el 28% de sus derechos y obligaciones, respectivamente, en el Bloque 18. Un mes después, el 17 de mayo — siempre según la Comisión Especial—, autorizó transferir todas las acciones de Ecuador TLC a la argentina Pecom. Ésta, a su vez, comunicó que en octubre del 2002 había vendido el 58,6% de acciones a Petrobras. Para el 24 de enero del 2005, Petrobras y Teikoku Oil Casa Matriz suscriben un “Acuerdo de venta y asociación” para la transferencia del 40% de derechos y obligaciones del Bloque 18 y Campo Palo Azul. La Comisión Especial cuestiona que estas transferencias no siguieron los pasos previstos en la Ley. El cambio de Pecom a Petrobras y la aprobación de la operación con Teikoku se habrían perfeccionado de forma extemporánea, por parte de Iván Rodríguez, ministro del anterior gobierno, recién a fines de diciembre del 2006 y en enero de este año. La respuesta de Rodríguez a Vanguardia fue que las operaciones se realizaron antes de su gestión. “Mi actuación se amparó en las resoluciones adoptadas por la Contraloría y la Procuraduría. En el último informe elaborado el 19 de diciembre del 2006 por la Contraloría, y que llegó al Ministerio de Energía el 26 de diciembre, se detalla que ni la transacción de Pecom a Petrobras ni esta a Teikoku infringieron normas ecuatorianas”. Esas conclusiones de la Contraloría se refieren a una denuncia recibida sobre “10 razones para declarar la caducidad de Petrobras”. El ex Ministro de la administración de Alfredo Palacio da las pautas de que no sólo se investigó lo referido hasta aquí. En efecto, tanto el tema de la unificación del campo como estas transferencias han sido indagadas por la Contraloría. Al menos hay dos informes del ex contralor Genaro Peña (2003 y 2004) sobre el caso y uno de Auditoría 3 (2006). La primera vez, Peña entró a investigar por denuncias del entonces diputado Antonio Poso y su asesor Fernando Villavicencio. Éste ha insistido sobre el tema hasta ahora, pues junto al secretario del Sindicato de Petroecuador y al candidato a asambleísta Eduardo Delgado, estuvieron en el despacho de Alberto Acosta el primer día en que asumió el Ministerio. Presentaron la denuncia y luego Acosta conformó la mencionada Comisión Especial. Y ésta también tuvo en cuenta los informes de la Contraloría. En el 2003, el organismo de control sacó conclusiones positivas sobre lo actuado en el Bloque 18 y la unificación del campo ¿Por qué entonces en el 2004 hace otro informe, concluyendo, recién, que es mandatorio perforar entre Palo Azul y el Bloque 18 para comprobar que había campo unificado? Villavicencio sostiene que en los contenidos del informe del 2003 hay argumentos que no son recogidos en las conclusiones. Antes de dejar el cargo, el 14 de junio pasado, Acosta dejó un tema que Albán, si es ratificado en el cargo, tendrá que resolver. El entonces Ministro envió ese día una carta al presidente Rafael Correa, donde expone la “obligación inexorable” de investigar el caso por parte del Estado. Eso, de por sí, deja en entredicho las investigaciones de la Contraloría. Además, en el último párrafo de su carta da sustento al que Albán ve como su motivo de mayor preocupación. El anterior Ministro dice a Correa que para tomar una decisión de si se entra o no en un proceso de investigación de las posibles infracciones y una eventual caducidad se debían considerar algunos elementos. Hacer cumplir la ley es uno. Hay otro más decidor: “la conveniencia de recuperar para el pueblo ecuatoriano lo que fraudulentamente se le ha quitado, con la farsa de un yacimiento común inexistente”. Y un tercero es la preocupación de que Oxy pueda utilizar el caso en su defensa ante Ecuador en el arbitraje del Ciadi. Pudiera tomar como prueba una inacción del Estado ecuatoriano ante un caso similar, es decir, el de Petrobras. Rodríguez, quien determinó la caducidad del contrato con la Oxy, es directo en decir que, por los mencionados informes de la Contraloría y los avales que da la Procuraduría, no hay casuales para la caducidad del contrato con Petrobras. “Son casos muy distintos. En el de la Oxy, las empresas que adquirieron su parte de acciones gozaban de los beneficios antes de que el Estado se haya enterado de la venta de acciones que hiciera Occidental. Lo comprobé, hablé con empresas que me ratificaron que tenían beneficios del 40% de Oxy. Con Petrobras y Teikoku no fue así, la firma japonesa no obtuvo beneficios antes de que el Estado aprobara su negociación. Tanto así que en el Ministerio recibí la visita del Embajador y la Viceministra de Energía de Japón, quien me exigió que resolviera el tema, sea negando o aprobando la venta del paquete accionario. Eso me da a entender que el negocio se debía perfeccionar con la autorización del Estado”. Ese es el debate jurídico que tendrá que resolver el Gobierno. Pero también hay otro de orden político. ¿Cuánto puede afectar un eventual problema de Petrobras con el Estado a la fortalecida relación de Correa con homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula? Ambos presidentes conocen este y otros temas alrededor de Petrobras, según se desprende de una carta enviada por la canciller María Fernanda Espinosa a Alberto Acosta el 23 de mayo pasado. Allí le informa que Brasil tiene preocupación para que se resuelvan temas como el de la licencia ambiental que no se da a la empresa en el Bloque 31 y el de la operación con Teikoku. El canciller encargado, Rafael Paredes, cree que ese es un aspecto dentro de una relación mucho más amplia con Brasil, que este gobierno ha intensificado y que debiera profundizarse aún más. Pero que, de todas formas, las autoridades coordinan para evitar que el problema crezca. Es la voz del diplomático que se suma a otras como las de Rodríguez y Albán en el sentido de que Ecuador no está ante una situación extrema, como la de una caducidad. Pero todos saben que hay un tema que el Gobierno debe resolver. |