REVISTA VANGUARDIA ¿Medios tapados la boca o ciudadanos vendados? | ¿Medios tapados la boca o ciudadanos vendados? |
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| Juan Carlos Solines | |
| martes, 17 de julio de 2007 | |
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El nuevo reglamento a la ley de radiodifusión y televisión muestra el desconocimiento de los contenidos que se intenta controlar. Luego de realizadas las primeras aclaraciones del Gobierno, a través de Gustavo Larrea y otros funcionarios, se evidencia con claridad que se cometió un grave error al expedir una apresurada reforma al Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión. El Decreto Reformatorio al artículo 80 contraría el ordenamiento jurídico y los documentos internacionales suscritos por Ecuador, lo que denota poca cavilación política y evidencia un total desconocimiento de las tecnologías y contenidos que pretende controlar. Efectivamente, resulta extraño que se prepare un texto que desconoce normas constitucionales que se refieren a la igualdad de las personas ante la Ley, la libertad de expresión; así como a preceptos referidos a la garantía de comunicación a través de la difusión de información sin censura. Para justificar tan apresurada iniciativa, se utilizan tesis de defensa a la intimidad y privacidad de las personas; conceptos recogidos por la Constitución de manera vaga y anacrónica el primero, y ni siquiera mencionado el segundo. El concepto de privacidad no tiene mayores antecedentes históricos en nuestra legislación y tiene origen en el derecho anglosajón. Se sintetiza como el derecho que tienen las personas a que las dejen vivir en paz, sin intromisiones ilegales por parte del Estado o de terceros. Ser vigilado, perseguido, fotografiado sin consentimiento son ejemplos típicos de afectación a la privacidad. Sin embargo, en esos países donde el concepto tiene raigambre histórica, la privacidad tiene importantes limitaciones en el caso de los personajes públicos, principalmente políticos y gente del espectáculo. Se considera que la sociedad tiene derecho de saber sobre ellos, siempre que no se incurra en prácticas prohibidas por la ley. Consecuentemente, el invocar el derecho a la privacidad en el Ecuador todavía es una estrategia prematura, hasta que no exista un ordenamiento claro que la consagre y la proteja. La reforma enviada por el presidente Correa ha sido también mal enfocada desde el punto de vista de las tecnologías vigentes. La propuesta gubernamental se concentra en la prohibición de la difusión de ciertos contenidos solamente por radio y televisión, por cuanto sólo a esos medios se aplica el reglamento en cuestión. Por tanto, el discrimen se da cuando cualquier otro medio de comunicación, incluyendo periódicos impresos y virtuales, radios por internet (no usan frecuencia), blogs y cualquier persona puedan difundir los contenidos supuestamente atentatorios contra la honra de los protagonistas y la presunción de su inocencia. Para terminar de confundir, el Decreto se refiere a grabaciones magnetofónicas, sin incluir formatos más populares como el digital y, de manera contradictoria, exceptúa de la prohibición a aquellas grabaciones obtenidas por los medios de comunicación o instituciones del sector público (necesariamente tiene que hacerlas una persona), con el propósito de “impedir la comisión de un delito o comprobar la existencia de uno ya existente”. Se pretende, entonces, de manera poco efectiva, coartar la posibilidad de que un ciudadano cualquiera pueda hacer uso de las tecnologías con el mismo propósito. Pero quizá lo más preocupante de esta infortunada iniciativa es que el Gobierno trata de imponer censuras y restricciones a su principal aliado, el ciudadano. Más allá de que cumplan la AER y ACTVE sus amenazas de desacato, que acarrean multas ridículas de 40 dólares, el gran perjudicado es el ciudadano del siglo XXI, quien vive en la denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento, aquel que aspira a ser beneficiario de una democratización sobre el acceso a las nuevas tecnologías. El ciudadano sólo será dueño de su Patria cuando tenga la oportunidad de participar e influir en la conducción del país, pueda ejercer el escrutinio público y pueda tomar sus decisiones de manera informada. Por lo tanto, es deber de todas aquellas organizaciones ciudadanas, que están entretenidas en el poder, recordar su misión original y defender los intereses de la sociedad. |