Afortunadamente se viabilizó, por  ejercicio de la democracia, una nueva constitución, instrumento que configura  al  Estado. Cuánta resistencia hubo que sortear para llegar a una asamblea: varios congresos arrogantes, los caciques de  la partidocracia, los gurús de la opinión, los  ejes de poder y hasta algunas intelectualidades imbuidas de soberbia. 

El único mandante, que es el pueblo,  barrió en las elecciones designando a un grupo de nuevos personajes, que con responsabilidad asumirán tan delicada tarea, empeño para el cual van tienen que prepararse oportunamente.

A efectos de que sean considerados algunos planteamientos es pertinente formularlos sugerencias en calidad de un simple ciudadano.

GARANTÍAS INDIVIDUALES.

Adicional a de las protecciones que la actual constitución ofrece a los ecuatorianos, convendría se incorporen nuevos amparos.

Ya es momento que las exclusiones y  restricciones segregacionistas se superen, particularmente respecto de sexo, raza, edad, estado civil, preferencia religiosa, afectaciones de salud, entre otras. Particularmente para reclutar personal indigna como,  en forma expresa,   se establecen límites de edad y sexo. En nuestro medio pasados los treinta  años, ya es relegado  en los procesos selectivos. La juventud refleja una vitalidad importante, sin embargo la experiencia es uno de los factores relevantes en el desempeño de cualquier función. Así mismo, en el caso de las mujeres casadas se les estigmatiza como eventuales problemas las obligaciones del hogar. Cuántas veces ocurre  que por maternidad son obligadas a separarse de sus trabajos y, evitarse de esa manera, cumplir con las disposiciones legales.  Los sesgos raciales aún persisten, a pesar que van siendo superados. Algunas afectaciones de salud son verdaderas fronteras infranqueables, más en los casos de afectaciones de VHI y sida.

El muchos países que han evolucionado en estos ámbitos, es absolutamente prohibido solicitar en los requerimientos de personal limitaciones de esa índole, de ocurrir aquello da lugar al  respectivo reclamo legal.

Otra de los graves estigmas  que afecta a los ciudadanos se origina en  las calificaciones  sobre solvencia y comportamiento financiero.  Es indiscutible que las obligaciones deben ser honradas y que el buen nombre es un atributo invalorable. Sin embargo,  el mismo  de sistema que impera obliga a emprender el mejoramiento  económico, acudiendo al financiamiento. En muchos casos, por causas exógenas esos endeudamientos sufren tropiezos. Cumplir las obligaciones es un compromiso ineludible; pero la dinámica da lugar a eventualidades adversas; acaso el mismo país no es víctima de endeudamientos gravosos y hasta ilícitos que se ha visto a confinado a las penalidades de un default, el sistema bancarios no ha tenido avatares serios en su solvencia.  La morosidad no debe ser una práctica, pero merece ser renegociada,  lo grave es blindarse en el cinismo al  no cancelar una deuda.  En ello se origina las calificaciones de crédito.  Quién sea, a espaldas, calificado con “c”, “d” y peor “e”  está casi sepultado en vida. El reo que ha cumplido la pena y, muchas veces se ha beneficiado de rebajas, sale a la comunidad  a rehacer su vida; los ciudadanos degradados con “e”  son  reos financieros, aún así  hayan honrado sus acreencias quizá  tardíamente. Para ellos la rehabilitación no existe, tanto en la central de riesgos de la Superintendencia de Bancos como en los  extravagantes bufetes de crédito. En contraste los delincuentes financieros de alta alcurnia, como es el caso de varios ex - banqueros, gozan  de toda la consideración  como inversionistas destacados, el común de los corrientes con “e” está confinados al limbo productivo.

Más aún, se da el caso que los cónyuges de  los representantes legales y accionistas de compañías en dificultades financieras, por el hecho de  que la compañía  tiene problemas, son arrastrados a las penalidades que conlleva las calificaciones financieras. En operaciones que se cumplen con dación de pago de las garantía, ocasiona calificación “e”. Se extinguió la deuda pero el individuo  queda marcado.

SOBRE ALGUNAS COMPETENCIAS DE LOS EGOBIERNOS LOCALES.

Generalmente se considera que el gobierno central representa al Estado, cuando comprende también los gobiernos seccionales y las otras entidades del sector público. Consecuentemente, el tamaño del Estado ha sido calificado como obeso, desproporcionado, centralista y concentrador.  Dado que es un ente de todos en general, es secular  atribuirle todos los defectos, más aún si la gestión se torna ineficiente para dar respuesta a los requerimientos de las colectividades.

Frente a ello se esgrime con  simplicidad que una opción válida son las autonomías. Entendiéndose por este concepto organizativo la capacidad para gobernarse sin influencia de presiones de ningún orden, particularmente la capacidad y solvencia para afrontar los  compromisos políticos, administrativos y económicos que ello conlleva; así como crear sus órganos legislativos que normen en el ámbito geográfico  autonómico. Al respecto cabe cuestionar, qué región del país tiene y genera los recursos para su gestión soberana; y de otro lado, reflexionar si con un solo congreso nacional por tres décadas, como registra la última época democrática, ha evidenciado su mediocridad e  ineptitud, al haberse convertido en rehén de los cacicazgos políticos que con toda la arrogancia se creyeron en el derecho de disponer, por celular, cómo y qué deben hacer los políticos en su parodia  actividad legislativa. Quien transgredía las pontificales disposiciones o abandonada el séquito, caía en el inmisericorde  código de ética, aún su fuese su consorte. Únicamente habría que hacerse la figura hipotética de contar con congresos en cada una de las autonomías, qué gran sarcasmo sólo pensar en ello.

El Estado  debe vigorizar a los gobiernos locales, lo cual crearía una verdadera descentralización, otorgándoles competencia y atribuciones en los sectores educativo, de salud, y órganos policiales. En el país ya se cuentan con experiencias exitosas en algunos municipios que han asumido esas funciones.  Las comunidades necesitan que el Estado se acerque a las comunidades y, la mejor forma de hacerlo,  entregando a las municipalidades la tarea educativa, reservándose la  política general  para que sea  definida por el gobierno central. Cosa similar debe ocurrir con los servicios de salud y los concernientes a la policía y carcelarios. Estas formas de administración imperan por décadas en los países desarrollados. La misma provincia del Guayas es orgullosa de la Comisión de Tránsito con ámbito provincial. Obviamente esto causará grandes resistencias por cuanto los defectuosos  gremios al estar bajo la sombrilla estatal disfrutan de la ineficiencia y únicamente demandan derechos; al pasar a control de los gobiernos locales la supervisión es más cercana y efectiva en cuanto a resultados y logros.

Muchos países de Europa, Chile en América Latina, Canadá y los Estados Unidos,  una de las democracias de más continuidad, tienen en los condados o gobiernos locales confiados la educación, los hospitales, la seguridad pública a través de la  policía y las cárceles locales.

Con cuanta pasión se evidenció la resistencia a crear nuevas provincias, por puro  capricho de los dinosaurios políticos, cuando aquello genera una mayor horizontalidad del poder.  El simple ciudadano que debe acudir a sus órganos provinciales tiene que movilizarse hasta por una partida de nacimiento a las centros de poder, el sistema judicial está ausente el las lejanías rurales y urbanas de los mismos centros, la representatividad democrática, la obra pública, los servicios básicos  se postergan, exacerbando así   las deficiencias del Estado frente al conglomerado.  

 La educación, la justicia, la salud, el bienestar de las personas, son garantías fundamentales del Estado; por tanto la política y objetivos deben ser nacionales pero la gestión corresponde sea local.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Si se pondría en vigencia un régimen legal análogo al que rige para el control de drogas y estupefacientes respecto de los actos de corrupción, con toda certeza se erradicaría este  mal que expolia a nuestra imagen y erario  nacional. Simplemente, una vez que se efectúen los procesos pertinentes quien incurra en actos de turbulencia corrupta deben ser confiscados los bienes mal habidos. Un  ejemplo real  está en el Conesup, cuántos bienes ha incautado por corresponder al narco tráfico; régimen por el cual en el Ecuador no ha prosperado esta lacra social como en como en otros países.

Para detectar enriquecimiento ilícito el Estado cuenta con toda la información adecuada, convendrá efectuar cruces de información entre el SRI, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Dirección Nacional de Tránsito, Dirección de Inmigración, Catastros Municipales, entre otros, cuyos registros podrán con evidencia reflejar bienes que no tienen justificación adecuada en su origen.