REVISTA VANGUARDIA La batalla del Oriente | La batalla del Oriente |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 23 de octubre de 2007 | |
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¿Es sostenible el decreto que obliga a las petroleras a pagar el 99% de sus ingresos extraordinarios? Ellas afirman que no. Vanguardia analiza esa pugna que recién se inicia. EL MAZAZO El Presidente ganó la mano a las petroleras La reunión duró hasta las tres de la madrugada, de ese miércoles 3 de octubre. Hasta esa hora, el Primer Mandatario analizó la decisión que anunció al día siguiente. Un tiro de gracia, dijeron las petroleras: dejaban de recibir, por completo, los ingresos extraordinarios por el precio del petróleo. Unos 811 millones de dólares. Rafael Correa anunció el 4 que cambiaba el reparto de los ingresos petroleros. Del 50—50%, estipulado en la Ley 42, votada en abril del 2006, pasaba al 99—1% a favor del Estado. Antes de decidir, Correa se informó con el Ministro de Energía, el Presidente de Petroecuador, sus equipos técnicos y el de la Unidad de Administración de Contratos. Una pregunta animó la reunión: qué hacer con las petroleras. Estas recibían, en su visión, ingresos y utilidades suficientes de acuerdo con los contratos de participación. De hecho, ellas mismas proyectaban utilidades con un precio de 24 dólares (es el promedio de las ocho que tienen contratos de participación). Y ahora estaban recibiendo, a pesar de la Ley 42, alrededor de 22 dólares adicionales por cada barril. Una fortuna, en su parecer. Correa sabía que las empresas —hablando sin matizar— habían recibido tan buenas ganancias en los años anteriores que incluso habían pagado utilidades de 80 000 y hasta 100 000 dólares a sus empleados. Sabía también que habría un importante impacto fiscal, al obtener unos 1 400 millones de dólares más de recursos del petróleo para el próximo año. En efecto, si bien el SRI bajará la recaudación de la Renta en 251 millones de dólares, el Ministerio de Economía se beneficiará directamente de esos 1 400 millones; el doble de lo que hubiese recibido sin el cambio. Y esto aliviará el requerimiento de deuda en unos 1 910 millones. El Presidente llegó preparado. La noche del 2, junto al secretario jurídico de Presidencia, Alexis Mera, ya había dado los elementos suficientes del nuevo Decreto 662 al ministro Galo Chiriboga y a Carlos Pareja, presidente de Petroecuador. Su anuncio dejó semiparalizadas a las petroleras y en suspenso, por unos días, la reunión que se había pactado con cinco compañías (Perenco, Andes Petroleum (AdPetro), City Oriente, Repsol y Petrobras) para el mismo día del anuncio. En general, las compañías fueron tomadas por sorpresa, reconoce uno de sus abogados. A tal punto que en la reunión que tuvieron ese jueves 4, en la tarde, “ni siquiera lograron ponerse de acuerdo en un comunicado de prensa”. Unas querían guerra, otras diálogo. Pero cada una, arguyendo la originalidad de su contrato, decidió que era urgente esperar. La reunión de la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, hecha un día después, ratificó un diagnóstico interno —se le fue la mano al Presidente— y una imposibilidad —no habrá estrategia conjunta—. Hubo apenas un punto de acuerdo: pedir al Gobierno que revea el Decreto, lo elimine o encuentre una fórmula para aplicarlo de manera gradual. “El petróleo es un gran negocio —dice un abogado de ese gremio— para hacerse el bravo”. Este es el argumento mayor que jugó en contra de la cartelización. Además, hay empresas que sin decirlo en público esperan que este asunto se resuelva en otras instancias. Algunos piensan que ser español o brasileño y tener un gobierno socialista es mejor, en este caso, que ser defendido por George Bush o Nicolas Sarkozy… En todo caso, las compañías usaron la estrategia de la silla vacía el lunes 8 que debían reunirse con Galo Chiriboga y sólo una semana después representantes de cinco petroleras grandes, cada uno acompañado por 2 ó 3 asesores, explicaron su situación y su propuesta. En lo básico, sus tesis coinciden: el recorte abrupto y brutal de ingresos provocará una rentabilidad nada atractiva, una caída de inversiones y, en casos, el cierre definitivo del negocio. Se piensa que el Presidente tomó la decisión basado en falsas cifras, que es antitécnica y que es inviable. “De hecho —dice un especialista en Petróleo, que también pidió no ser citado— la ley del 50/50 no se ha podido aplicar. No se puede usar una ley o decreto general en un sector en el cual cada empresa trabaja en condiciones particulares y cuyo contrato es específico”. El martes 16, a las 16:00, el canciller encargado, Diego Stacey; Galo Chiriboga, y el procurador, Xavier Garaicoa, trataron de convencer de lo contrario a diplomáticos y organismos internacionales. Dijeron a los 25 asistentes que el 662 no viola la Ley y les invitaron a hacer propuestas. “Un verdadero sin sentido —dice un representante de una de las petroleras—, porque el mensaje de fondo sigue siendo que la decisión del 99–1 es inamovible”. EL EFECTO Las petroleras no tienen una estrategia común Un tren puede ocultar a otro, dice un dicho francés. Eso ocurrió a las petroleras. Tras haber recibido un mazazo inesperado, les llegó otro, once días después: Carlos Pareja las conminó a cumplir con los pagos pendientes que tienen con el Estado: 317,4 millones deben entre las nueve petroleras (incluida la Oxy) con motivo de la Ley 42 (ver cuadro). Si no lo hacen, corren el riesgo de que Petroecuador inicie las acciones legales contempladas en la propia Ley. Pareja fijó el 31 de octubre como plazo final. Las petroleras creen inviables esos pagos y lo que han pagado lo han hecho —dice el abogado Fernando Santos Alvite— “bajo protesta”. Vanguardia no encontró, entre representantes y abogados, alguien que admitiera que, bajo las nuevas reglas, se pueda seguir operando y pagando al Estado. “Con la ecuación del Presidente —dice un abogado en un lujoso edificio del norte de Quito— el plan de negocios se hace insostenible”. Petroecuador, Energía y la Procuraduría manejan otro discurso: los contratos ya proyectan ganancias con precios que se estiman entre 19,5 y 30,5 dólares/barril (ver el tabulado). No hay, entonces, pérdida. Además, durante los últimos cinco años, y hasta abril del 2006, se vendió el crudo por encima de esos precios, y ese excedente (ingresos extraordinarios) fue directamente a las arcas de las petroleras. Lo que el Presidente ha hecho es cortar esos excedentes, que no estaban previstos en los contratos, como parte de las utilidades. En privado, abogados de las petroleras admiten que una renegociación se imponía y que ya se hizo a través del reparto 50/50. Y agregan que el régimen se equivoca al no entender que los precios, proyectados para aplicar los contratos, son sólo referenciales. Las ganancias previstas en el primer plan de negocios tampoco son lo que parecen. Por dos motivos, sobre todo: aquellos que negociaron los contratos, no son los mismos que ahora los tienen. Es decir que han venido perdiendo utilidades. Por otro lado, las empresas, a la luz de los buenos precios, duplicaron o triplicaron inversiones que no estaban previstas en los negocios iniciales. “Esto se ve —dice un abogado petrolero— en el número de barriles de petróleo. Las privadas producen el doble de Petroecuador teniendo apenas el 25% de las reservas”. La conclusión es clara: no se han amortizado las inversiones y si el Gobierno se mantiene hermético en su posición se hará haraquiri a mediano plazo. Bajará la producción por ausencia de inversión, enviará un pésimo mensaje a la inversión extranjera, al no entender que se trata de contratos de riesgo, y convertirá el sector petrolero en un bulto de anzuelos. Lo cierto es que el Decreto 662 puso en evidencia el rosario de problemas por que atraviesan algunas compañías. Uno significativo es el de la china AdPetro. En el contrato para el campo Tarapoa, ya se contemplaba el reparto del 50—50 y esto antes de que naciera la Ley 42. El reparto se hace con Petroecuador y esos ingresos no van al Fisco. Con la Ley 42, la empresa tiene que repartir también con el Estado. Y ahora, con el 99—1, prácticamente se queda sin ingresos para aplicar su contrato.En la empresa además se dice que no podrá cumplir sus planes de inversión. Su caso no refleja el de las otras petroleras. AdPetro llegó a inicios del 2006, una vez que compró a Encana el negocio en marcha. Encana no había considerado rentable, por ejemplo, invertir en la zona protegida, por requerirse tecnologías muy caras. Con un precio de 25 dólares por barril, en el 2005, no podía abrir un pozo. Cuando el precio subió a 45 dólares, en el 2006, los capitalistas chinos sí decidieron invertir. Pero tres meses después, les llegó la Ley 42. Redujeron entonces sus planes de inversión. A renglón seguido se cortó la mitad del campo a PetroOriental, porque fue declarado zona intangible. El grupo chino hizo las cuentas: menos petróleo, menos volumen de negocio, menos renta, paros en las comunidades cercanas a los pozos… Nada de ello estaba previsto cuando compraron a Encana el negocio en marcha. Ahora, con el 662, en esa empresa se considera probable tener que devolver una torre de extracción que iba a entrar a operar... Otro caso: Repsol dice haber estado muy interesada en renegociar su contrato, que vence el 2012, pero no ha encontrado interlocutor. Su problema es que tiene compromisos con el OCP hasta el 2018 para transportar crudo. Necesita entonces petróleo y, según fuentes del sector, pensaba perforar tres pozos hasta diciembre. Ahora devolvió las torres —dice una fuente del sector— y en vez de 130 millones de inversión sólo incluirá cinco millones. El rosario sigue: Petrobrás devolvería una torre, Perenco se quedaría con uno de sus dos pozos. “Por eso —dice la fuente— si el Presidente no se mueve de su decisión quiere decir que no tiene sensibilidad con las inversiones. En consecuencia: la producción caerá. Habrá desempleo. Un pozo ocupa a unas 500 personas durante uno o dos meses”. A eso, el ministro Chiriboga responde que, precisamente, las empresas que se quejan por pérdidas también asumieron riesgos y si perdieron, pues así son los negocios. El mensaje parece evidente para City Oriente. De igual forma, Chiriboga desmiente que el Gobierno quiera nacionalizar el sector. “Eso es una maledicencia total. Queremos tener una buena relación con todas las petroleras, queremos que se queden el mayor tiempo posible, pero ellas también tienen que respetar los derechos del Estado. La relación debe ser equitativa, la seguridad jurídica tiene que también respetarse en favor del Estado. En los contratos no se pactó nada por el aumento de precios, cuyo promedio es 24 dólares. Lo que se está regulando no es lo que estaba pactado”. CITY ORIENTE La piedra en el zapato gubernamental... La empresa City Oriente es la más pequeña en producción entre los nueve contratos que estaban incluidos en la Ley del 50—50. Sin embargo, es una piedra en el zapato porque pelea un arbitraje internacional con el Estado ecuatoriano. Lo hace ante el Ciadi, que ya aceptó la demanda y conformó un tribunal: Horazio Grijera por la compañía (argentino), Christopher Thomas, por Ecuador (canadiense) y Juan Fernández—Armesto (español). Los dos primeros estuvieron en la disputa por devoluciones del IVA que perdió Encana con Ecuador. Ante ellos, la empresa reclama por la ley del 50–50 que, según su visión, cambió las reglas en medio del desarrollo del negocio y afectó el equilibrio económico del contrato. Por ahora, el procurador Xavier Garaicoa hizo saber al delegado de la embajada de EE.UU., el martes 16 en la Cancillería, que City Oriente debía pagar. Y que si hubiese una reliquidación que hacerle por algún problema de cálculo, se le devolverá, pero que debe pagar primero. El jueves 18 informó que le inició un juicio por no haber pagado un centavo por la Ley 42. Según la tesis ecuatoriana, City Oriente no reportó negocios desde el comienzo. La producción siempre fue baja en el bloque 27. City Investing, que precedió a Encana, también se quejó. De hecho fue lo primero que vendió, antes de que la canadiense transfiriera a AdPetro el resto de sus campos. La producción es baja, 3 000 barriles día, pero no es considerado un campo marginal porque no había sido explotado. Por todo eso, City reclamó una compensación en algún momento, que el Estado no reconoció. Detalles que dan la señal —se estima en el sector— de que ante las nuevas condiciones, esta empresa será inviable. Los abogados del departamento de Estado están evaluando lo que harán en este caso. ¿Por qué entonces tiene importancia? Porque si gana el arbitraje, las otras empresas reclamarán por el cambio de condiciones y eso echaría abajo la Ley 42. Por ahora, el Presidente pidió que se envíe un pedido para limitar en adelante el uso del Ciadi en temas energéticos. Esto, según los análisis que se hacen en el Estado, luce irreal e improcedente. En todo caso, la notificación aún no ha sido entregada a ese organismo. LA SALIDA Triunfo político por mejores márgenes Las petroleras ven con buenos ojos a Galo Chiriboga. Pero saben que no es el dueño del balón. Por eso miran, escépticas, las salidas que él transmitió y que, en realidad, son dos: ver la posibilidad de modificar las condiciones dentro del actual contrato de participación (plazos y términos) o migrar al contrato de prestación de servicios. La tercera evocada por el ministro, únicamente les arranca una sonrisa nerviosa: que las cosas se queden como están. Para la mayoría de empresas sólo cabe una salida: la segunda. “No se trata de compensaciones —dice el Ministro— sino de escenarios para que puedan seguir operando bajo los mismos contratos y que tengan una rentabilidad atractiva”. Las empresas trabajan en esta dirección. Saben que el Presidente puso, por convicción o por estrategia, o por las dos, una barra alta de la cual es imposible devolverse. No esperan, entonces, que Correa derogue el Decreto 662. Políticamente le resultaría imposible. ¿Qué piensan hacer? En realidad, no lo saben a ciencia cierta. Algunos abogados parecen tentados a decir que si el Presidente creó el problema, él plantee la solución. Pero saben que, esta vez, les ganó la mano y que cualquier solución, si el régimen acepta negociar, implica para sus clientes una disminución sensible de sus utilidades. En ese caso, el primer ejercicio parece ser aterrizar con el mínimo de costo en la nueva realidad. Eso significa, admitir que el petróleo seguirá siendo un negocio y que lo que está en juego, más que su estancia en el país, es el margen del cual podrán disponer y el nuevo plan de negocios que podrán armar. Algunos son pesimistas. Anuncian incluso que se acaba de iniciar una guerra de brazos caídos en la cual las empresas pueden incluso reducir la producción, pues el porcentaje obtenido en Ecuador es marginal en su giro empresarial global. “Cuando el Gobierno vea disminuir en 80 000 o 100 000 barriles día la producción —dice un especialista afín al gremio petrolero— entenderá que debe negociar en términos que permitan invertir y extender los contratos”. Este discurso está lejos de ser unánime. Un abogado ecuatoriano que trabaja con una multinacional no ve a las empresas bajando la producción. Por el contrario, cree que querrán maximizar la producción, minimizando la inversión. Algunos, como Fernando Santos Alvite, se animan a dar una salida: “extender los contratos y no quedarse en el 50/50: generar una escala que pueda ir hasta el 99/1 del Presidente, pero según el precio del barril y las condiciones de cada contrato”. Otros hablan de acuerdos en los cuales haya canjes: más porcentaje a cambio de deducciones por producción, por inversión o por condiciones específicas (lidiar con las comunidades locales o con temas de inseguridad en la frontera). Las petroleras no lo dirán en público pero, en privado, acarician la idea de que el Presidente haya usado el Decreto como una estrategia extrema para forzarlos a negociar. Y que ahora que casi los saca del cuadrilátero, flexibilice suposición. De lo contrario, no descartan una guerra de desgaste que pudiera terminar, para algunos, en el Ciadi. Lo dijo el presidente de la española Repsol— YPF, Antoni Brufau: “Tengo que decir mi preocupación por el planteamiento. Si Ecuador nos quiere, vamos a estar, y si no nos quiere, para eso están los tribunales internacionales”. De lo que sí está segura la gran mayoría de empresas es de no querer volver al contrato de prestación de servicios que ahora sólo rige con Agip. En todos los casos, se evocan viejos tiempos en los cuales las empresas quedaban |