REVISTA VANGUARDIA 'Fronterizar' el sicariato no resuelve el problema | 'Fronterizar' el sicariato no resuelve el problema |
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| Fredy Rivera | |
| martes, 10 de julio de 2007 | |
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Los discursos e imágenes que circulan en la población estigmatizan al extranjero. Además, ocultan corrupciones y deficiencias del sistema. Bandoleros, macheteros y sicarios. Denominaciones distintas para referirse a un fenómeno recurrente en el pasado y presente: la muerte por encargo. Si bien existen evidencias de que varios de los recientes asesinatos han sido efectuados por gatilleros colombianos, no se puede magnificar los sucesos porque en la frontera sur pasa lo mismo con criminales de origen peruano y en muchas provincias de nuestra “isla de paz” se cometen asesinatos a mano de expertos nacionales. Basta con observar las tasas de homicidios en Los Ríos, Manabí, Pichincha y Esmeraldas para apartarnos de esa imagen perversa que vincula frontera con violencia y asesinato. Estos discursos e imágenes —que circulan en la población, estigmatizan a determinados sujetos extranjeros y ocultan corrupciones y déficits internos— son mera construcción mediática ¿Somos espectadores pasivos de la debacle institucional relacionada con la seguridad pública y sus órganos de control? Da la impresión de que sí y para eso una breve muestra. Uno, lentitud, pereza y falta de investigaciones ágiles y oportunas por parte de la Fiscalía, aspecto que también está asociado al trillado tema de la corrupción judicial y su oposición a controles externos, todo esto amparado bajo el sagrado supuesto de la autonomía jurisdiccional y respeto entre poderes estatales. Dos, estamos esperando hasta ahora resultados de la muy difundida reforma policial porque tenemos pocas evidencias a favor. Tres, queremos efectividad en los servicios de inteligencia que, supuestamente, previenen delitos y advierten sobre la presencia de delincuentes internacionales peligrosos. Cuatro, deseamos también que los departamentos de criminalística operen bajo criterios técnicos y modernos, que reciban recursos suficientes, que su personal sea capacitado permanentemente y no se lo traslade a tránsito desperdiciando valiosos recursos humanos. Quinto, aspiramos a que se supere el celo institucional entre los diferentes estamentos de la fuerza pública y se dejen de lado esas lógicas de archipiélago. Sexto, anhelamos que el Ministerio de Gobierno se convierta efectivamente en el rector de las políticas de seguridad y se aparte de la retórica difusa. Séptimo, pretendemos que los medios de comunicación, especialmente los televisivos, no colombianicen el delito y la violencia y tampoco sobredimensionen lo sucedido en la frontera norte porque se convierten en cómplices de las falencias institucionales del Estado y promueven la xenofobia. Son otros tiempos, eso es irrefutable. Los tradicionales ajustes de cuentas a cargo de los legendarios macheteros costeños o bandoleros serranos, que todavía persisten en baja escala, han dado paso al temible sicario. No obstante la rapidez de este peligroso cambio, no ha sido afrontado por efectivas acciones estatales que cada día delegan a la seguridad privada sus responsabilidades constitucionales. Da la impresión de que los medios y los representantes estatales responsables de combatir el sicariato coinciden en fronterizar y segurizar el tema, bajo el manto protector de un nacionalismo mal entendido. Todo esto a puertas de una Asamblea que, al abordar el tema delito y seguridad, probablemente repita la misma fórmula caduca de años atrás: de represión y establecimiento de leyes inconsistentes que abonan poco a la construcción de políticas integrales y efectivas de seguridad pública. No recordamos, acaso, las ineficaces medidas jurídicas contra el narcotráfico, las cuales violaron elementales derechos de los acusados, al considerar más grave el tráfico de estupefacientes que el asesinato, pues se lo reprimía con 25 años de cárcel y al homicidio con 16 —perlas de nuestra administración de Justicia que cambió hace poco estas penalizaciones y que llenó las cárceles—. Anhelamos que los constantes decretos de emergencia para combatir la delincuencia no se conviertan en un recurso sin sentido y que las reformas se plasmen en acciones que generen tranquilidad, certeza y confianza ciudadana. Aquí también hay una promesa pendiente que va más allá de cualquier campaña electoral. |