Al comienzo, el Gobierno dio señales inequívocas de que iba a hacer reformas de fondo en la Policía. ¿Cuál es hoy su balance?
De muy escaso resultado desde el punto de vista técnico, de bajo perfil el compromiso del Ministerio de Gobierno y de poca eficiencia en términos de los ofrecimientos de campaña. Nos hemos quedado en la retórica y no hemos tenido, hasta el momento, un avance de por dónde podría ir la reforma policial.

El Gobierno ha dicho que creó una comisión y que ésta tiene un año de plazo...
Pero también dijo que esa comisión especial iba a emitir correctivos mientras construía el proceso de reforma.

¿Cuáles son, si es que los hay, y en qué áreas están? ¿Dónde está el avance, por ejemplo, en el desempeño de la Policía de Migración, más allá de poner unas señoritas en el aeropuerto de Quito? ¿Dónde está la modernización de los equipos y la formación de personal? Eso concierne a los aeropuertos, puertos, fronteras terrestres. Esa reforma incluye, además, la transferencia de diversas competencias a quien corresponda.

¿De qué transferencias habla?
Por ejemplo de la visa del inversor que debe pasar a Relaciones Exteriores. Eso evitaría que los ciudadanos pensemos mal respecto a situaciones anteriores (las visas chinas) que involucraron a personajes políticos.

Otro tema es el control de las estadísticas. Una buena estadística debe estar homologada con las que manejan el INEC, el SISE y la Cancillería. No puede ser que los datos de Migración, de entrada y salida, sean un desastre.

En una reflexión anterior, usted había dicho que la Policía carece de conducción de política pública. ¿En este Gobierno sigue siendo un cuerpo casi autónomo?
Veo un agravamiento de ciertos temas: tránsito, transporte terrestre, penitenciario, control externo, no hay reformas al sistema de inteligencia policial.

¿Se pudiera pensar, bajo esa mirada, que la Policía sigue siendo un tema tabú?
Es un tema tabú. Hay atrasos evidentes, por dos factores. Uno: existe un mal concepto corporativo, un espíritu gregario que, al no permitir criterios técnicos o injerencia de políticas públicas, conduce a ostracismos en ciertos temas. Dos: el currículo de la Escuela de Estado Mayor de la Policía no puede ser casi secreto de Estado.

¿Está diciendo que la relación civil-policial está más atrasada que la civil-militar?
Bastante más. Y es más importante porque opera en muchos de los ámbitos de la cotidianidad de todos nosotros: tránsito, salud, investigaciones, seguridad ciudadana...

Esa relación está deteriorada como lo muestran los índices de credibilidad de la Policía. Por eso las medidas tienen que ser transparentadas ya y tener objetivos medibles para que se establezcan controles y rendición de cuentas sobre lo que se ofrece política y técnicamente.

La Policía dice tener planes internos de modernización. ¿Percibe usted cambios de fondo?
Cuando se saca la licencia, se nota que hay mejores aparatos y un trato un poco más suave con los usuarios. Pero no se ven cambios de fondo en áreas sensibles. Inteligencia es uno. ¿Qué pasa con cuerpos especializados como el GEMA, el GIR, el GOE? ¿Qué que pasa con las intendencias generales de Policía? Eso es terrible.

Cuando uno habla de reformas en cada una de las áreas, no hay ningún ejercicio y la sociedad no participa. Las FF.AA. hicieron, por lo menos, un simulacro para discutir el Libro Blanco. En la Policía no.

 En el caso de las intendencias, ¿la Policía no rinde cuentas en su interior ni a la sociedad?
La figura del archipiélago es lo que mejor la define. Tienes unas islas grandes y otras islas pequeñas. Las grandes están relacionadas con la Comandancia General.

Los cuerpos especializados vendrían a ser islotes, algunos de ellos con mayor vinculación con determinada política externa que tiene la institución policial, léase GEMA. En el destacamento de San Lorenzo, por ejemplo, lo construido por GEMA, con plata de la Embajada estadounidense, es de lejos mucho mejor que las instalaciones de las tropas y de los oficiales normales. Esto genera diferencias y eso es peligroso porque vuelve vulnerable a la Policía, en este caso a la estrategia estadounidense de combate a la droga. Súmele equipamiento, una serie de instrumentos con alta tecnología, intercepción, radioescucha y eso genera tensiones y problemas con Fuerzas Armadas.

¿No hay vínculo operativo entre las dos instituciones?
El Comando Conjunto se entera al último de qué hace la Policía. Y eso es grave. Quiere decir que ni siquiera los servicios de inteligencia nacionales tienen vasos comunicantes en cuestiones de seguridad nacional. Respecto a cómo se percibe el problema de la frontera, una es la información que da inteligencia de la Policía y otra la del servicio de inteligencia de FF.AA. Eso es ilógico.

Hay académicos que afirman que en la Policía hay sectores adscritos más a la política de EE.UU., que a la interna.
De hecho es así. Las fuentes oficiales van a negar eso. La Embajada también lo hará. Pero las personas que hacemos investigación vemos hechos y resultados.

Hace muchos años se sabe que no hay rendición de cuentas sobre la proporción de ayuda estadounidense —vía Departamento de Estado e incluso Comando Sur— que llega a la Policía. En otros países la hay. Aquí existe el manto protector de la reserva.

Por fuera de los celos y el tratamiento asimétrico que esto genera, ¿qué otras consecuencias hay para la Policía?
Es un desperdicio enorme de recursos. ¿Cuánto tiempo pasa un oficial entrenado por la DEA en el GOE o el GIR? ¿Cuántos de esos buenos oficiales están todavía ahí, pidieron su retiro o están trabajando en otras partes?

O pasaron del otro lado...
Por supuesto, ¿cuántos están ahora en contra como pasa en Perú, como sucedió en Bolivia o Colombia? Estas son cosas técnicas y políticas de seguridad pública.

¿Todo esto justificaría, como se evoca, la creación de un ministerio de la Policía?
De ninguna manera. Lo que se debiera crear es una mayor institucionalidad donde la Policía esté sujeta a las directrices de un Ministerio de Gobierno.

Pero este es muy débil en el país, tiene poca capacidad técnica y su personal es mal pagado y no está preparado para los retos actuales de lo que es la seguridad pública. La Subsecretaría de Policía del Ministerio de Gobierno cumple un rol básicamente administrativo y de vaso comunicante, nada más.

¿La realidad respalda una de las excusas tradicionales de la Policía ante sus crisis: que tiene pocos ingresos?
Ese es otro mito. La Policía tiene muchos ingresos y algunos son permanentes: tránsito, migración, derechos, tasas, por poner algunos ejemplos contables visibles. Estamos frente a una institución que tiene mucho poder y que recibe mucho dinero. Se entra a la página web de la Policía y no hay transparencia del gasto.

Y que no se diga que es una cuestión de reserva.
 

¿Cómo se explica que una institución con ese poder, no reciba estudio, debate y atención pública en el país?
Hay una sumatoria de factores. Uno es la estrechez de criterio, la irresponsabilidad y la ignorancia de la clase política. Normalmente se sigue viendo a la Policía como una institución que es depositaria de muchos arreglos de última hora. Para la Asamblea del 98, la moda fue la seguridad ciudadana. ¿Qué se hizo sobre eso? Nada, porque se dio mayor potestad para armar brigadas barriales y construir correas clientelares para la misma Policía.

Dos: ya hablamos del espíritu gregario, mal entendido, que defiende intereses corporativos y vuelve esa institución cerrada, lenta, poco permisible al cambio y a los procesos de reforma tanto para el escogimiento del personal como para la educación de oficiales menores y superiores. Tres: el mal diseño institucional del Estado ecuatoriano. El Congreso no tiene un vehículo jurídico para llamar a rendición de cuentas a los responsables de la Policía. En otros países hay una comisión parlamentaria sobre seguridad pública. En Ecuador no.

¿Eso explica la firma de convenios, como el que se hizo con la Fundación Sea Shepard?
Naturalmente. La Policía firma convenios con organismos internacionales a diestra y siniestra como cuerpo autónomo, como si estuviera separada del Estado y sin que lo sepa el Congreso. Éste último, que tiene que ver con soberanía, con mar territorial, es una clara evidencia, de este desmadre institucional.

¿Cómo explica que, pese a tantos acuerdos con organismos o gobiernos de Estados Unidos, Europa y otros países, la institución cambie tan poco?
En la pregunta hay tres elementos. Uno: algunos oficiales nuestros van y estudian y se especializan y vuelven bien preparados. Pero, al poco tiempo, son tragados por la licuadora de la cultura institucional. Por otro lado, ¿qué cantidad de convenios son cumplidos? Habría que hacer un inventario para saber con qué duración, con quién se han hecho, qué beneficios traen y qué costos representan. Cuando uno toca estos temas, que son políticos y técnicos, salta al ojo la falta de seguimiento que hay en algunos casos. ¿Qué pasó con los oficiales investigados por corrupción en Migración y otros casos? Las autoridades van a decir que eso procesos están en la Corte. El tema Fybeca es un lunar que crece cada vez más, que tiene gente desaparecida y en el cual no hay un resultado. Eso tiene que ser responsablemente resuelto porque, de lo contrario, habrá otra sanción en la Corte Internacional de San José.

¿Cómo se explica que en la misma institución haya cuerpos, como la Unase, con excelentes resultados, y fenómenos, como el coyoterismo, ante los cuales tiene poco que mostrar?
La pregunta que uno se hace es por qué los cuerpos de inteligencia policial son bastante ágiles para detectar, a veces, en la frontera norte tráfico de armas y por qué una cosa que es muy vista por todos, el tráfico de personas, no logra resultados concretos. Es una tarea pendiente.
 

¿Cuál es su respuesta?
Creo que deben mirar más hacia adentro y, si hay voluntad, transparentar la situación y sancionar.

¿Cómo ve el hecho que el comandante de la Policía haya dicho que la Policía está presta a velar por el orden, como manda la Constitución, pero también por el Presidente...
Es una intención prematura de tener mayor participación política institucional. Eso debe ser rápidamente limitado y debatido. Con Lucio Gutiérrez hubo un antecedente y hablamos de una institución sin controles o exiguos y con mucha capacidad de injerencia cotidiana.