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Réquiem por los derechos humanos PDF Imprimir E-Mail
Revista Vanguardia   
martes, 23 de octubre de 2007

Dos de los principales organismos apoyan al régimen. y socapan sus exabruptos.

 

 ¿Se quedó el país sin organizaciones que defiendan los derechos humanos? La pregunta tiene vigencia desde que Rafael Correa llegó a Carondelet. Hubo, entonces, expectativa sobre cómo actuarían, en particular, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), tradicionalmente vinculadas con la izquierda.

En diez meses, Aldhu y APDH han producido hechos que prueban dos cosas: los organismos de Juan de Dios Parra y Alexis Ponce, en menor medida, no sólo son fieles a los viejos cánones de la Guerra Fría (defender únicamente a los de su borde ideológico) sino que, además, han ayudado abiertamente a la administración de Rafael Correa, amplificando sus tesis. Y usando sus siglas para legitimarlas en el exterior.

Cuando el Tribunal Supremo Electoral destituyó a los 57 diputados del Congreso, la APDH mantuvo silencio. Sólo habló cuando los legisladores fueron agredidos físicamente. La Aldhu negó que existiera una persecución en contra de los legisladores.

Su secretario, Parra, jugó un papel que, hasta entonces, sólo parecía destinado a la Cancillería: envió cartas a los jefes de la diplomacia de Colombia, EE.UU. y Perú. En ellas, rechazó el pedido de protección diplomática ya que ninguno de los diputados sufría, según él, de persecución en razón de sus ideas o posiciones políticas.

La Aldhu, a la que perteneció el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, explicó que los legisladores fueron sindicados por un fiscal y un juez de derecho como presuntos autores de un delito tipificado. De la formalidad jurídica (derecho a la defensa, trámites para la destitución, uso de la fuerza pública...) no se habló en las cartas.

¿Cómo explica esa actitud? Parra no accedió a hablar con Vanguardia, pues dijo tener un viaje a Chile por asuntos personales. La segunda a bordo, Pamela Dávila, también estuvo fuera del país y ninguna otra persona quiso responder interrogantes que conciernen a la cercanía política de Parra con el régimen. Se evidenció, por ejemplo, en el enfrentamiento entre el Presidente y diario La Hora. Parra dijo querer mediar. Pero no reconoció que existieran "ataques a la prensa ni cortapisas" por parte del Mandatario. No obstante sus declaraciones, no hubo mediación alguna (papel que tampoco es el suyo) y la demanda siguió su curso.

Ponce reconoce hoy que existió la intención de reunirse con el Mandatario para proponerle que dé marcha atrás en la demanda contra Francisco Vivanco, director del diario. La reunión no se dio y su pedido quedó en una carta.

Sin embargo, la APDH ha mostrado una efervescencia militante en hechos de un tinte político innegable. Cuando el Congreso censuró al entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, la organización lo respaldó públicamente y participó del juicio paralelo que se desarrolló en las afueras del Pleno. Asimismo, en agosto, Ponce organizó un foro con el llamado padre del Socialismo del Siglo XXI, Heinz Dieterich. Este caso selló una diferencia con el régimen y, en especial, con Gustavo Larrea. En ocasiones la APDH no ha respaldado enteramente la lógica oficial.

Ponce recuerda que, en el caso de la detención de Mauricio Ordóñez, en junio de este año, por haber hecho supuestas señas obscenas al Presidente, su organización hizo un pedido al Tribunal Constitucional: que el Código Penal no considere esas señas individuales como ofensas. Hizo esa gestión con Galo Chiriboga, una vez que el abogado decidió defender a Ordóñez.

Sobre ese tema no existen archivos de misivas o pronunciamientos de la Aldhu. Incluso, funcionarios de ese organismo aseguran que desde hace más de seis meses no se emiten cartas oficiales sobre algunos temas.

Parra no actuó ni siquiera cuando el Presidente se refirió a Carlos Vera y Alfonso Espinosa de los Monteros en duros términos, al decir que hacían un periodismo pornográfico. Alexis Ponce, en cambio, pidió públicamente que el Mandatario se disculpara. En la APDH se reconoce que Vera se jugó por Rafael Correa en momentos clave, al exhibir documentos que no favorecían a otras candidaturas.

Esto suma en la balanza cuando se dice a Ponce que su organización sufre de hemiplejía. Él incluso recuerda que defendió a Blasco Peñaherrera Solah, cuando su oficina fue abaleada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Con ello argumenta que su defensa de los Derechos Humanos ha ido más allá de las ideologías. Pero reconoce que en ocasiones hizo falta mayor gestión como en el caso del ex presidente Gustavo Noboa.

¿Qué hará ahora él que abiertamente se declara correísta? Ponce acepta que se convirtió en el enlace entre Alianza País y los movimientos sociales. De hecho, asegura que al menos 14 de los asambleístas electos por País salieron de ese diálogo.

Él mismo iba a ser candidato por ese movimiento, pero renunció cuando aceptó formar parte de la Comisión de la Verdad creada en mayo para esclarecer las violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 1988, en el gobierno de León Febres Cordero. Esa empresa le salió mal y la semana pasada Ponce abandonó la Comisión y se fue en malos términos con el Ministro de Gobierno y su delegado, Andrés Valdivieso. Al parecer, entre otras cosas, porque las investigaciones de otros períodos más recientes no se pusieron en la agenda.

¿Esa decisión es acaso un síntoma de ruptura? No, dice Ponce. La alianza, pública o no, continúa con el Presidente. Y continúa también la ambivalencia de unas organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos. En realidad, son siglas con muy pocos adherentes que ahora militan abiertamente por el Gobierno