REVISTA VANGUARDIA La Factura de la ineficiencia | La Factura de la ineficiencia |
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| Revista Vanguardia | ||||||
| martes, 17 de julio de 2007 | ||||||
Página 1 de 4 El estado ecuatoriano afronta una decena de arbitrajes en cortes internacionales. Las demandas suman 3 600 millones. Y no hay responsabilidad política ni administrativa por ello... La semana pasada llegó la primera factura. 75 millones del caso Oxy-1 que, en realidad, serán más. Es apenas la punta del ovillo de un rosario de diez arbitrajes contra el país, en cortes internacionales, que suman 3 600 millones de dólares. La cifra espanta. Y según el procurador del Estado, Xavier Garaicoa, las empresas “siempre las inflan”, para lograr una mejor negociación. ¿Qué hay tras esos montos millonarios? Las propias acciones del Estado. Unas propician las demandas. Otras descuidan la defensa. Lo más escandaloso es que no hay rendición de cuentas de ante esos actos. Ni administrativa. Ni política. Vanguardia analiza los últimos casos de arbitraje, sus posibles implicaciones y responsabilidades del Estado. Todos provienen del sector energético y han llevado al Procurador a crear una Dirección Nacional de Arbitrajes Internacionales y Derechos Humanos. Carlos Venegas, ex subprocurador, está a cargo. Sin embargo, El Estado no tiene una unidad interinstitucional que facilite la definición de estrategias para afrontar las demandas. En la mayor parte de casos, la defensa puede resultar millonaria. Como quiera que sea, Xavier Garaicoa está cambiando la Procuraduría General del Estado. Allí quiere sustituir “el decisionismo (de José María Borja) por procesos, como corresponde a una entidad moderna”. VATADURO Cómo multiplicar milagrosamente el pan Ni Donald Trump ha soñado un negocio mejor. La Compañía Varaderos y Talleres Durán, Vatadur S.A. vendió tres lanchas ambulancia al Ministerio de Salud, a través del programa Modersa, por 1 337 931 dólares. El contrato se firmó el 31 de marzo del 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. A partir de un pago pendiente por 492 000 dólares, la empresa, gracias a una multiplicación mágica, reclama 200 millones de dólares por daño moral y otros 187 millones de dólares por lucro cesante. La demanda la puso ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), en Miami, y la Procuraduría fue notificada el 4 de junio. y tiene hasta mediados de agosto para contestarla. En total son unas 15 000 páginas. La demanda la firmó Fernando Campos Avilés, como gerente general de la empresa, y Osiris Guayaquil Sánchez, como abogado. ¿Por qué se detuvo ese pago? Un informe perital del ingeniero naval Alberto Montenegro Peña, determinó que las lanchas debían valer 804 866 dólares. El Ministerio de Salud, usuario final de las naves, se negó a cancelar el resto. El 27 de junio del 2006 el Tribunal Constitucional dio luz verde a ese pago. Este hecho causó polémica en el gobierno de Alfredo Palacio: Marcelo Arcos era gerente general de Vatadur mientras se desempeñaba como presidente del Fondo de Solidaridad. Se denunció un conflicto de intereses. Osiris Sánchez lleva algunos casos de Marcelo Arcos, pero dice que el de Vatadur, en particular, es patrocinado por el gerente. Sánchez asegura que la demanda aún no ha sido planteada en Miami. Pero lo está. Por eso en el Ministerio de Salud y en la Procuraduría hay la sospecha de que lo que se quiere es tapar el caso hasta cuando sea demasiado tarde para el Estado... DUKE ENERGY El precio anunciado del desastre eléctrico El caso de Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A. es una muestra de cómo la ineficiencia del sistema eléctrico puede perjudicar al Estado. Duke Energy, una de las accionistas de Electroquil, reclama alrededor de 23 millones de dólares. Inicialmente, pedía el pago de las facturas no canceladas por parte de las distribuidoras eléctricas de propiedad del Estado. Pero durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se pusieron este y otros casos como condiciones para avanzar en la firma de ese acuerdo con Estados Unidos. Nadie acepta que fue esa la razón por la cual se incluyó una cláusula de garantía de inversiones en el contrato entre el Estado y Electroquil. Pero, coincidencia o no, esa acción abrió la puerta para que Duke iniciara una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el 25 de agosto del 2004. Fue aceptada el 7 de octubre de ese año. Dos causas se esgrimieron en la demanda del arbitraje: el incumplimiento de dos contratos suscritos y la violación del Tratado de Inversiones vigente entre Ecuador y Estados Unidos. En el juicio se pide que además del capital se cancelen multas, intereses y sanciones impuestas. En la Procuraduría se teme que el fallo sea desfavorable y si fuese el caso, se intentará reducir el monto. Otro escenario construye el Ministerio de Economía para quien no procede el pago. La razón: Electroquil, la socia que la estadounidense tiene en Ecuador, le debe al Estado alrededor de 85 millones de dólares por crédito de diésel. |
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