INICIO arrow REVISTA VANGUARDIA arrow Más muertos en las vías: el costo del favor politico arrow arrow arrow
Más muertos en las vías: el costo del favor politico PDF Imprimir E-Mail
Guillermo Abad   
martes, 13 de noviembre de 2007

El Gobierno coopta a los transportistas con prebendas. Así posterga los cambios a la Ley de Tránsito y a los entes de control del sector.

 

El veto presidencial a la reforma de la Ley de Tránsito ratifica el acuerdo político entre el Gobierno y los transportistas.

El proceso se inició en marzo, cuando el gremio ofreció sus votos para la consulta por la Asamblea. A cambio, el Presidente prometió regularizar el uso de gas en los taxis, subsidiar los tanques y decretar nuevas importaciones —contra 120 millones de dólares que el Fisco dejó de percibir— en favor de 11 425 transportistas. Porque no es un beneficio gremial: es dirigencial.

Si no, ¿adónde van esos vehículos: al chofer que necesita cambiar su unidad o pasan a aumentar las flotas de los caciques del transporte? El Primer Mandatario, cuando entregó estas prebendas, manifestó que así bajaría la accidentalidad.

Señor Presidente: los accidentes de tránsito por falla mecánica no llegan al 3 por ciento de las tasas de mortalidad. Y el bus que mató al niño Joaquín Moncayo, por ejemplo, era del 2005.

Entonces ahora se entregan buses nuevos para que sus conductores se pasen los semáforos en luz roja y con exceso de velocidad. A semana seguida, el Gobierno desmintió que hubiera pacto. Pero no hay que olvidar que en aquel marzo los transportistas fueron con una solicitud primordial: incremento de tarifas.

Ahora ya no se habla de ese pedido. A cuenta de qué, si el incremento de pasaje es su mecanismo de chantaje político con el cual pueden desequilibrar a cualquier gobierno. El régimen, como los anteriores, ha cometido el mismo error: ponerse de rodillas ante los transportistas y darles más poder. Entonces, tener cerca al gremio significa despejar las trabas para que el Gobierno camine.

Sin embargo, para que el país marche sin paros no se puede permitir que el Ecuador tenga la tasa sudamericana más alta de mortalidad en carreteras.

El Gobierno, así, no dimensiona que ya van 1 300 personas fallecidas, de enero a la fecha, y que la impericia de choferes profesionales es la causa del 32 por ciento de aquellas muertes. Asimismo, el Consejo Nacional de Tránsito, organismo regulador del transporte, está secuestrado.

Se ha convertido en un facilitador de compromisos político-gremiales. ¿Cuál es la mecánica? En campañas electorales, los gremios se acercan a los candidatos de mayor opción y ofrecen sus unidades para caravanas. Esto ocurre a partir de peticiones que se concretan cuando esos candidatos llegan al poder. ¿Quién hace este trabajo? El Consejo. Cómo entender, entonces, que el 82 por ciento de sus resoluciones, en los últimos 12 años, corresponda a trámites: incremento de cupos, formación de nuevas cooperativas, nuevas frecuencias, entrega de licencias profesionales como si fuesen hojas volantes... La conformación de la entidad es el meollo del conflicto. El organismo debe ser técnico y ágil.

Hoy, entre sus integrantes hay tres votos directos de los transportistas y dos solapados. Y qué ironía: el representante de la ciudadanía es un chofer. De igual manera, qué hace en la entidad el representante de los importadores automotrices, cuando ellos, cinco años atrás, vendían el cinturón de seguridad, el retrovisor derecho o los apoyacabezas como extras cuando son dispositivos básicos de seguridad. ¿Qué hacían ahí? Lo digo claramente: grupos para formar mayorías en función de intereses. La entidad debe ser integrada como se sugirió en la ley vetada: por los ministerios de Transporte y Educación, por el Director de Tránsito, por la Comisión de Tránsito del Guayas y por un representante ciudadano, propuesto por la Defensoría del Pueblo.

Hemos solicitado públicamente al Presidente una audiencia para plantear nuestras alternativas como sociedad civil. Qué envidia tenemos de los transportistas que en 15 minutos son recibidos en Carondelet; nosotros tuvimos que hacer una vigilia de 24 horas para que Rafael Correa salga al balcón y diga que firmará el reglamento para el Seguro contra Accidentes hasta diciembre, mientras una persona muere cada cinco horas. Ahora, si el Mandatario tiene una mejor propuesta para cambiar al sector, que la presente. Si es mejor se le aplaudirá, si no habremos perdido la gran oportunidad de reformar la Ley.