REVISTA VANGUARDIA El gran hermano llega a las ONG | El gran hermano llega a las ONG |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 28 de agosto de 2007 | |
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Estados Unidos quiere controlar la información precisa sobre los beneficiarios de USAID. La mira antiterrorista ahora apunta a las ONG. Aliados o no, el Gobierno de Estados Unidos no quiere que entre aquellas organizaciones que trabajan con su dinero, se cuelen entes irregulares que atenten contra su seguridad. Desde ya, la medida genera polémica. Parte de los cuestionamientos viene de las propias organizaciones afectadas que consideran que la decisión del presidente George Walker Bush las hace ver como una parte de sus sistemas de espionaje. Y otra parte llega de las entidades de defensa de derechos civiles, pues alegan que la medida viola la privacidad en Estados Unidos. La semana pasada el gobierno presentó oficialmente el Sistema de Control de Colaboradores (Partner Vetting Sistem-PVS). Con esto se pretende obligar a las entidades que reciben fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) a facilitar los datos de los colaboradores en sus proyectos. Estados Unidos quiere saber quién hace qué con su dinero. El PSV, que entra en vigor esta semana, también prohíbe la participación política de los beneficiarios. Interaction, la mayor alianza en Estados Unidos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) humanitarias que trabajan en más de 80 países, cree que el Gobierno se equivoca en su estrategia. En una carta remitida hace dos semanas por el presidente de la agrupación, Samuel A. Worthington, a los responsables del citado proyecto de la Usaid, la alianza afirma que esa iniciativa pone en peligro la vida de los ciudadanos estadounidenses que participan en actividades humanitarias en el exterior. La lógica parece clara. “Si somos percibidos como una extensión de los servicios de espionaje, los ataques terroristas contra ellos no harán sino aumentar”. De acuerdo a un informe publicado en el diario Washington Post, el plan incluye un registro de datos personales, números de teléfonos y direcciones de correo electrónico. Según el Post, la información se mantendrá en secreto. Las agencias relacionadas con el espionaje realizarán entonces 'controles de seguridad nacional', comparando esos datos con informaciones en distintas bases de datos, buscando vínculos con personas u organizaciones sospechosas de terrorismo. Lo peor es que no se explicará ninguna razón si una de las organizaciones es rechazada si se encuentra algún vínculo. Los implicados quedarían a todas luces en la indefensión. Worthington replica un argumento más. El cruce de información abre la posibilidad de que se violen leyes de privacidad que son garantías básicas en muchos de los países donde laboran las organizaciones. Eso — dice — los expondría al riesgo de verse imputados en los tribunales de justicia de los países a que se presta cooperación. Hasta este momento, sin ninguna iniciativa similar, lo único que se pedía a la ONG solicitante era que comprobase si sus trabajadores o dependientes guardaban vínculos con grupos terroristas incluidos en la lista del Departamento de Estado y se lo comunicara a laUsaid. Ese hecho surgió a raíz de una reforma realizada por el Senado en el 2003, entonces liderado por la mayoría republicana. En esa ley presupuestaria se instaba a la Secretaría de Estado a “dar todos los pasos apropiados” para asegurarse de que los fondos públicos destinados a organizaciones que trabajan en Cisjordania y Gaza no acabaran en manos de grupos terroristas. Mark Sommer, director de Mainstream Media Project, en la página web Tierramerica.net, sostiene que Bush abre un nuevo frente en “la vacilante guerra contra el terrorismo”. Para Sommer, lo del mandatario estadounidense no es más que un esfuerzo para desacreditar a las ONG. Esto toma fuerza con la organización NGO Watch y de un sitio de internet asociado denominado www.ngowatch.org que busca revelar públicamente el financiamiento, las operaciones y las agendas de las ONG internacionales. Así, George W. Bush apuntala un nuevo sendero en su tesis antiterrorista, radicalizada luego del 11 de septiembre. La medida que entra en vigencia esta semana puede ser suspendida por el Congreso, pero allí, en plena campaña electoral presidencial, se piensa las cosas dos veces antes. Hasta tanto, el presidente de los Estados Unidos tendrá tiempo, como buen cazador texano, de mejorar su puntería con las ONG. |