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La alcancía de 2 000 millones PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 14 de agosto de 2007

La polémica sobre el ahorro nacional se genera en la reingeniería de la banca pública.

 

 El régimen de Rafael Correa busca una reingeniería financiera de la banca pública. Lo cual pasa por reformas estructurales —que tienen como objetivo fortalecer los bancos estatales— en las cuales se incluye la creación de nuevas entidades o la transformación de las existentes. Para este año la banca pública dispone de alrededor de 600 millones de dólares. Y para el próximo se espera incluir otros 1 300 millones de dólares que serán un aporte del IESS a través del Banco del Migrante.

La idea del régimen es utilizar —a través de esa nueva entidad— los recursos del IESS, en la inversión en grandes proyectos —refinerías o inversión petrolera, por ejemplo— y en microcrédito.

Para ello se requiere de una reforma legal. Los pasos previos incluirán asegurar el pago de la deuda del Estado al IESS con el objetivo de dotarlo del financiamiento adecuado; para lo cual se necesita definir el monto de la deuda actuarial (el IESS habla de 5 000 millones y Economía de 3 000 millones). El nuevo banco puede operar en un año.

El Banco del Migrante no será la única entidad que creará el Gobierno. De hecho, el Ministerio Coordinador de la Producción propuso la apertura de una agencia para captar los créditos externos que van orientados hacia el mejoramiento de la producción. Esto porque aunque la Superintendencia de Bancos reguló la contabilización de más de 800 millones de dólares en CDR para que no afecten a la contabilidad de la Corporación Financiera Nacional (CFN), la entidad no tiene una imagen fuerte en el exterior. La reforma tiene como propósito potenciar al Instituto Nacional de Cooperación Internacional, una entidad que actualmente capta las donaciones del exterior. En el presupuesto fiscal de este año se tiene previsto recibir 76 millones de dólares.

El Régimen también busca controlar los fondos petroleros a través del presupuesto del Estado. Dicha modificación irá acompañada de la conversión del Ministerio de Economía en uno de Hacienda y en la articulación entre Planificación y la Subsecretaría de Inversión Pública. “Es una de las reformas estructurales más fuertes que va a tener el país”, se dice en la Senplades.

Esta reforma modificará a la Banca Pública ya que permitirá transparentar los aportes que se entregan al Banco Nacional de Fomento (BNF) y a la CFN, se señala en el Ministerio de Economía. En lo que va del año el BNF ha recibido dos aportes —uno de 50 millones y otro de 22 millones— provenientes de la Cereps. Está presupuestada la entrega de otros 80 millones del mismo fondo, pero la caída en la producción petrolera pudiera disminuir dicha cantidad.

Este banco también recibirá 70 millones de dólares del Feiseh. Según los reportes del Ministerio de Economía, el BNF ha colocado la totalidad de esos recursos en créditos para la microempresa.

Con la CFN la situación es diferente. Hasta la fecha ha recibido 72 millones de dólares, pero la deficiente infraestructura de primer piso que posee no ha permitido la entrega de los créditos. Por ello se evalúa si se realizarán nuevos desembolsos. La venta del Banco del Pacífico es otro de los temas en carpeta, un objetivo a mediano plazo. La idea es que los recursos de la venta de la entidad sirvan para capitalizar a las entidades estatales especializadas en el microcrédito.

Para los proyectos de infraestructura local se concretó un crédito con la CAF que debe fortalecer al Banco Ecuatoriano de Desarrollo (Bede). Dinero destinado a programas de salubridad y agua potable de los gobiernos seccionales. Por su parte, el Banco de la Vivienda recibirá del Fisco, este año, 73 millones, que en su mayoría se destinará al bono de la vivienda.

En total el régimen tiene alrededor de 2 000 millones de dólares para la banca pública. La polémica sobre su uso se da por sentada.