La Asamblea debía ser la panacea. En realidad no hay debates ni acuerdos previos ni cambio en la política. Lo prueba el baratillo de ofertas. Vanguardia analiza las falacias del proceso.

EL DEBATE
Simulacros en vez de discusiones de fondo
La Asamblea Constituyente apareció, desde su concepción, como el escenario natural de un debate destinado a pensar, en voz alta y entre todos, en un destino común. Al fin y al cabo se trata de replantear las bases mismas de la convivencia social y política en el país.

Eso suponía contar con un liderazgo capaz de marcar la cancha, cernir una agenda y forjar las condiciones para lo que debía ser una discusión profunda que desembocara en acuerdos sobre lo fundamental. Es la forma como usualmente se entiende un proceso constituyente maduro y sostenible.

Hoy lo que se avizora no es eso. “La Asamblea no sirve para nada —dice Simón Pachano, profesor de la Flacso— y nos va a tomar dos años. Si nos hubiésemos tomado ese tiempo para llevar a cabo un debate en profundidad a través de los medios, foros y partidos, con el liderazgo del Presidente, hubiera sido mejor que el esquema excluyente. La Asamblea Constituyente será un fracaso en todos los sentidos”.

Ese pesimismo se explica por las condiciones creadas por el Gobierno para la Asamblea. Una visión maniquea (conmigo o en mi contra) desde antes de instalarse en el poder. 45 días de campaña en los cuales es absolutamente imposible decantar la agenda del país. Una distribución de escaños que —como dice Adrián Bonilla, director de la Flacso— “alienta la atomización y replica los errores del pasado”. ¿En esas condiciones, puede haber debates, y debates que incidan en el proceso preconstituyente? Jimmy Jairala, del PRE, piensa que sí. Y que estos se están dando en los medios de comunicación.

“Sin ese apoyo, la Asamblea hubiera sido un fracaso porque no se evidenciaría un planteamiento total de la reforma política”. Y es verdad que los medios, en general, han multiplicado sus espacios políticos o creado algunos para cubrir la campaña.

La duda se instala cuando se analizan otros factores: el tenor de esos debates, la multitud de candidatos, la dispersión temática, el desfase que hay entre los contenidos de lo que transmiten los medios de comunicación y los ofrecimientos que hacenlos candidatos en la publicidad, y la diferencia que hay entre el tiempo de exposición que tienen los mensajes del gobierno y sus aliados con el de los otros candidatos.

Todo esto lleva a Andrés Páez, presidente de Izquierda Democrática, a hacer un diagnóstico pesimista: “Probablemente esta Constituyente no sea el escenario de un acuerdo social sino donde se refleje lo que está pasando en la política ecuatoriana: una implosión expresada en fragmentación de fuerzas políticas, una bajísima calidad del debate político, una ausencia de ideología en quizá la mayoría de actores políticos y una enorme antipatía y desencanto en la población en general”.

El tan esperado debate sobre el destino común se mantendrá, entonces, en el congelador. Y la simulación de discusiones en la cual están parqueados los actores tiene, entre otras, tres explicaciones. Simón Pachano avanza la primera y se la endosa al Gobierno: creer que se tiene una verdad y una misión histórica y no hacerse problema con los grupos que se oponen a ellas. En ese caso, ¿para qué debatir? La segunda está en el campo de los otros candidatos que, presionados por el tiempo y sus desventajas frente al Gobierno, ocupan la palestra no para buscar acuerdos sino para fijar sus diferencias. Es el precio que creen que deben pagar para que los electores miren en su dirección.

En fin, están los opositores declarados que han llegado a la conclusión de que el régimen no quiere debatir sino enfrentar. Es el caso de Luis Fernando Torres, vicepresidente del Partido Social Cristiano. “Lamento que existan ingenuos candidatos que creen que con Correa y su núcleo de socialistas se puede conversar de temas esenciales. No será motivo de debate la nueva modalidad de la democracia chavista que aspira a la reelección presidencial y el acceso del Presidente a otros espacios de poder”.

Los motivos por los cuales no habrá debates de fondo en la Asamblea se pueden así multiplicar.

 EL ACUERDO
No interesa porque es más rentable polarizer
El presidente Correa es el autor, no exclusivo, de otro mito que arrastra la Asamblea Constituyente. Lo articuló al afirmar que buscaría un acuerdo nacional después de este proceso. En claro, dijo que el acuerdo que no se hace ahora, se hará después.

La película es vieja. Remite a la costumbre de medir fuerzas primero para, supuestamente, consensuar después. Esto ha fortalecido esa cultura política que huye de los acuerdos mínimos que requiere toda democracia madura. Este gobierno no es una excepción.

Su expectativa es obtener la mayoría absoluta en la Asamblea. Y si eso no es factible —como parece probarlo la mayoría de proyecciones— hacer alianzas con partidos y movimientos cercanos a su tesis. En el primer grupo pudieran estar Pachakutik, el PRE, el MPD y el Partido Socialista. Un poco más lejos están la RED, la Izquierda Democrática… “En ese escenario —dice Simón Pachano— no será una Asamblea Constituyente de búsqueda de consensos sino una aplanadora”.

De un lado, los adalides del socialismo del siglo XXI y, del otro, los sectores liberales o aperturistas. Este escenario de polarización es abiertamente aceptado por fuerzas como el Movimiento Popular Democrático y el Polo Democrático.

Ciro Guzmán, director nacional del MPD, extiende el posible acuerdo hasta la RED. Eduardo Delgado, candidato a asambleísta de Polo Democrático, no ve consensos sino con fuerzas que ven el país desde “los más humildes, la gente sin tierra, los familiares de los migrantes”. Diego Ordóñez, presidente de la UDC, hace, a su vez, una diferencia entre el deber ser y lo que, a sus ojos, hay. “El principal interlocutor que es el Presidente de la República, sigue estimulando el enfrentamiento y la contienda. Además, ahora tiene un discurso sedicioso. Eso son las personas que hablan de derrocar un poder constituido”. La confrontación también es evidente para Andrés Páez. Su partido se concentrará —dice él— en la defensa de la institucionalidad no sólo por el mensaje del Presidente de cerrar el Congreso, sino por el que dio el candidato de PAIS, Alberto Acosta, sobre la Corte Suprema de Justicia.

Jorge León, analista político, no niega que habrá esa polarización. Pero aun así cree que es factible un acuerdo “con el mayor número de fuerzas para que la Constitución dure. Estamos habituados a actuar sobre la cuerda floja y siempre acordamos algo. Por eso es importante el papel que jueguen la sociedad y la prensa”. Esta visión es refrendada por políticos como Páez y Jimmy Jairala.

Pero la matizan hasta pulverizar su contenido. “Sobre todo habrá mayorías móviles —dice el Presidente de la ID—, así se ha manejado en el Congreso en los últimos años”. En ello coincide Jairala. Pero agrega un dato que para él es un mito: “La Asamblea tendrá un grave problema cuando le toque cumplir su primera oferta de campaña que es disolver al Congreso.

Y eso por el estatuto y el reglamento —que no fueron inventados por el Congreso— que dicen que todo lo que hace la Asamblea debe ser aprobado por el visto bueno del pueblo”. Jairala dice en alto lo que se maneja sotto voce en el Congreso: que hasta las fuerzas aliadas al Gobierno, no cederán sus espacios de poder y, si es necesario, harán cargamontón contra él. El escenario no luce propicio a un consenso para legitimar la Constitución o dar paso al acuerdo nacional evocado por el Presidente.

Hay visiones radicalmente contrapuestas, hay pugna de poder Ejecutivo—Legislativo y hay, sobre todo, un factor que inquieta incluso a los aliados de Correa: su segura permanencia en el poder. “Veo poco probable —dice Simón Pachano— que los sectores que están en el Gobierno puedan seguir sin Rafael Correa. No hay construcción de un partido ni estructuras que aseguren la continuación.

Es un proyecto muy personalizado en él. Con estos elementos es muy poco probable que desde las fuerzas predominantes de la Asamblea se busquen acuerdos”. En esas condiciones, Luis Fernando Torres pronostica que el enfrentamiento no será en la Asamblea Constituyente sino después.

EL RECAMBIO
Hay nuevas caras pero no hay nuevas ideas...
La Asamblea iba a ser el gran momento político después de la debacle de los partidos. Por un lado, se iban a ver las alternativas a los viejos dinosaurios y, por otra, la reacción de éstos ante su propia crisis. Se dijo que sería el momento del recambio político.

¿Lo es? Hay caras nuevas. Las hay por montones. Están en casi todas las 495 listas provinciales y las 26 nacionales. Pero la llegada de outsiders no basta para cambiar el sistema. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, recuerda que también Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa no fueron, en su momento, miembros de partidos políticos.

El debate es, entonces, si al margen de las nuevas caras, hay nuevas ideas y nuevas propuestas. No, dice el analista Jorge León. “Estamos en una fase de cambios que se parece mucho al período del regreso al orden constitucional luego de los militares: cambio de generación, nuevos políticos, búsqueda de nuevas ideas, renovación dentro de los partidos (…) Pero las propuestas no son constitucionales en su mayoría y tampoco hay una renovación real de las propuestas”.

Eso significa dos cosas. Una: las caras nuevas no implican una renovación estructural de la política. Su presencia, en partidos y movimientos como el PSC, el Prian, la ID, la UDC, en particular, debe ser entendida como un paliativo, desechable, a su crisis. Dos: el beneficiario de esa crisis, Rafael Correa, tampoco articula una nueva política. “Si Correa quisiera en realidad cambiar el juego político a través de partidos políticos —dice Jorge León— el gobierno ya debiera haber lanzado su organización, formado cuadros y definido su identidad ideológica y política”.

La renovación no está, en definitiva, en que haya caras nuevas. “Significa —dice Simón Pachano— que debe haber nuevos partidos, con nuevos criterios, nuevas formas de organización democrática, procesos internos de elección de candidatos”. Hay coincidencia, entonces, entre los entrevistados por Vanguardia, en que se puede hablar de una transición.

En ello insiste Adrián Bonilla, director de la Flacso: “la caída del Congreso y las preferencias electorales en las actuales circunstancias dan cuenta de que el antiguo sistema de partidos se ha erosionando tanto que está dando paso a un sistema político que aún no sabemos qué será”.

Entretanto, una buena parte de esas nuevas caras no tendrá tiempo ni siquiera de posicionarse ante la opinión. Eso explica por qué hasta el movimiento PAIS del presidente Correa recurrió a caras conocidas que puedan producir votos.

¿Simple operación de cosmetología? Andrés Páez admite que el estatuto no ayudó a la renovación de los partidos. Si bien el promedio de gente nueva en la ID suma 92 por ciento, y está entre 35 y 40 años, él reconoce que la calidad de la política no radica en ello. Se basa en el contenido de las propuestas. Y hay muy pocas. “El propio Gobierno no tiene, sólo hay un manejo de la imagen del presidente Correa”.

En este punto, Jimmy Jairala, del PRE, y Carlos Anchundia, del Prian, coinciden. Sus partidos se abrieron a figuras nuevas. Pero mientras Jairala cree que los partidos evaluarán después del 30 de septiembre, mirando los resultados, si se renuevan o no; Anchundia cree que las nuevas caras —que según él suman 90 por ciento en el Prian— no afectarán la estructura ni la ideología del partido de Álvaro Noboa. Diego Ordóñez dice que “la gente que está en la UDC es en un 80 por ciento nueva”.

Lo cierto es que el estatuto, hecho por el Presidente, no favorece la renovación. “Con esta papeleta —dice Santiago Nieto de Informe Confidencial— se votará por logotipos o por listas por facilidad”. Y en esa lógica, en los partidos tradicionales se teme una goleada del Presidente. Goleada a la antigua y sin recambio político de fondo.

LA PARTICIPACIÓN
No es la elección más democrática del país
Esta campaña es la más democrática de la historia del país. Eso dice el Gobierno. Una lectura detenida sitúa esa afirmación, para sus contradictores, en la galería de los nuevos mitos.

El Gobierno pone sus argumentos: la campaña es pagada por el Estado. Hay franjas publicitarias equitativas. Y el método de asignación de escaños es proporcional; lo cual favorece a los movimientos más chicos. En este último punto, analistas y políticos otorgan la razón al Gobierno.

“El reglamento —dice Adrián Bonilla— no favorece al Presidente porque si se aplicasen las anteriores reglas con su nivel de aceptación tendría mayoría en la Asamblea. Pero el estatuto, en cambio, lo favorece y él está utilizando toda la máquina estatal”.

Gustavo Darquea, asesor político, pone sus evidencias sobre la mesa. No hay publicidad. Las franjas existentes son una tomadura de pelo. Las campañas deben ser hechas en las calles y sólo los partidos tradicionales tienen la estructura para hacerlo. ¿Cómo hacen, en esas circunstancias, las nuevas figuras para posicionar una campaña en 45 días? Al no poder posicionarse, el resto ya no importa. El efecto de recordación beneficia los números conocidos: la 12, 3, 6… La sábana que recibirán los electores el próximo 30 de septiembre nunca aupará el voto consciente sino la plancha. Los medios privilegiarán asimismo a los más conocidos… Polibio Córdova, de Cedatos, y Francis Romero, de Market, dicen prácticamente lo mismo cuando se refieren a las incidencias del estatuto.

Carlos Lasso, politólogo, se inscribe en el mismo análisis cuando afirma que el sistema favorece a Rafael Correa porque “para la sociedad los otros movimientos no existen. Sólo está en su mente el PSC, el Prian, Sociedad Patriótica y Alianza País”.

Dicho de otra manera, Correa dio cita otra vez a los partidos tradicionales para ganarles. La diferencia es que ahora tiene mecanismos nuevos a su favor. No sólo sus políticas en el campo social. Sobre todo la presencia del Presidente haciendo campaña, la publicidad abierta del Gobierno, las cadenas nacionales y la carga subliminal que hay en el uso de colores, melodías y lemas que ya están en la mente de los electores. “No es una elección igualitaria”, dice el principal de Cedatos. El mismo eco se escucha en la ID, el Prian, La UDC, el PSC, el PRE, Sociedad Patriótica. Los políticos con quienes habló Vanguardia (Jimmy Jairala, Carlos Achundía, Andrés Páez, Luis Fernando Torres, Diego Ordóñez, Luis Almeida, Eduardo Delgado…) se quejan, con matices, del estatuto que da pie a este tipo de campaña que, en definitiva, termina favoreciendo al régimen.

“La campaña va a ser un poco más democrática —dice Carlos Lasso— en el sentido de que no vamos a ver a Álvaro Noboa en cuñas de televisión cada cinco minutos. Vemos a más gente promocionándose. Sin embargo, nadie vota por quien no conoce”. Santiago Nieto toma el relevo. “La forma de elección es una barbaridad porque tiene todas las restricciones del mundo”. Y esas restricciones convierten en mito la afirmación según la cual esta campaña es la más democrática de la historia nacional.

LA CONSTITUCIÓN
En vez de propuestas hay baratillo de ofertas
La Asamblea fue aprobada por el 81,72 por ciento de electores el 15 de abril. Pero ahora los sondeos registran expectativas que no hacen parte del proceso constitucional. Cedatos reveló el 15 de junio pasado que el 71 por ciento de los entrevistados esperaba un cambio en empleo, seguridad, control de la corrupción, mejoramiento de servicios de salud, educación y vivienda.

Las mediciones hechas por Informe Confidencial también dicen que los electores confunden Asamblea con poder Ejecutivo. Y esperan empleo, que baje el costo de vida, salud, educación… La tabulación de Market es idéntica: corrupción (41%), falta de empleo (24%), delincuencia (15%), alto costo de vida (14%)… Sobre estos temas, los ciudadanos esperan que la Asamblea tome decisiones. “Estamos asistiendo —dice Adrián Bonilla— a una Asamblea Constituyente similar a cualquier escenario electoral anterior.

Es un proceso electoral con una sociedad que no ha cambiado tanto como uno creería”.

Y como no ha cambiado, el tenor de las propuestas recuerda más el baratillo de ofertas que el diseño de un marco constitucional. “A un elector de un sector popular que apenas sobrevive —dice Gustavo Darquea—, que no tiene trabajo fijo, con poca educación, poco le importa debatir si el país es unitario o no”.

Durante la primera semana de campaña electoral, esto ha sido evidente.

En las cuñas radiales y en los spots de televisión abundan las ofertas relativas a generar trabajo, garantizar la estabilidad laboral, masificar el deporte barrial, luchar contra la inseguridad, mejorar la seguridad social, bajar los precios de los productos, destinar 300 millones a microcrédito o mil millones de dólares para viabilidad...

Esto no excluye a quienes quieren incidir jurídicamente en la Constitución. La ID quiere combatir la corrupción, eliminar los privilegios y permitir el acceso igualitario a la tecnología.

El MPD, recuperar la soberanía o reivindicar el caracter social de la propiedad. El PRE que apuesta a la bicameralidad. Lo mismo ocurre con la UDC o el PSC que tienen a la dolarización entre sus caballos de batalla.

En todo caso, las ofertas no igualan los temas constitucionales en una campaña que el país parece seguir desde el andén de enfrente...