REVISTA VANGUARDIA La guerra de trincheras | La guerra de trincheras |
|
|
|
| Revista Vanguardia | |||||
| martes, 25 de septiembre de 2007 | |||||
Página 1 de 3 ¿Es el Presidente hostil a los grandes empresarios? ¿Son ellos aliados de la oposición? Los discursos entre los gremios y el gobierno están cruzados. Y esto afecta la economía.¿Aterrados? En público, los dirigentes empresariales no admiten que ese verbo refleje el estado de ánimo del sector privado frente al gobierno de Rafael Correa y a la Asamblea Constituyente. Roberto Aspiazu, portavoz del Comité Empresarial Ecuatoriano, prefiere hablar de “incertidumbre y desconfianza”. Y descarta que estén “petrificados de susto ante el tsunami de la revolución ciudadana”. No obsta: el ambiente que se respira en las cámaras en general trasluce mucho más que inquietud y suspicacia. En ocho meses de administración Correa, han vivido un escenario inimaginable para la mayoría: han perdido protagonismo político y social, los partidos que antes parecían representarlos se han desmoronado, el Gobierno no comparte ni sus principios ni su agenda y están ante la casi certeza de que el movimiento del Presidente tendrá la mayoría en la Asamblea. Es mucho para sectores que no tenían entrenamiento alguno en navegar a contracorriente. Y es mucho, además, porque esta ansiedad, doblada de continuos sobresaltos, cumple casi un año. Empezó la noche del 15 de octubre. Con Correa en la final, los dirigentes gremiales buscaron acercarse al candidato de Alianza País. Los intentos se duplicaron desde el 26 de noviembre, cuando resultó electo Presidente de la República. La cita se pautó, finalmente, para el 26 de enero a las 16:00. En realidad tuvo lugar a las 18:00 y duró apenas 40 minutos. Renato Carló recuerda que con él estuvieron Patricio Donoso, Sebastián Borja, César Monje, César Rohon y Sebastián Cornejo. La sensación que le quedó es que el Presidente trató de calmar el juego: se mostró interesado en conocer los planteamientos para reactivar la producción y se comprometió a reunirse cada quince días con el sector productivo. Nunca lo hizo. Ha habido reuniones, reconoce Sebastián Borja, Presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, con ministros como Raúl Sagasti, María Fernanda Espinosa, Mauricio Dávalos, Carlos Vallejo, Fernando Bustamante, Alexei Mosquera o con Lenin Moreno, vicepresidente de la República. Pero no con el Presidente. “Con ellos nos ha ido bien —dice Miguel Peña, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil—. Son receptivos a las ideas pero entendemos que obedecen a un gobierno”. En claro, pueden hablar con Raúl Sagasti, sumarse a la gestión en Estados Unidos para la prolongación de la Atpdea, dar sus opiniones a la Canciller sobre tratados internacionales o relaciones comerciales, viajar a Brasil con el Ministro de Obras Públicas (en relación al eje mutimodal Manta–Manaos), estar en Bogotá en la negociación entre la CAN y la UE… Pueden reunirse con el Vicepresidente, a quien alaban su espíritu de apertura, pero dos certezas básicas alberga el sector empresarial: el Presidente tiene actitudes hostiles y su hoja de ruta se aleja de los postulados liberales en los cuales empresarios y comerciantes inscriben sus actividades. “Más que animadversión del Presidente, quien admira mucho a un buen empresario de iniciativa y trabajo honrado, —dijo a Vanguardia el ministro Mauricio Dávalos— hay una lucha política. Y muchos empresarios se han alineado estrictamente en contra de las posiciones del Gobierno. Es obvio, entonces, esta especie de distanciamiento. Pero estamos planificando una reunión suya con los empresarios”. Ningún dirigente empresarial admite alineamiento político con los partidos que ahora están en la oposición. “No es vergüenza decir —concede María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil— que ha habido alianzas no políticas. Hubo y ha habido trabajo en conjunto con grupos políticos, pero estos no siempre han sido los mismos. Siempre ha sido necesaria una conversación con diputados para precautelar los principios en los cuales creemos”. Pero ¿cuánta responsabilidad tienen esos grupos empresariales en la forma como ciertos partidos políticos manejaron la cosa pública? Allí hay división. Patricio Donoso, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano dice que “hay ciertos empresarios y grupos que han aportado a las crisis, pero son muy pocos”. Blasco Peñaherrera Solah va un poco más lejos: “Los comerciantes hemos creído en la buena voluntad de nuestros gobernantes y hemos sido demasiado condescendientes con dar segundas, terceras y cuartas oportunidades a quienes han tenido la responsabilidad de gobernar el país”. Sebastián Borja amplía el horizonte: “Sí es consecuencia y responsabilidad de las cámaras la situación actual. No es responsabilidad exclusiva pero sí estamos pagando la factura de acciones u omisiones anteriores”. El problema, según el Presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha es que no se ha aplicado un modelo liberal ni de economía social de mercado. “Los idearios —él cita los del Partido Social Cristiano— han estado bien pero, en la práctica, no hay relación directa con el accionar. Ha habido incoherencias de esos partidos que no son responsabilidad del sector privado”. Lo cierto es que ante el tsunami llamado Correa, el sector empresarial no tenía argumentos para declararse ajeno al statu quo. Y esto le permite a Mauricio Dávalos decir que parte del malestar que acusan los gremios se explica por la costumbre que tenían de imponer sus agendas a los gobiernos de turno. “Eso ha sido verdad –dice el Ministro coordinador de la política económica–. Es un cambio total porque antes se reunían con los presidentes y de allí salía lo que se hacía. Eso ahora no sucede y me apena que no alcancen a ver que las acciones del Gobierno, en materia económica y en la creación de infraestructura, están dirigidas a robustecer la producción privada. Si los empresarios resienten que el gobierno tenga una política de mejoramiento del capital humano, me parece una barbaridad”. En suma, los discursos están cruzados. Sebastián Borja sintetiza la preocupación de los gremios cuando dice que no se trata solamente de percepciones sino de cifras. Y avanza una letanía: “para este año el crecimiento es de 3,44%; el más bajo en siete años y el más bajo de Sudamérica. El crecimiento de la industria manufacturera alcanza 4,5%; el año pasado fue del doble. La balanza comercial es deficitaria por la caída de 13% de la producción petrolera. La inversión societaria cayó en 717 millones de dólares. No hay inversión. Y atraerla no depende de la buena intención presidencial sino que es consecuencia de lo que se dice y se hace. “¿Cómo es posible —se pregunta Borja— que en la madrugada de este 19 de septiembre, el Gobierno se haya volado las verificadoras y les dé un plazo de 90 días para salir cuando había relaciones contractuales que les permitían permane cer hasta el 2009? Esas son señales de inseguridad jurídica”. Patricio Donoso incrementa el pliego de señalamientos contra el Gobierno: “nos cambian las reglas de juego a medio año. Se duplicó la retención del Impuesto a la Renta en julio, cuando debía permanecer estable por un año, y eso significa 700 millones. Hay inseguridad jurídica, persecución a quien invierte, xenofobia contra los inversionistas que, ahora, prefieren a los vecinos. No sabemos qué reglas de juego normarán la actividad económica, social y productiva”. En este panorama, que cada dirigente empresarial agrava con sólo abrir la boca, la Asamblea Constituyente crea el dilema de fondo. Hay impotencia ante una orfandad política evidente. “Elementales conceptos —dice Roberto Aspiazu— de seguridad jurídica, propiedad privada, estado de derecho y economía social de mercado, quedan en entredicho en el marco de un debate propio de tiempos de la guerra fría”. El portavoz del Comité Empresarial Ecuatoriano también critica la reivindicación del socialismo del siglo XXI como tesis de cambio para el país. “No significa sino una suma de vaguedades e imprecisiones que alientan el desconcierto. Como diría el ex presidente del gobierno español, Felipe González, es una utopía regresiva”. Estas posiciones, que en menor o mayor grado son compartidas por los dirigentes gremiales, ¿los llevan, como dice Mauricio Dávalos, a hacer coro con la oposición? Todos lo niegan. Borja y Aspiazu coinciden, casi literalmente, cuando afirman que las cámaras no pueden suplir un vacío político ni convertirse en actores políticos, porque no es su rol. “De ninguna manera estamos coincidiendo con el discurso de la oposición —dice Sebastián Borja— . Públicamente hemos dicho que hay buenas acciones del Gobierno. Una es, por ejemplo, bajar aranceles a materias primas, insumos y bienes de capital”. Miguel Peña también saludó esa medida en el discurso de aniversario de la Cámara de Industrias de Guayaquil. |
|||||