Entrevista a Ana Albán 

La Ministra del ambiente gestiona recursos para el ITT. Ya tiene un plan en Galápagos y mantiene la veda maderera.

¿Apoya la tesis que lidera el Vicepresidente sobre la no explotación petrolera en el Bloque ITT ?
Absolutamente. Hay un área al sur del bloque que es intangible y donde no pudiera hacerse explotación petrolera alguna.Pero hay que reconocer que las prácticas petroleras de hoy consideran la temática ambiental.

Eso implica no explorar, no entrar allí...
Algunas empresas han hecho prospección para estimar las reservas. Si bien la principal fuente de ingresos del país es el petróleo, el desafío es pensar en un modelo con ingresos del turismo, dando valor a nuestros bosques...

¿En qué acciones específicas se expresa el apoyo al petróleo bajo tierra?
Un núcleo de personas que ahora está en Economía, Ambiente y la Senplades, trabajamos en la idea de levantar fondos incluso desde antes de que asuma el presidente Correa. He contactado con el BID; se han acercado representantes del Principado de Mónaco, interesados en apoyar la promoción del proyecto.

¿Cuál sería el papel del BID?
Apoyar en el estudio de alternativas económicas a la explotación y en la definición del instrumento financiero avalado por el Gobierno que se dará a quienes hagan su aporte. La idea es formar un fondo fiduciario para, si no se consiguen todos los fondos, devolverlos. Otra opción es que nos ayude a promover el proyecto y, otra, ver la posibilidad de condonarnos deuda.

El problema del Parque Yasuní no es sólo el ITT , ¿tendrían que salir Petrobrás y Adpetro para proteger toda el área?
Con anterioridad se adjudicaron esos bloques. Por estar dentro del Parque Yasuní, las licencias y controles ambientales dependen de este Ministerio. En esas adjudicaciones se deben mantener los planes de manejo que sirvieron para darles las licencias.

Pero no podrían estar en el Parque si se trata de proteger un sistema integrado que no puede dividirse por bloques.
Sí, pero el ITT tiene características especiales por tener un suelo más pantanoso y la explotación allí debiera ser mucho más cuidadosa. Por eso el tratamiento diferente. Lastimosamente, nos toca regular sobre adjudicaciones que ya se dieron. Debemos hacer dos cosas: salvar lo que no está concesionado y tratar de tener políticas claras en áreas protegidas y regular la explotación.

¿Por qué no se da la licencia a Petrobrás, que tiene más de un año en ese trámite? Se han levantado las no conformidades ambientales. ¿Qué faltaría?
Soy juez en ese caso y no voy a prevaricar. Aún hay no conformidades que siguen su curso. Tomará el tiempo que sea necesario para estudiar los descargos que presentó la compañía. El cuidado ambiental no puede tener plazos.

¿Por qué hay una política dubitativa sobre la veda forestal?
Reconozco en el control forestal una de las mayores debilidades del Ministerio. Pero también se requiere el auxilio de la fuerza pública. La veda se dictó como medida extrema el 19 de junio (decreto 419). Tenemos los recursos de Economía (13 de julio) para hacer el control. Es un millón de dólares anuales y ya tenemos un adelanto de 400 000 dólares. Se está aplicando un plan. La veda aún no se ha caído.

¿Por cuánto tiempo?
Si ya tenemos los recursos, puede ser que la veda se reforme, pero por hoy está vigente. Los controles empiezan (esta semana) y haremos convenios con Defensa y la Comisión Anticorrupción para descubrir los huecos negros de la actividad. A los madereros les preocupa la veda. Pero viendo las cifras yo debo ser la preocupada.

El país ocupa 2,83 millones de metros cúbicos de madera. De las plantaciones forestales (teca, eucalipto...) creadas para quitar la presión sobre el bosque nativo sólo provienen 300 mil metros; 198 mil hectáreas anuales se pierden en el bosque nativo por deforestación.

¿Qué pasa con las especies nativas que interesan a los madereros y que siguen talando en los sitios sin control?
Estamos en un nuevo escenario. El Gobierno dispuso una primera veda por dos años para cedro y caoba, y luego dispuso la del 19 de junio ampliando las especies, en la cual, además, se excluyen las áreas con planes de manejo probado. Además, ya tenemos recursos.

¿No hay controles también en el interior de la institución? ¿No hay problemas en la entrega de guías de circulación?
El convenio con la Comisión Anticorrupción es para determinar si hay funcionarios en las redes de tala.

¿No han detectado casos hasta ahora?
Un caso emblemático: cuando empezamos con las veedurías a las oficinas técnicas que dan las guías de circulación, en Esmeraldas se incendió la de Borbón. No hubo forma de hacer la inspección de los documentos de allí.