REVISTA VANGUARDIA El Gobierno no pasa la prueba | El Gobierno no pasa la prueba |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 17 de julio de 2007 | |
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Su propuesta para la Asamblea genera dudas y es vista como estatista. por su lado, Alberto Acosta anuncia otro texto de los candidatos. El Gobierno no convence. Su propuesta para una nueva Constitución, entregada al Conesup, crea escepticismo hasta en sus rangos. El ex ministro de Energía, Alberto Acosta, cabeza de las listas de Acuerdo PAIS, admite que ese documento, de 28 páginas, “ni es completo ni es profundo”. Es “una hoja de ruta con elementos muy básicos para empezar la discusión”.“Es un joker”, dice Diego Borja, líder de las listas de la alianza Izquierda Democrática-Poder Ciudadano en Pichincha. Y esa misma sospecha recorre cámaras de producción y partidos políticos de oposición que no entienden cómo el Gobierno tardó seis meses para sacar un escrito tan liviano e impreciso. Hay el recelo de que, también en este caso, haya una doble estrategia, y que allí no estén los verdaderos cambios que propugna el Gobierno. Gustavo Larrea, ministro de la política, descarta esa posibilidad. “Es una propuesta conceptual. Allí están los cambios de fondo que recogió el Presidente en sus cinco revoluciones”. Plagado como está de generalizaciones, el documento suscita, a primera vista, algunas adhesiones en casi todas las tiendas políticas. Esto obedece, dice el ministro de Gobierno, a que la propuesta contiene los temas que ya están ganados en la opinión. “Hay partidos que no tienen campo político para decir no a ciertos cambios”. La despolitización y la descorporatización del Estado son dos. Claro, el Ministro dice que esos cambios los vienen empujando en la opinión desde hace años y los propuso Rafael Correa. En realidad, el régimen cosecha lo que muchas fuerzas políticas y sociales han reclamado, lustros antes de que el Presidente entrara a la política. Y los puntos de vista que recogió Vanguardia muestran que esas adhesiones se disipan cuando se quiere precisar el alcance de la propuesta gubernamental. Lenín Hurtado, candidato del Movimiento Popular Democrático, dice que hay muchas cosas en las cuales el régimen se ha quedado corto. Un ejemplo: él quisiera que la Constitución dijera que “Ecuador es un Estado socialista”. El ex sacerdote Eduardo Delgado, candidato de Polo Democrático, cree que “esta es una propuesta con pocas nueces para tanto ruido que ha hecho el Gobierno. Es un reacomodo, una reingeniería, de lo mismo”. Diego Borja esgrime cinco críticas de fondo —“no de matices” insiste— a esta propuesta que encuentra “descoyunturada conceptualmente”. José Pileggi, de Concertación Nacional Democrática, también rescata aciertos, pero previene que “lo importante es evitar el totalitarismo que se deja en evidencia en algunas partes del proceso”. Alberto Acosta es directo. Anunció a Vanguardia que los candidatos a asambleístas que él lidera “ya tienen otro documento en el cual aterrizan sus puntos de vista”. ¿Coinciden con los del documento presentado por Gustavo Larrea? “No se ha hecho todavía un ejercicio de cotejar, pero tenemos muchas más cosas en nuestro documento. Estamos avanzando mucho más, estamos discutiendo temas polémicos. Este es un gobierno democrático y no hay posición única. El Presidente tiene su posición y hay gente que tiene otra posición. Veremos qué pasa”. Es claro que Acosta tiene puntos de vista o más concretos o divergentes con los que anota el Gobierno. La moneda estadounidense es un caso. El ex ministro de Energía deja entrever que no es indispensable que el dólar figure como moneda oficial en la Constitución. Para ello da dos razones: no garantiza estabilidad, y él se pregunta qué ocurriría si hubiera una crisis cambiaria. Acosta advierte que no quiere ser crítico innecesariamente. Pero no ve claramente las dos cámaras que propone el Gobierno. “Falta mucha discusión todavía para plasmar esta estructura política institucional en un nuevo marco de ordenamiento territorial”. En ese punto vuelve a distanciarse de la propuesta oficial, pues no cree que los asambleístas puedan actuar de cartógrafos. “La configuración de un proceso autonómico serio requiere —dice él— de la participación de la sociedad. No es una cuestión lírica, sino real, que depende de cómo se han hecho nuestras provincias y nuestros países”. En ese punto aboga por lineamientos abiertos y alicientes fiscales, para que las provincias entren paulatinamente al proceso de regionalización. Lenín Hurtado coincide. “El tema territorial es muy sensible —dice—. Son muchas las provincias que tienen problemas, enfrentadas entre sí por temas limítrofes. No estamos con el centralismo pernicioso ni con la autonomía al andar, que tiene visos divisionistas”. Eduardo Delgado tampoco aprueba la propuesta territorial. “Consolida el bicentralismo y propone regiones de primera y de segunda categoría”. El ex ministro Acosta se interroga, igualmente, sobre otros puntos en los cuales la propuesta del Gobierno es tajante. Prohibir las preasignaciones, es una. Y plantea un debate sobre el rol Estatal frente al mercado y a la sociedad. No está de acuerdo con que haya “estructuras superestatales que determinen e influyan en la vida nacional”. En ese punto, se centra —y se centrará— uno de los grandes debates de la Asamblea. Porque es claro que el Gobierno quiere un Estado fuerte que no sólo regule, sino que promueva y opere en actividades económicas. De hecho toda su propuesta está concebida desde el Estado y, en muchos casos, en una relación unívoca del Estado con los actores sociales o económicos. Es allí donde Diego Borja encuentra la base para su primera crítica. El ve en el texto del Gobierno una visión estatista inspirada en el siglo XIX y no en el XXI. “Es la visión política de los años setenta en Ecuador”. De ahí se desprende “una visión distribucionista y paternalista. Es un concepto basado en solidaridades administradas y que consiste en quitarles a unos para darles a otros. La economía solidaria que propone el Gobierno es un concepto atrasado”. ¿Qué es, en sí, eso? —se pregunta Cristina Reyes—. “Veo similitudes con lo que se pretende imponer en Bolivia y Venezuela”. Diego Mancheno, candidato con Borja a la Asamblea, cree que en el documento se reconocen nuevas formas de propiedad, pero se escatiman los espacios singulares de articulación entre ellas. Vuelve a primar, en este tema, la relación del Estado con los otros. O de los otros con el Estado. No se basa, entonces, en cómo se resuelven los problemas de la sociedad. “Ciertamente —dice José Pileggi— se están queriendo plantear nuevas formas de propiedad. Lo que sospecho es que cuando se quieren establecer otras formas de definir la propiedad se quiera direccionar el tema a un modelo económico. Y no hay cosa más perniciosa para un proyecto constitucional que direccionarlo”. De hecho, este Gobierno no habla del mercado, sino en relación con el Estado. El documento retrata la práctica del Gobierno de Correa que, por prurito intelectual o por cálculo electoral, ha evacuado este problema sin todavía planteárselo. La misma crítica es hecha sobre la propuesta, enrevesada y mal redactada, de tener una política pública de comunicación. ¿Es necesaria? Hay divergencias que ilustran Cristina Reyes y José Pileggi. Ella cree que resulta evidente y necesaria, pero pide que se haga sin totalitarismos. Él la estima innecesaria. “Es preocupante —dice Pileggi— porque es probable que lo que está atrás sea una limitación a un principio básico laico, que es la libertad de expresión”. Curiosamente, el texto de la propuesta gubernamental incluye apenas dos de los grandes cambios que se han dado en las últimas décadas: ampliar la definición clásica de la familia (mujeres cabeza de hogar, la familia mono–personal, la familia ampliada producto de la migración) y la participación política de los extranjeros. Pero aún así habrá trabas conservadoras como las singularizan, en este caso, Cristina Reyes y José Pileggi. Él prefiere la definición de familia que hay en la actual Constitución. Ella se opone a que los extranjeros puedan ser elegidos. Alberto Acosta aporta, en este caso, un punto de vista singular: “No podemos tener un doble discurso. Pedir trato justo y equitativo para nuestros compatriotas en el exterior y negar aquello en el Ecuador. Mi criterio es que un extranjero, dependiendo de cuánto tiempo haya vivido en el país, pueda votar o ser elegido para alcalde, consejero, concejal o juntas parroquiales”. Pileggi encuentra saludable y buena la postura a favor de los extranjeros. Curiosamente, también, se resucitará en el debate por la Asamblea la vieja polémica entre el Estado y la Iglesia Católica sobre el laicismo. “El primer artículo de nuestra Constitución habla de Dios —dice Acosta—. Es preferible tener una posición laica y generar un espacio de respeto hacia todas las religiones y hacia todos los pensamientos”. Sin embargo, ese debate, que se hizo en Francia antes de 1900, no encuentra, por ahora, unanimidad. En realidad, hay conceptos planteados en el documento del Gobierno que encuentran acuerdos a priori, pero derivan hacia desencuentros apenas se evocan los mecanismos o los cómo. La democracia participativa es un ejemplo. Hay conciencia de que los mecanismos de representación ya no bastan. Por ello el Gobierno propone veedurías, rendición de cuentas, revocatorias del mandato… Pero hay críticas con sustento. Delgado cree que la distribución del poder quedaría intacta. Pileggi no ve cómo se calificarán esas veedurías y teme que se puedan elegir a dedo, como las eligió Hugo Chávez. Diego Borja habla de un planteamiento atrasado de democracia. “Sigue siendo sólo representativa. Ni es participativa ni es deliberativa”. Un punto extraña: que no haya mención alguna sobre los grandes temas sociales. Salud y educación, precisamente. Y en ello Delgado vuelve a ver el sello del Gobierno en estos seis meses: “muchos verbos de izquierda y muchas prácticas neoliberales”. Borja también anota un doble lenguaje entre lo que propone y lo que hace realmente. Así, este documento no atenúa las dudas que suscita el Gobierno y que cultiva con esmero la oposición. Y, en cambio, distancia conceptual y políticamente a ciertos grupos. El Ministro de Gobierno no desespera: “se recoge la medida del cambio posible y necesario para el país. Allí están parte de las utopías. Otras se realizarán después”. |